Rugen los “cuerno de chivo” y el alcalde dice “aquí las cosas están bien”
“Aquí las cosas están bien, están tranquilas lo que respecta a nosotros”, asegura a Ríodoce el alcalde de San Ignacio Amado Loaiza Perales, pese a que la semana antepasada habían rugido las AK-47 y AR-15 que había dejado casi literalmente ardiendo la zona serrana.
El martes 27 de mayo, Loaiza Perales hablaba como si las nueves personas asesinadas en menos de una semana en sendas masacres perpetradas por grupos de gavilleros en La Ciénega, Las Lajas y San Juan —ésta última comunidad, tierra del finado narcotraficante Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco— no pertenecieran a su jurisdicción ni a la geografía política y social del gobierno municipal que preside en San Ignacio de Loyola.
El lunes 26 de mayo, los cadáveres de Rafael Medina Millán, de 20 años; Fidel Moreno Nava, de 42; Iván Silvestre Moreno Medina, de 19; Josué Elías y Adán, de 17 y 16 años, respectivamente, fueron traídos desde la zona serrana de San Ignacio a Mazatlán, a un costado de las instalaciones de la Base 38 de la PME, en el helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Qué bueno que al fin los encontraron, para ya sepultarlos”, dijo Filomena Videca Millán, familiar de las víctimas.
Para los familiares había terminado la primera etapa de su vía-crucis iniciado la noche del martes 20 de mayo, cuando un grupo de gavilleros fuertemente armado secuestró a nueve personas en la comunidad de La Ciénega, ubicada casi entre los límites de la sierra del municipio de Cosalá y del estado de Durango.
Luego de secuestrarlas con lujo de violencia, aparentemente sus captores se las habían llevado a asesinarlas a una zona conocida como La Mesa Verde, situada como a 10 kilómetros de distancia de La Ciénega, donde cuatro de las nueve personas plagiadas habían logrado escapar de sus secuestradores.
Los sobrevivientes como pudieron bajaron al municipio de San Ignacio a dar aviso a las autoridades municipales y estatales sobre la odisea.
La mañana del viernes 23 de mayo, un convoy integrado por elementos del Ministerio Público, del Ejército, de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Municipal se había trasladado al lugar de los hechos, para traer a las cinco víctimas mortales, pero el intento fue fallido por lo intrincado del camino.
Serían las 13:45 horas del sábado 24 de mayo, cuando en el centro de San Ignacio corrió la voz que parte del convoy que había subido a la sierra para rescatar los cadáveres había regresado al pueblo sin traer a los finados.
Ese día, en la Unidad Administrativa contigua a la `presidencia municipal de San Ignacio, los familiares desesperados por sepultar sus muertos, necesitaban urgentemente un helicóptero porque uno de los jóvenes que habían logrado salvarse llevaría a las autoridades hasta el sitio exacto donde estaban los cadáveres.
”Queremos hechos y ayuda”, clamaban los familiares al alcalde Amado Loaiza Perales y a las autoridades estatales.
En las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, un funcionario público estatal informaba vía telefónica a sus superiores las peripecias que habían sufrido para poder llegar kilómetros “arriba” de la comunidad de la Ciénega.
Dos patrullas de la PME se dañaron y el propio agente del MP expresaba que se sentía muy cansado de la búsqueda infructuosa.
“Los soldados ya llegaron, pero no pueden encontrar los cuerpos”, informó por su parte, uno de los familiares de las víctimas.
Momentos antes habían ido hasta la casa del ausente alcalde Amado Loaiza Perales, donde los atendió su esposa y uno de los jóvenes originarios de la zona que conoce la sierra como la palma de su mano se había ofrecido como guía.
“Yo me voy de guía, yo conozco bien dónde están los plebes”, habría dicho a la primera dama de San Ignacio.
Se necesitaba al menos un helicóptero para subir a la sierra, pero principalmente la ayuda del primer munícipe, quien supuestamente en los momentos críticos había viajado a la capital del estado.
“Yo no quiero que me echen mentiras que si se va a hacer el movimiento, vámonos”, insistía el guía.
Ríodoce fue a buscar a su casa al alcalde Amado Loaiza Perales, y la casera informó que andaba en Culiacán.
Loaiza Perales estaba ausente mientras en la antesala de las oficinas del Ministerio Público, las familias le solicitaban “hechos y ayuda”.
“Ya tenemos desde antier, imagínese, cómo estarán los plebes”, expresó uno de los dolientes, cuando el reloj marcaba las 14:00 horas.
Ese mismo sábado, desde la funeraria ubicada frente a la casa de la máxima autoridad de San Ignacio, una carroza había salido rumbo a Las Lajas, San Juan.
Pobladores de esta comunidad minada por arroyos habían avisado a las autoridades que de la cajuela de un automóvil, Chevrolet Aveo, con placas VNL7156, asomaban las extremidades inferiores de una persona carbonizada.
Pero el zarpazo de la violencia no terminaría ese día, porque la noche del lunes 26 fueron halladas tres personas muertas en un camino que conduce de San Ignacio hacia el pueblo de San Juan.
Desde el domingo 25, al filo de las 23:20 horas, las autoridades municipales reportaron que a la altura del kilómetro cuatro estaban tirados los tres cadáveres, separados uno del otro por varios metros de distancia.
Los fallecidos fueron identificados por la PGJE, como Juan Manuel Iribe Vega, de 44 años, con domicilio en la comunidad El Espíritu, en San Ignacio; Carlos Alcaraz Ávila, de 34, de Mesillas, Concordia; y Silverio Vega Durán, de 46, domiciliado en Tijuana, Baja California.
Personal del Ministerio Público Especializado en Homicidios Dolosos, quienes acudieron al lugar de los hechos, encontraron al menos cien casquillos calibre a AR-15 y AK-47, esparcidos en torno de los cadáveres.

“Cosas tranquilas”
Cuando se le buscó para entrevistarlo sobre la escalada de violencia que azota al municipio, Amado Loaiza Perales, alcalde por segunda vez, en San Ignacio, no quería dar la cara, pero finalmente ser armó de diplomacia y aceptó.
Renuente a ser entrevistado de “temas delicados”, el alcalde de entrada se pregunta: “¿Qué te puedo informar?”.
“Un tema de esos ocurrió en la sierra, a seis, siete horas de San Ignacio”, responde él mismo, eludiendo pronunciar las palabras masacre y violencia.
“Entonces ese es un tema que ya atrajo la Procuraduría, es todo lo que te puedo informar.; nosotros participamos de lo que teníamos que participar, como autoridad municipal, y la otra información te la puede dar el Ministerio Público, porque ellos fueron los que atrajeron el caso”, argumenta.
—¿Cómo la ves?”, añade el primer munícipe como dando por terminada la entrevista.
—Entiendo eso, pero…
—Ellos son los investigadores, nosotros somos preventivos del delito, nada más. A nosotros nos avisan a través de los síndicos y comisarios. Ya cuando hay muertos y cosas de esas, los atrae la Procuraduría.
—¿Ustedes como preventivos que están haciendo?
—Nosotros solamente prevenimos…ocurrió en la sierra donde está muy deshabitado. Entonces ese es un tema de que la policía hace sus rondines y hace todo eso, en sindicaturas y nada más. Si sospechan de usted (forastero) pues le pegan una esculcada a ver si trae arma y eso. Ellos no lo pueden investigar qué anda haciendo y nada de eso. Vaya a la agencia del Ministerio Público, allá le van a dar toda la información.
—¿Falló la estrategia de seguridad pública?
—No, no, cada quién tiene su responsabilidad, ¿no? El agente del Ministerio Público tiene la de él, yo tengo la mía…
—¿Con respecto al tema de la seguridad pública, qué percibe usted?
—Aquí las cosas están bien, están tranquilas, lo que respecta a nosotros, ¿no? Nosotros cuidamos…
—Señor alcalde, pero La Ciénega pertenece a San Ignacio…Y Las Lajas, San Juan también.
—La Ciénega, señor, pero allá en esos lugares no hay policía. Allá tiene que caminarse seis horas para llegar. ¿Quiere ir para allá? Van a subir los del Ejército…
—¿Van a ir los de la policía municipal también?
—Los de la policía ya no tienen a qué ir porque ya no es un tema de ellos.
—Pero también tienen que ir por lo de la seguridad pública…
—No, señor, porque allá en esa parte de la sierra no hay habitantes…
—Allá en La Ciénega, ¿cuántos habitantes había?
—Donde ocurrieron los hechos debe de haber alrededor de diez familias.
—¿Existe el temor de que las comunidades habitadas se conviertan en pueblos fantasmas por esto que está pasando?
—No, al contrario, hay mucha minería, para allá.
—Pero las masacres estas van a meter pánico a la gente…
—Usted ve que no son cosas propias de aquí del municipio, sino de todo el país. Bueno, ahora sí lo dejo.