Transportistas denuncian penalmente a inspectores y aliancistas en Los Mochis

TRANSPORTISTAS LIBRES. Bloqueados.

Tres transportistas libres recurrieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para denunciar a camioneros organizados, alianzas e inspectores de vialidad por el acoso laboral de que son objeto.

Guadalupe Herrera Gaxiola, Jaime Catarino Osuna Lizarraga y Emilio Sam Curiel, todos ex socios de la Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte, y quienes subsistían con la contratación de sus unidades por la Unión de Avicultores de Los Mochis para el acarreo de huevo desde las granjas avícolas a centros de venta en Culiacán, afirmaron que camioneros y sus dirigentes los hostigaron y presionaron a las empresas y a la Dirección de Vialidad para desplazarlos de la actividad, al grado de tenerlos desempleados desde hace más de 15 días.

Por ello interpusieron y ratificaron denuncias penales por los delitos de abuso de autoridad en contra de los inspectores de transporte Alonso Solórzano, Héctor Armenta, Felipe de Jesús Morales Armenta, Arnoldo Rodríguez, Juan Manuel Parada Dueñas y Miguel Atondo; además de José Antonio Chinchillas Fierro e Ignacio Santos Martínez, secretario general y secretario del trabajo de la Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte, respectivamente; Jesús Antonio Acosta Torres, dirigente de la alianza Díaz Ordaz; José Luis Angulo Armenta, de la “Espiguita” y Plinio Castro Sosa y Gerardo Villegas Apodcaca, de Transporte de Carga.

Todas las denuncias fueron presentadas entre el 13 y 14 de abril en la Unidad de Investigación de lo Penal especializada en delitos de tramitación común, Zona Norte, y ratificadas el jueves 3 de mayo.

A la par de las denuncias penales, los transportistas libres interpusieron juicios de nulidad de las multas por prestar el servicio público sin tener permiso del ejecutivo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hasta ahora, las boletas han sido anuladas por la dependencia y ésta ha emitido acuerdos de multas a funcionarios de vialidad por insistir en una acción ilegal.

DENUNCIA. De Guadalupe Herrera.

Incluso, cada uno de ellos se amparó en contra de la acción de gobierno, pero hasta ahora la suspensión de la inspección no se ha consumado, por lo que mantendrán el recurso hasta que se compruebe el desacato y se dé la inhabilitación de los funcionarios.

Herrera Gaxiola explicó que de diciembre 2017 a 16 de marzo del 2018 ha sido acorralada y bloqueada por transportistas organizados e infraccionada en cinco ocasiones por inspectores de vialidad. La primera sucedió el 11 de diciembre (2017) con folio 268557; la segunda, el 9 de enero (2018) con folio 260352; el 9 de febrero, 260276; el 20 de febrero, 260415 y el 16 de marzo.

En todos los casos fue interceptada por transportistas organizados, y una vez bloqueada aparecieron los inspectores de Vialidad para infraccionarla.

“Aunque mostré el amparo 752/2017-2 no lo respetaron, y alardearon que sólo el papel servía para pasárselo por el arco del triunfo”.

Herrera dijo que en 15 años de trabajo continuo, nunca fue molestada, excepto en tiempos actuales cuando arribó a la alianza Chinchillas Fierro y rompió los acuerdos anteriores en que se le permitía trabajar con la “huevera”, porque era viuda de transportista.

DENUNCIA. De Jaime Osuna.

En consecuencia inició el juicio de nulidad 97/2017-I en la Sala Regional Norte del Tribunal de Justicia Administrativa en donde ha vencido.

Osuna Lizárraga dijo que su situación es idéntica a la de Herrera Gaxiola, pues en el mismo periodo ha sido infraccionado en tres ocasiones: el 11 de diciembre (2017) con el folio 259945; el 13 de diciembre (2017), 254266, y el 2 de febrero (2018), 260630.
También recurrió a las mismas instancias para anular las multas.

Por su parte, Emilio Sam Curiel mencionó que su historia es igual a la de sus dos compañeros, pues en el mismo lapso fue sancionado en cinco ocasiones: 16 de enero (2018) con el folio 268561; 18 de enero, 268561; 29 de enero, 254273; 31 de enero, 276256, y el 21 de abril, 259748.

Incluso, sus contratantes ocasionales les retiraron las ofertas de trabajo por temor a que sus cargas fuesen bloqueadas por los transportistas organizados, que aparentemente tienen la protección y el respaldo del gobierno estatal para actuar como mafia laboral.

Los tres coincidieron en que mantendrán su lucha legal en contra de las alianzas porque se han convertido en organizaciones poderosas, incluso abanderando la ilegalidad pues no tienen autoridad para bloquear unidades a particulares, obstruyendo el libre tránsito vehicular.

Artículo publicado el 6 de mayo de 2018 en la edición 797 del semanario Ríodoce.

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