A confesión de parte…

CONGRESO. Participación ciudadana detrás de las rejas.
CONGRESO. Participación ciudadana detrás de las rejas.

No obstante las coincidencias, no nos vamos a referir al anuncio de la primera dama del país de que va a vender la llamada “casa blanca” de Las Lomas, que el equipo de periodistas que dirige Carmen Aristegui puso a la luz pública como un presunto conflicto de interés y corrupción de la pareja presidencial mexicana.
Una de las principales consecuencias del atraso político que en general sufre Sinaloa y en particular su poder legislativo es el rezago parlamentario, comúnmente denominado “congeladora”. No se trata de que todas las iniciativas deban aprobarse, sino de que sean tratadas con respeto y legalidad.
Entre las explicaciones del rezago estaría la existencia de una ley orgánica francamente obsoleta que consagra un proceso legislativo anticuado en el que una sola comisión, y se cuenta con 27 de ellas, monopoliza la elaboración de los dictámenes de reformas legales o nuevas leyes. La fuente principal de éste y otros rezagos reside en el pensamiento político conservador predominante en la clase política sinaloense. No debe perderse de vista que el congreso estatal siempre ha sido gobernado por la misma mayoría parlamentaria.
Hasta hace poco el tribunal electoral federal se había mostrado interesado en algunos temas de la vida interna de los congresos mexicanos, pero no en el del rezago legislativo. Ese tiempo llegó ya para bien de la vida pública de Sinaloa. No lo propició la Constitución local ni la propia Ley Orgánica del Congreso. Aunque la iniciativa popular, el derecho de todo ciudadano sinaloense para presentarlas ya existía en la constitucionalidad estatal, fue la Ley de Participación Ciudadana la que permitió que los magistrados electorales se decidieran a entrarle al tema de la “congeladora”.
Un ciudadano guasavense presentó una iniciativa de reformas constitucionales que el congreso no ha dictaminado, por lo que el iniciador interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral Federal y éste lo “reencausó” hacia el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa para que lo resolviera. El 15 de octubre pasado, el tribunal estatal emitió su sentencia en la que “se ordena al Congreso del Estado que tome las medidas necesarias para que instruya a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación a efecto de que emita, en lo inmediato, el dictamen correspondiente a la iniciativa”.
No hubo respuesta del Congreso en su conjunto ni de ningún diputado o grupo parlamentario. Ni siquiera del grupo parlamentario mayoritario que es el priísta. Quien se puso el saco, admitiendo de manera implícita su responsabilidad en el rezago, fue el propio PRI, como partido político, interponiendo un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un intento por revertir la sentencia del tribunal estatal. Dicho recurso fue resuelto el día 12 de noviembre en los siguientes términos: “Por las consideraciones expuestas en esta ejecutoria, se confirman los puntos resolutivos de la sentencia de quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Electoral de Sinaloa, en el recurso de revisión 02/2014”.
De acuerdo con estos precedentes, el Congreso debió haber dictaminado, que no necesariamente aprobado, la iniciativa en litigio. En realidad ya deberían haberse dictaminado todas las iniciativas que han cumplido el plazo legal establecido. Dice la sentencia que el dictamen debía emitirse “en lo inmediato”. El diccionario de la Real Academia Española asocia el término al de “inmediatamente” que a su vez define como “ahora, al punto, al instante”.
En lugar de acatar la sentencia, la mayoría parlamentaria ha optado por la rebeldía, evidenciando una vez más, el enorme miedo al cambio de quienes dirigen los poderes públicos de Sinaloa. Lo cual no cambió nada con la alternancia sui géneris en el gobierno del estado.

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