Dice la Auditoría Superior del Estado que el gobierno de Mario López Valdez dejó una deuda de 2 mil 109 millones 154 mil 853 pesos de retenciones a trabajadores que no enteró a fondos, fideicomisos y a empresas prestamistas, y que el de Rubén Rocha Moya ha entregado obras que no están concluidas y adjudicó contratos sin licitación.

El informe de la cuenta pública 2022 al Poder Ejecutivo detalla irregularidades en el gasto del gobierno estatal en ambos periodos.

De la administración de López Valdez destaca los adeudos que dejó y siguen vigentes y del gobierno de Rocha Moya que ha entregado obras sin concluir, por ejemplo, el malecón de Badiraguato, donde el alumbrado público no tenía electricidad y un acceso al puente El Quelite fue abierto sin estar en condiciones.

Sobre los adeudos de Malova, la ASE menciona que, aunque provienen de administraciones anteriores, el Ejecutivo debe implementar medidas para regularizar los adeudos.

Los más de 2 mil millones que López Valdez dejó de deuda son retenciones que hicieron a los trabajadores y no fueron enterados a fondos, fideicomisos y al pago de créditos que empleados solicitaron a instituciones financieras.

La ASE menciona que, con el Instituto de Pensiones del Estado, el Ejecutivo tiene una deuda pendiente de mil 238 millones 921 mil 686 pesos de los ejercicios de 2012 a 2016.

Con el ISSSTEESIN hay una deuda pendiente de 2016 por concepto de Cuotas y Aportaciones, Vivienda, Préstamos y Bienes de Consumo Duradero por 71 millones 525 mil 749 pesos.

Del Fideicomiso F/462 del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, debe 37 millones 105 mil 775 pesos de las retenciones quincenales realizadas a los trabajadores afiliado en 2016; y del Fideicomiso F/2110490-0, adeuda 32 millones 548 mil 820 pesos desde 2015.

Al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, el gobierno de Malova no enteró 616 millones 756 mil 36 pesos de retenciones efectuadas a los burócratas de 2013 a 2016.

Durante la administración de López Valdez cada quincena se les descontaba a los trabajadores vía nómina, el pago de créditos que tenían con empresas prestamistas, pero el dinero no fue entregado a las financieras.

Con Prestadores de Servicios Prestaciones FINMART, por concepto de créditos voluntarios denominados “CREDIAMIGO”, la deuda es 11 millones 172 mil 140 pesos; con Prestadores de Servicios Fondo ACH es de 9 millones 345 mil 869 pesos; con Metlife México, por el pago de seguros voluntarios, la deuda es de 33 millones 903 mil 481 pesos; y con la empresa Beneficiarios Diversos Total Credit, es de 29 millones 912 mil 131 pesos.

Y con Rocha otras irregularidades

De la actual administración de Rubén Rocha Moya, las observaciones de la ASE fueron para la Secretaría de Obras Públicas y de Transparencia y Rendición de Cuentas.

De la Secretaría de Transparencia señala que compraron una camioneta Honda Pilot en un millón 009 mil 900 pesos, valor que incumple con la Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa al superar el monto establecido para el costo de los vehículos.

De la Secretaría de Obras menciona que la dependencia dio preferencia al procedimiento de adjudicación directa y no aplicó la regla general de licitación pública, ya que el 70 por ciento de los contratos celebrados en el ejercicio fiscal 2022 los adjudicó directamente.

Solo 27 por ciento del total de contratos otorgados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, se adjudicaron por licitación pública, los cuales se asignaron al 12 por ciento de las empresas registradas en el padrón.

La ASE hizo una observación para que el Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias, a efecto de que se implementen los mecanismos correspondientes, que permitan que las obras se adjudiquen por licitación pública como regla general a fin de cumplir con los principios de transparencia y honradez que establecen las leyes en la materia y se genere un proceso abierto de libre competencia y concurrencia.

El informe señala que Rocha Moya entregó obras que no estaban terminadas como la primera etapa del malecón de Badiraguato, que fue inaugurada por el gobernador el 14 de abril, pero el alumbrado público no tenía energía eléctrica.

El contrato fue adjudicado por 38 millones 379 mil pesos y se observa que derivado de una inadecuada planeación, programación y control de la obra, no se encuentra operando en óptimas condiciones, debido a que el sistema de alumbrado público, no cuenta con el servicio de energía eléctrica por parte de la CFE, señala la ASE.

Menciona que existe un acta de entrega recepción de la obra del 24 de febrero de este año y el 15 de mayo, cuando los auditores hicieron una inspección física carecía de energía eléctrica.

Durante la inauguración de la obra, al inicio de su discurso, el gobernador dijo algo que los medios, locales y nacionales, registraron con alborozo: “hechos son amores, aquí tienen este malecón que ni Nueva York lo tiene”.

El 20 de marzo el gobernador anunció la reapertura del puente El Quelite, que se desplomó en septiembre de 2021 con la creciente del río por las lluvias del huracán “Nora”, y de nuevo en diciembre de 2022 durante su construcción por un “error humano” durante la colocación de una trabe que golpeó a otras cuatro y colapsaron. Pero la obra no estaba concluida.

De acuerdo con la auditoría, en el acceso norte al puente El Quelite II hay irregularidades por 529 mil 695 pesos por conceptos de obra pagados en exceso o no ejecutados; y además, el 12 de mayo que los auditores hicieron una inspección física, la obra no estaba concluida ni operando en las condiciones apropiadas de funcionamiento y servicios requeridos y presentando un avance físico aproximado del 98 por ciento y según el contrato los trabajos debieron concluirse el 31 de diciembre de 2022.

No se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, no integrándose documentación que justifique el atraso y un desfase por 132 días, ni de haber aplicado —en su caso— las penas convencionales y fianzas establecidas, señala el documento.

La construcción del drenaje pluvial del Sector Magisterial en Los Mochis tuvo un costo de 10 millones 300 mil pesos, pero derivado de una inadecuada planeación la obra no tiene condiciones apropiadas de funcionamiento; y en San José de Palos Blancos, Guasave, hicieron un pozo que costó 2 millones 686 mil pesos que fue entregado en enero y en junio todavía no estaba operando porque no tiene servicio de energía eléctrica.

Por la construcción del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, conocido como panteón forense, en Culiacán pagaron 10 millones 147 mil 420 pesos y los auditores observaron que la Unidad de Laboratorios de Identificación Humana no se encontró concluida ni en condiciones de operar, ya que faltan por ejecutarse diversos trabajos complementarios, tales como subestación eléctrica, instalación de aires acondicionados, equipamiento mobiliario, instalaciones de equipos de voz y datos, carece de los servicios básicos de energía eléctrica y de agua potable, los cuales resultan necesarios para que dichas instalaciones funcionen apropiadamente.

Por las irregularidades, la ASE emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables.

Artículo publicado el 10 de septiembre en la edición 1076 del semanario Ríodoce.