Con cuatro protestas sociales públicas simultáneas en las calles, Ahome se convirtió en la capital del descontento social contra el Gobierno del Estado.
Hasta ahora, sólo una de las cuatro protestas fue apaciguada, pero sin intervención de funcionario alguno del Gobierno del Estado. Dos de los descontentos sociales han cumplido ya casi un mes de persistente lucha, y, la cuarta, y más prolongada, se mantiene sin solución a la vista por casi seis meses.
En el 75 por ciento de las protestas, el origen del conflicto social es la política de protección a consorcios comerciales por el gobierno de Mario López Valdez, y la sordera de éste a las demandas de sus gobernados.
Para Aideé Soto, lideresa de la agrupación de precaristas “Se da por tu vida”, el origen de los conflictos tiene que ver con la línea política de cerrazón, indiferencia, desdén, frialdad, displicencia y pasmo del gobernador Mario López Valdez hacia las demandas sociales de los trabajadores más necesitados. Y lo define en seis palabras: “es un gobierno de poca madre”.
Cortes masivos
A media semana, unos 500 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quienes les obligaron el uso de la tarjeta inteligente de consumo de energía denominado “pago programado”, tomaron las instalaciones de la dependencia, ubicadas en las calles Cuauhtémoc e Ignacio Allende. Protestaron porque la dependencia les cortó el suministro del servicio por adeudo, sin causa justificada.
La corajina llegó a tal grado que los protestantes se trenzaron en alegatas, empujones y conatos de zacapela, que obligó la intervención de la Policía Municipal. La policía reprendió a los manifestantes, pero no a los abusadores. Arrestó a cuando menos dos personas.
Unas 12 horas después de estallado el descontento social contra la CFE, el coordinador del Comité de Usuarios y Servicios de Los Mochis, Guillermo Padilla Montiel y Jorge Alán Urbina Vidales, delegado local de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) conciliaron el descontento social, obligando a la paraestatal a recular con los cortes del servicio, la reconexión inmediata del suministro de energía, la cancelación sin dilación de las tarjetas inteligentes sin cargo alguno, y la revisión de daños a los aparatos electrodomésticos para su posterior indemnización.
El superintendente de la CFE, Octavio Sol Soto, reveló que el problema se generó por un error en el sistema de facturación.
Padilla Montiel dijo que la empresa LUSA forzó la aceptación de las tarjetas engañando a los usuarios de CFE con el argumento de que eran obligatorios y ocultando la verdad: eran opcionales. Y anticipó que las protestas sociales en contra de CFE apenas inician.
PROFECO enlistó a las personas que denunciaron daños a sus aparatos, para iniciar los juicios en contra de la paraestatal.

Hartos de la tranza
Por enésima ocasión, los industriales “cuates y con cuotas del gobierno malovista”, Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid faltaron a su palabra de pagar los salarios de casi medio centenar de obreros y las pensiones a otro tanto de jubilados, todos del ingenio azucarero.
Molestos, los miembros de la sección 12 del Sindicato Nacional Azucarero tomaron la calle Gabriel Leyva, marcharon por el bulevar Centenario y lo bloquearon por casi cinco horas, hasta que fueron reprimidos por la Policía Municipal, con la amenaza de detenerlos si no liberaban el tránsito vehicular.
Los trabajadores, con su bloqueo, pretendían forzar el pago de la deuda de tres meses sin salario, y de nueve meses de pensión de los jubilados. Ninguno recibió nada. Solo el desdeñoso telefonazo del colombiano gerente de la factoría, Álvaro Molina, advirtiéndoles que hagan lo que hagan no recibirían ni un peso, y con movimiento o sin él, ellos no se presentarían a negociar nada.
Y cómo lo advirtieron los capitalistas, así ocurrió. Hoy, la toma del ingenio se prolonga.
Dolores Heriberto Armenta Alcántar, secretario general de la sección 12, dijo que fueron las bases las que tomaron el acuerdo de bloquear la factoría, hartos y cansados de tanto engaño.
Y sostuvo que llegarán a la ciudad refuerzos sindicales para una negociación inmediata, aunque consideró que de obtener respuesta ésta sería una promesa más de las muchas que han incumplido los Elizondo y De la Vega.
Para éstos, dijo, no hay gobierno que los obligue a cumplir con sus obligaciones patronales.
Hasta ahora, las demandas laborales no avanzan con la celeridad con que otros juicios lo hacen, consideró Manuel Hernández, representante de ex empleados de confianza de la Compañía Azucarera de Los Mochis, porque los empresarios tienen la protección del gobernador Mario López Valdez.
Luis Puente Pérez, ex socio de Alejandro Elizondo Macías y de Rodolfo de la Vega Valladolid, afirmó que para los industriales no hay justicia, sino impunidad.
Obligado a abandonar el estado por la intromisión del gobernador Mario López Valdez en asuntos particulares, el empresario y “cerebro” del momentáneo rescate de la industria azucarera regional, dijo que en tanto López Valdez se mantenga en el poder, los derechos laborales de los trabajadores serán pisoteados por los propietarios del capital.
“El poder político de López Valdez los cobija con la impunidad a sus actos arbitrarios e ilegales. Es tal la arbitrariedad política que se dan el lujo de traficar con terrenos con gravamen, y erigirse como los benefactores de la cultura. Este es un espejismo de ególatras, que caerán conforme los juicios civiles se vayan sentenciado”.

Camioneros
Durante casi 40 días, más de medio millar de camioneros mantienen una protesta contra la empresa PROCASA, que construye en las inmediaciones del cerro Iturbe, en el predio Topolobampo Viejo, lo que fue llamado “un proyecto de dimensiones nacionales, que permitirá a México superar su alta dependencia de la importación de amoniaco, urea y otros fertilizantes”.
PROCASA es presuntamente contratista de PROMAN, encargada de la construcción de la planta de producción de fertilizantes nitrogenados y urea.
Los camioneros adheridos a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) argumentan que el bloqueo es porque los empresarios han desplazado su derecho al acarreo de materiales pétreos, desconociendo convenios de participación, pretendiendo una concesión amañada.
Gerardo Medina Palma, secretario general de la alianza cetemista, dijo que no cederán a las pretensiones empresariales y que mantendrán el bloqueo a cualquier costo.
Las negociaciones para terminar el conflicto se han entrampado, afirmó.
Proyectada para generar 3 mil empleos durante la fase de construcción, la planta de capital suizo-alemán y local, solo ha gestado problemas de bloqueos y marchas de centenares de camioneros por la ciudad, así como acres críticas de precaristas, quienes denunciaron que el Gobierno del Estado y el municipal de Zenén Aarón Xóchihua Enciso manipularon instituciones para cambiar el uso de suelo de vivienda a comercial.
Gorgonio Silva Gualizapa, presidente de la Unión de Colonos de Topolobampo, aseguró que en complicidad gubernamental, Mario López Valdez y Zenén Xóchihua cedieron a los inversionistas suizo-alemanes terrenos ya comprometidos a precaristas. “Se pasaron por el arco del triunfo cuanta ley y reglamentos existen, negociaciones y acuerdos de más de 15 años. Sólo les importa ser candil del exterior. Todos dicen que es una megatranza la que se intenta procesar ahí”, sentenció.
Un mes sin tregua
Abanderados por la Unión de Colonias de Los Mochis, precaristas tomaron las oficinas locales del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), cansados del engaño de medio año de duración.
Hasta ahora, ya tienen un mes en ese movimiento. Y no liberarán el organismo, dicen, hasta que sus demandas sean cumplidas.
Exigen la apertura de una línea de crédito con reserva de dominio, un avalúo de las casas ya ocupadas, fijación de un enganche y los abonos de amortización a plazo fijo. Pero hasta ahora, sólo han recibido portazos y engaños.
Las mentiras son operadas por Gerardo Vargas Landeros y Jesús Antonio Marcial Liparoli, secretario y subsecretarios de Gobierno, afirma José Ángel Sánchez Pérez, dirigente gremial.
“Son gobiernos de poca madre, que no cumplen. Les vale sorbete las demandas sociales. Son insensibles, aciagos, desgraciados con las personas de escasos recursos económicos y con los trabajadores”, afirmó Aidee Soto, presidenta de la Asociación Se da tu vida, y quien también participa en el bloqueo a INFONAVIT.

Abuso del poder
Para el profesor Octaviano Moya Delgado, doctor en Ciencias Políticas, las movilizaciones sociales son el preámbulo del estallido urbano, pues son producto del hartazgo comunitario de la política estatal y de los políticos locales de este sexenio y de anteriores. Las movilizaciones sociales son el último recurso de la sociedad, antes de generar violencia y llegar al descontento social.
“Nunca como hoy se ha visto el abuso del poder político y de la impunidad de los gobernantes para afectar a los gobernados. Nunca como hoy, los políticos se hacen valer de cuanto engaño existe para su beneficio personal o de grupo. Nunca como hay, la sociedad está por detonar”.
Moya Delgado dijo que si los gobiernos no recapacitan y comienzan en forma inmediata satisfacer las demandas sociales, el descontento social aumentara a tal punto que será imposible contenerlo. “De los políticos actuales no se ve uno que pueda limitar ese hartazgo social, y por ello las consecuencias serán mayúsculas. Las demandas sociales no son nuevas, sino de años. Años sin solución”.