A poco más de un año de haber solicitado información del contenido de los convenios firmados con los estados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer una versión pública de éstos.

Las Fuerzas Armadas del país participan en tareas de seguridad pública en siete entidades federativas, mismas que durante 2017 firmaron convenios en los que se estableció sus alcances, responsabilidades y beneficios.

Después de haberla declarado como información reservada, el ejército dio a conocer que Sinaloa forma parte de esa lista de siete estados en la que también están Nuevo León, Durango, Coahuila, Veracruz, Puebla y Michoacán.

En cada uno de los convenios a los que Ríodoce tuvo acceso a través de la solicitud de información 0000700119218, se desglosan las cláusulas y los apoyos que proporcionarán cada una de las partes.

En una solicitud hecha en 2017 a la Sedena reveló que en los instrumentos legales firmados en  2016, se les definió una tabla de percepciones por concepto de estímulos económicos extraordinarios que el gobierno del estado otorgaría al personal militar, desglosado por grados y monto mensual. Asimismo se establece que los montos podrán aumentar conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor y el Producto Interno Bruto, pero no informó cantidades.

La distinción en Sinaloa

Bajo ese criterio de definir la tabla de percepciones, en cada uno de los seis estados se dio a conocer el monto que percibiría cada militar de acuerdo a su rango, monto que se suma al sueldo y prestaciones que la Sedena otorga a cada uno.

Un General Brigadier obtiene 13 mil pesos, Coronel 10 mil, Teniente Coronel 9 mil, Mayor 8 mil, Capitán Primero 7 mil 500, Capitán Segundo 7 mil, Teniente 6 mil, Subteniente 5 mil, Sargento Primero 4 mil 500, Sargento Segundo 4 mil, Cabo 3 mil 500 y un Soldado 3 mil pesos, todos por concepto de “estímulos económicos extraordinarios” que el Ejecutivo Estatal de Nuevo León, Durango, Coahuila, Veracruz, Puebla y Michoacán, otorgará al personal militar, excepto Sinaloa.

Para el caso de Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel validó, a través del Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, que el estado se compromete a realizar el pago de los estímulos para un número no revelado de elementos militares, por la cantidad total de 40 millones 670 mil 784 pesos durante la vigencia del convenio.

El gobierno de estado se comprometió a hacer la aportación inicial a la cuenta bancaria que indicó la Sedena dentro de los 20 días posteriores al inicio del apoyo y las subsecuentes aportaciones, durante la tercera semana de cada mes.

Este convenio lo firmó el comandante de la Tercera Región Militar, el general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, Genaro Robles Casillas, entonces Secretario de Seguridad Pública y Ernesto Vadillo Trueba, comandante de la Novena Zona Militar.

En ninguna parte de las nueve hojas de la versión pública se da a conocer el monto que cada elemento militar percibiría de acuerdo a su rango, tal como se dio a conocer con los otros estados.

Al igual que el resto de los gobiernos que firmaron convenio, el de Ordaz Coppel otorgará 1 millón de pesos a beneficiarios de militares que pierdan la vida o queden incapacitados en primera categoría por desempeñar sus funciones, además 250 mil pesos a quienes resulten incapacitados en segunda y tercera categoría.

Las aportaciones de estímulos económicos extraordinarios para un número de personal no definido, serán depositados luego de que la Sedena informe al gobierno del estado el resumen de quienes participaron en las tareas, desglosado por jerarquías, montos individuales y totales, este candado no permite calcular el gasto que por este concepto tiene el gobierno del estado.

La reserva de la Sedena

Hermética, la secretaría negó en primera instancia la existencia de ese convenio.

La Sedena no entregó la información solicitada a medio año de 2017 aduciendo que estaba en proceso de análisis la situación de los estados solicitantes.

Un recurso de revisión llevó a secretaría a declarar que “tiene convenios para que personal militar proporcione apoyo a la estructura de seguridad pública en los estados de Michoacán, Nuevo León, Durango y Sinaloa”; sin embargo, atendiendo el sentido de la solicitud, señaló que se encontraba imposibilitada para proporcionarlos, toda vez que éstos contienen una cláusula en la cual se consideran como documentos reservados.

A poco más de un año, los militares accedieron a liberar una versión pública de dichos convenios.

Omitiendo número de personal activo que participa en apoyo a los estados en tareas de seguridad pública, bajo el argumento de que grupos armados transgresores de la ley, al tener conocimiento sobre el efectivo de personal militar que brinda apoyo a las entidades federativas, estarían en condiciones de estimar la capacidad de respuesta, entregó una versión pública de los convenios en los que quedó asentada la fecha en la que fueron firmados.

De esta manera, el de Sinaloa entró en vigor a partir del 3 de enero del 2017 y concluyó el 31 de diciembre del mismo año. Tres días después de firmado el convenio, los militares se distribuyeron en la entidad para iniciar las operaciones de apoyo  en los municipios de Culiacán, Salvador Alvarado y Ahome.

Ordaz Coppel cedió la confianza en esta tarea al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, desde su primer día como gobernador, argumentando que era una opción su participación en tanto la Ley de Seguridad Interior entraba en vigor.

Empero, dicha Ley fue echada abajo por nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 15 de noviembre, y sólo uno votó a favor de que las Fuerzas Armadas participen en las tareas de seguridad.

Artículo publicado el 18 de noviembre de 2018 en la edición 825 del semanario Ríodoce.