Las agresiones a periodistas y activistas, perpetuadas y agravadas por la impunidad
En lo que va de 2017, los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se han incrementado en todo el país. En su pronunciamiento más reciente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), señala que se han registrado más de 60 casos de los cuales 23 han resultado en la muerte.
En Sinaloa, el caso más significativo a la fecha es el homicidio, el 15 de mayo pasado, de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del Semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada.
Y de manera más reciente, a la líder del Colectivo Sabuesos Guerreras AC, María Isabel Cruz, quien tuvo un atentado disfrazado de robo de vehículo. El atentado se dio la noche del lunes 9 de octubre, después de llevar a cabo una búsqueda de cuerpos en el área entre Mazatlán y San Ignacio.
En México, los mecanismos federal y locales para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, están obligados a investigar delitos en contra de ambos colectivos.
Desde hace poco más de un mes, María Isabel Cruz está apegada al Mecanismo nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Debido a su estatus de defensora de derechos como presidenta de un colectivo que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, ha tenido diferentes “sustos”.
Alrededor de las 21:00 horas, a bordo de un vehículo tipo van de color blanco y de uso oficial de la Policía Ministerial, se acerca un tipo que a punta de pistola la despoja del vehículo, en lo que supuestamente se trató de un robo. En el hecho participó un segundo sujeto, el cual también estaba armado.
Durante el supuesto atraco, uno de los delincuentes le ordena a María Isabel no bajarse del vehículo. Señala que como parte toral del mecanismo se encuentra un botón de pánico y el monitoreo, ambos de dudosa utilidad.
“Aún tienen que mejorar los monitoreos, a veces ni ellos mismos saben dónde andas. Venía de Mazatlán y pedí (antes de salir) monitoreo. Me dijeron que andaba yo por la sierra de Chihuahua”, explica la defensora.
En el informe publicado por WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se evalúan los avances y deficiencias del Mecanismo nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, advirtiendo que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas. “Las agresiones contra defensores y periodistas ocurren con frecuencia, lo que genera un clima preocupante de autocensura e intimidación”.
Los recientes casos demuestran que hasta el momento dichos mecanismos no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores, ni para solventar sus necesidades de protección.
Así lo manifiesta María Isabel, quien señala que además de un apoyo escaso y en ocasiones nulo, las condiciones de protección y seguridad que brinda la autoridad a defensores de derechos no van en ese sentido.
El pronunciamiento del WOLA señala que la impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos. Así lo manifiesta el ejemplo de más de 200 días de impunidad en el asesinato de Javier Valdez.
“Al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores, el gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados”, señala el informe.
Mecanismo mocho
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue establecido en México en 2012, y desde su creación hasta abril de 2016, el Mecanismo ha recibido 389 solicitudes de protección, 316 de las cuales han sido aceptadas, representando a 300 defensores de derechos humanos y 219 periodistas.
El informe del WOLA y el PBI establece que entre 2006 y 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 380 denuncias de agresiones contra defensores, incluyendo 25 asesinatos en el periodo entre 2010 y 2015; aproximadamente 40 por ciento de estas denuncias fueron durante el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto.
El informe concluye que el Mecanismo es una solución de corto plazo a la inseguridad que enfrentan los defensores y periodistas en México, y que la manera más efectiva de combatir las agresiones y amenazas contra periodistas y defensores es investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.
“Si no se hace frente a la impunidad que prevalece en los casos de agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas, la protección que brinda el Mecanismo jamás podrá garantizar la seguridad plena de las personas que están en situación de riesgo”, concluye el informe.
Y en un contexto en el que aproximadamente el 98 por ciento de los delitos cometidos contra defensores de derechos y periodistas en México no son resueltos, el Mecanismo languidece.
