El Juzgado Sexto de Distrito ordenó la suspensión provisional de la construcción de la planta de amoniaco que se levanta en la bahía de Ohuira, en Topolobampo.

El incidente de suspensión provisional dictado por el magistrado el lunes 15 de octubre causó ejecutoria este martes 16 de octubre dentro del juicio de amparo 528/2018-7B promovido por Máximo Montes Quintero, apoderado legal del quejoso, Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa, en contra del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Máximo Montes, líder de equipo jurídico dijo que el argumento que esgrimieron ante el tribunal es que el sector indígena no fue escuchado por la dependencia cuando aprobó el manifiesto de impacto ambiental que permitía la construcción de la planta de amoniaco en una zona de manglares y protegido por acuerdos internacionales a los cuales México se comprometió a cumplir y que se denominan Acuerdos Ramsar.

El juez validó la entrada del juicio de amparo y otorgó el incidente de suspensión provisional. “El juicio apenas inicia, y finalmente debe ser definido con sentencia de amparo y protección de la justicia federal o desecharlo.

Dijo que hay por desahogarse seis juicios de amparo más y están por concluir las denuncias en contra de media docena de dependencias que aprobaron la construcción de la planta de amoniaco.

Librado Bacasegua Elenes consideró que la Semarnat violó el derecho de audiencia de 4 mil indígenas de la bahía de Ohuira en donde se pretende que la planta opere, pues jamás se les informó de la petroquímica que se instalaría en su zona y con la cual consideran que se pone en riesgo la vida y la forma de manutención de miles de familias nativas.

Bacasegua Elenes pidió la anulación del manifiesto del impacto ambiental porque como comunidad indígena no fueron consultados para afectar su entorno con la construcción de la planta de amoniaco en el kilómetro 18 más 600 metros de la carretera Los Mochis-Topolobampo.

El representante indígena dijo que el fallo los mantiene en alerta y crea confianza en las instituciones federales, pese a que durante el actual sexenio de Enrique Peña Nieto y en el concluido del gobernador Mario López Valdez nunca fueron escuchados y la construcción de la planta se promovió contra toda oposición.

“Por fin abrimos los ojos. La lucha será hasta que se vayan los alemanes porque es una planta de alta peligrosidad”.

Alfonso Chaparro Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo XXI dijo que el sector interpuso también otras denuncias en contra de decisiones políticas que terminaron afectando a la pesca ribereña. “Nos dijeron que no se construiría un muelle, pero hoy resulta que sí. Hoy autorizan el impacto ambiental del muelle, lo que afecta la pesquería en la zona porque se restringirá la actividad en un criadero de especies. Con la planta hay posibilidad de que cambie el ecosistema por incrementar tres grados la temperatura del mar. Van a afectar todo un ecosistema de 20 mil hectáreas de espejo de agua en el que conviven pescadores junto con el turismo, y eliminaran las fuentes de ocupación”.

Gerardo Peña Avilés, ex diputado federal y quien fue el primer individuo en ir al fondo de los hechos e interponen diversas demandas y juicios, pero que terminaron desacatándose las sentencias definitivas, consideró que la suspensión provisional como un avance en la víspera del cambio de gobierno y porque el actual “no tiene ni el valor ni la fuerza para decirle que no, pero tampoco que sí para terminar con éste problemón, y mientras tanto siguen avanzando”Recordó que ganó un amparo, pero Profepa no lo acató, y por corrupción permitió seguir trabajando a los alemanes. “Este es un logro. Y sostengo que tarde o temprano, la planta de amoniaco se va a parar y se van a tener que ir. Entre más inviertan los alemanes, más les va a doler”.

La industria petroquímica no está permitirá en Topolobampo, aunque se aprobó la industria pesada pero para sólo productos cárnicos y sus derivados, afirmó.

Armando Pinzón Rojo, presidente de la Cooperativa Turística de Topolobampo dijo que la oposición a la planta de amoniaco va creciendo porque hoy se ve como una amenaza a la población.

Tras conocerse la paralización de la industria petroquímica, los ex gobernadores de Sinaloa,, Francisco Labastida Ochoa y Mario López Valdez se reunieron a puerta cerrada con los miembros del coelctivo “Aquí No” y con líderes indigenistas pero no sacaron ningún acuerdo que beneficie a los inversionistas extranjeros.

Ambos ex mandatarios cabildearon en favor de los alemanes.

Negaron que la asamblea fuese una presión para el colectivo para que desistan de los trámites legales, y afirmaron que existe un abierto desconocimiento de los beneficios de la industria. “Están asustados con el Chupacabras”, comentó Labastida.

En tanto López Valdez dijo que mantendrá su respaldo a la planta porque conlleva más beneficios que perjuicios.

Ambos dejaron en claro que no tienen intereses económicos. “No somos socios”.

Aceptaron que de continuar los juicios y que estos demoren en solucionarse, los alemanes podrían cancelar definitivamente la planta de amoniaco.

Artículo publicado el 21 de octubre de 2018 en la edición 821 del semanario Ríodoce.