Condena de 29 años y nueve meses a policías por desaparecer a un joven

El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal condenó a 29 años nueve meses de cárcel y a la reparación del daño por 53 mil 707 pesos a los policías preventivos de Ahome Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puente y Jorge Martínez Santos, por la desaparición forzada del joven ejecutivo refresquero, Román Alberto Soto Vázquez, perpetrada en diciembre del 2013, en las inmediaciones de Mochicahui, El Fuerte.

Histórica y todo, la sentencia impuesta no ha sido ejecutada y se mantiene endeble pues todavía permite la injerencia de dos instancias más para ser ratificada, reducida, incrementada o anulada: apelación y juicio de amparo.

La condena supera con 57 meses la pena mínima contemplada en el Código Estatal de Procedimientos Penales para el delito de desaparición forzada que es de 25 años de prisión y es 135 meses inferior a la de 40 años de cárcel, considerada como máxima.

Por ello, Rosa Elia Vázquez y Ana Rosa Soto Vázquez, madre y hermana de Román Alberto, respectivamente, apelaron la sentencia para buscar un incremento en la misma.

“Pasar 40 años en la cárcel es poco tiempo para el dolor que causaron. Estar ese tiempo es injusto, pero es lo que la ley permite y es lo que mínimamente debe de sentenciar un juez”.

En un boletín, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE )anunció la primicia y la calificó como “la primera que sucede en Sinaloa por el delito de desaparición forzada”, estableciendo que los policías sentenciados se encuentran recluidos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude), en el ejido Felipe Ángeles.

Los hechos delictivos imputados a los policías por el Agente Primero del Ministerio Público del Fuero Común de Ahome ocurrieron el día 17 de noviembre del 2013, en el poblado de Mochicahui, municipio de El Fuerte, durante una persecución de una camioneta GMC, modelo 2007, color blanca, que conducía el joven.

Los policías lo interceptaron y lo abordaron en la patrulla 2077, para después retirarse con rumbo a la ciudad de Los Mochis. Desde entonces el muchacho desapareció.

La averiguación previa fue turnada el 19 de diciembre del año 2013 ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, quien tras estudiar el expediente libró orden de aprehensión en contra de los acusados, quienes fueron detenidos el día 3 de julio del año 2014 y recluidos en el Cecjude, ubicado en el ejido Felipe Ángeles.

Después de más de un año de proceso, el Juez Segundo del Ramo Penal de Ahome, encontró culpables a los tres detenidos por el delito de Desaparición Forzada de Personas en perjuicio del joven vecino de La Constancia, municipio de El Fuerte.

Lo que la PGJE omitió en el informe es que un cuarto agente de la Policía Municipal de Ahome se encuentra prófugo. Se trata de Daniel Vega Murillo y según madre e hija de la víctima, “las autoridades nada más nos dan palmadas en la espalda, pero hasta ahora no hemos visto un solo informe de su búsqueda y localización, como tampoco hemos encontrado un solo documento en el que se reporte el rastreo de Román Alberto”.

De acuerdo con la familia, la dependencia también calló que un sobrino del policía Jorge Cota Jiménez tuvo participación en el caso, aunque lo niegue. Actualmente, éste tramitó un amparo contra una posible detención. Se trata de Morgan “N”, quien resulta ser amigo de Román Alberto Soto Vázquez, de quien se decía ser “compadre” por su afición a la pelea de gallos.

La noche de los hechos, Morgan llama por celular a Román Alberto y éste decide trasladarse a Los Mochis para entregar un dinero. Es en ese traslado que el tío de Morgan inicia la persecución de Román Alberto. Durante la persecución, el muchacho habla con su novia y le dice que ha sido copado por la policía de Ahome. Es entonces cuando Román Alberto se esfuma.

La línea de celular reporta llamadas desde Agua Caliente, Choix, pero esa información no fue indagada por los policías ministeriales asignados a la investigación. Ha permanecido oculta hasta ahora, cuando investigadores de la Procuraduría General de la República (PGR) retoman el caso eslabón por eslabón.

“Quizá cuando nos enteramos de esas llamadas podríamos haber encontrado con vida a Román Alberto, pero como a toda las personas que atraviesan por estos problemas nos confiamos en la autoridad, que hizo caso omiso desde un principio, cuando la policía municipal de Ahome pretendió ocultar, sepultar el caso”, precisó la profesora Rosa Elia.

Para ella, el director de la Policía Municipal, Gerardo Amarillas Gastélum tiene mucho qué declarar en el caso de Román Alberto, porque es impensable que la policía se mande sola, que no exista un solo comandante o subdirector que no conociere y aprobara lo que sus policías hacen.

“A mí nadie me quita de la cabeza que Amarillas es responsable de lo que le pasó a mi hijo, se lo digo a él de frente y cuando y en donde quiera. Nadie me quita que es responsable y que sabe en dónde está mi hijo”.

Avance sin firmeza

María Araceli Sepúlveda Sauceda, visitadora regional zona norte de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, consideró que la sentencia por desaparición forzada en contra de tres policías es un avance, pero que requiere aún de perfeccionamiento.

“La sentencia de 29 años nueve meses parece excesiva, pero apenas supera la mínima que el Código Penal aprueba, y además no está firme. Por eso, las partes van a hacer valer las instancias que aún les quedan. Sin embargo, debemos reconocer que es un avance, que se respeta el trabajo de todas las instancias que sumaron para obtener la condena”.

Por contraparte, el presidente del Instituto de Criminología del Noroeste, Leonel Valenzuela Gastélum,opinó que el “modus operandi” de la policía no permite una aplicación correcta de la justicia por lo que una sentencia puede ser injusta, la más de las veces.

“Las investigaciones dejan mucho por hacer, lo que beneficia a los inculpados, y en los ofendidos queda la sensación de injusticia. En este caso, es lo que priva”.

Sólo el presidente municipal de Ahome, Arturo Duarte García, dio el voto de confianza a su policía municipal, pese a que hasta ahora no se ha aclarado si sus agentes tuvieron algo qué ver en la desaparición de tres jóvenes más en una colonia del poniente de la ciudad.

“Nadie va a estar por encima de la ley”, dijo a reporteros, al ser cuestionado sobre el caso de la sentencia de policías, que no estaban bajo sus órdenes.

La conexión Choix

La época moderna más oscura de la Policía Municipal de Ahome sucedió entre los años 2012 y 2013, cuando el gobernador Mario López Valdez le encargó la ciudad al entonces instructor de tiro, Jesús Carrasco Ruiz, dándole poderes absolutos “para hacer lo que fuese necesario”.

Fue en ese tiempo cuando civiles que aprehendían en operativos de la Policía Municipal comenzaron a desaparecer a plena luz del día, y aparecían muertos en Choíx.

Eso fue lo que le sucedió al líder pesquero de El Colorado, Victorino Solís Luna, en noviembre del 2012.

Este ya había sido visitado en su casa y oficinas por el director policiaco Jesús Carrasco, y después lo volvió a topar en un retén que para cazarlo se instaló sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

Frente a decenas de civiles, la policía subió al detenido en patrullas y dos días después, el cadáver calcinado del líder pesquero apareció en el panteón de El Colexio,Choix.

Carrasco Ruiz negó los hechos y repitió la increíble versión de que la ciudad era patrullada por “maladrines en patrullas clonadas”. Su dicho nunca lo comprobó.

En ese tiempo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa reportó un incremento en las quejas por desapariciones forzadas: 20 en el 2012 y 19 en el 2013. A la salida de Carrasco, las quejas disminuyeron a 13 en el 2014 y a cuatro a noviembre del 2015.

La última desaparición del 2013 fue la de Román Alberto Soto Vázquez, cuya última llamada de celular salió de Agua Caliente, Choix.