La Auditoría Superior del Estado reveló que existen 546 millones 482 mil 355 pesos que fueron observados por posibles irregularidades de la Secretaría de Administración y Finanzas en el primer año de Quirino Ordaz Coppel.
Lea: Revela la ASF las cuentas sucias de Quirino Ordaz https://bit.ly/2UadJFl
Las observaciones son diversas, se incluyen registros de saldos contrarios a su naturaleza, pagos dobles a funcionarios, 54 aviadores dentro de la administración pública y omisiones en registros contables.
La principal observación se presentó en la verificación de las cuentas bancarias en el periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
“Se observan 17 cuentas bancarias, las cuales al 31 de diciembre de 2017 reflejan saldo contrario a la naturaleza de la cuenta por importe total de 276 millones 030 mil 674.70 pesos”.
En la evaluación, la Secretaría que dirige Carlos Ortega Carricarte proporcionó documentación específica, como pólizas de diario, recibos de ingreso emitidos por la Dirección de Tesorería y en algunos casos auxiliares contables, por lo que se solventaron nueve de las cuentas, quedando pendientes otras ocho.
Las cuentas que quedaron sin comprobación suman 276 millones 030 mil 674.70 pesos, los cuales deben ser comprobados a más tardar el 26 de marzo, fecha límite establecida para resarcir las cuentas públicas.
Omisiones y malos registros
La observación más grande es reflejo de saldo contrario en cuentas bancarias, pero el resto, que suman 270 millones 451 mil 680 pesos son por omisiones y malos registros contables.
La Auditoría Superior del Estado indicó con ocho observaciones y promociones de responsabilidades administrativas, que Ortega Carricarte no fue diestro con la supervisión de las cuentas públicas internas.
Por ejemplo, al analizar las conciliaciones bancarias de diciembre de 2017, de las cuentas bancarias seleccionadas para revisión proporcionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, se observó que hubo 15 cargos por importe de 827 mil 168.89 pesos y 121 abonos por importe de 30 millones 223 mil 880.85 pesos, los cuales se reconocieron por el banco y no fueron registrados en los libros contables, además de que cuentan con una antigüedad que va de seis a 55 meses.
Como esa observación, también se documentó que en los recursos de los programas de Reasignaciones y Subsidios Federales revisados durante el ejercicio fiscal 2017, existen recibos de ingresos emitidos por la Dirección de Tesorería por ingresos de recursos de diversos programas por importe de 150 millones 763 mil 981.26 pesos, los cuales corresponden a ejercicios fiscales 2015 y 2016.
Esos registros son por el Programa de Seguro Popular, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.
La Secretaría de Administración y Finanzas debió hacer el registro contable en la cuenta 4391, pero lo hizo a otra, de número 4223, que corresponde a Subsidios y Subvenciones.
Líderes sindicales y aviadores
Apenas el 22 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación encontró que había 607 trabajadores que no habían sido encontrados en sus centros de trabajo, es decir, aviadores.
Lea: Halla ASE desorden en programas de vacunación, despensas y desayunos escolares https://bit.ly/2EVeonG
Gobierno del Estado aseguró que de todos esos, que corresponden únicamente a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, solo quedan pendientes 38.
Sin embargo, junto a esa búsqueda, ahora se suman otros 54 trabajadores, quienes pertenecen a la Secretaría de Administración y Finanzas.
“Como resultado de la inspección física a los 145 trabajadores seleccionados adscritos a las diferentes direcciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, se solicitaron los reportes de reloj checador, observándose 54 trabajadores que durante el ejercicio fiscal 2017 no contaron con controles de asistencia”, indica la Auditoría.
Entre los 54 sobresalen dos funcionarios públicos: Juan Gabriel Ballardo Valdez y Jesús Armando Heráldez Machado.
El primero es el actual líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), quien está adscrito a la Dirección de Servicios Generales como analista.
El segundo es el ex dirigente del mismo sindicato, adscrito a la dirección de Bienes y Suministros como profesionista.
Ambos están en una lista de 54 funcionarios que no fueron encontrados en los registros de asistencia.
Por el hecho, la Auditoría Superior del Estado recomendó que se actualice el formato de registro de faltas, para evitar que siga sucediendo la ausencia.
“Para que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, realice las acciones necesarias, a efecto de que en lo subsecuente se cuente con controles de asistencia del personal de nómina de estructura (base y confianza)”, señaló la Auditoría.
Malas retenciones
Otra de las malas prácticas de Ortega Carricarte es la de hacer retenciones de impuestos de forma incorrecta.
En las cuentas de Impuesto Sobre la Renta seleccionadas para su revisión, se efectuaron registros de retenciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, por importe de 257 millones 594 mil 569.61 pesos, los cuales fueron fiscalizadas al 100 por ciento.
Se observó que se realizaron autorizaciones de pago por concepto de autocorrección por un importe de 57 millones 809 mil 251 pesos, las cuales fueron registradas incorrectamente en la cuenta contable 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, debiendo registrarlas en la cuenta 2117 Retenciones por Pagar a Corto Plazo, por tratarse de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta
Algo similar sucedió con Obras Públicas, en el rubro de Inspección y Vigilancia de obra.
“Se reflejan los registros contables de las retenciones de obra efectuadas por Gobierno del Estado de Sinaloa, a los contratistas con quienes se celebren contratos de Obra Pública Directa del Estado y de Servicios Relacionados con las Mismas, por concepto del 3 por ciento sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, así como los enteros de dichas cuotas; la cual al 31 de diciembre de 2017, presenta un saldo por importe de 23 millones 836 mil 057.13 pesos, presentando movimientos durante el ejercicio por 49 millones 914 mil 356.03 pesos”, indica el análisis.
“Se detecta que de las retenciones registradas en ejercicios anteriores por importe de 12 millones 184 mil 743.26 pesos, durante el ejercicio fiscal 2017, se realizaron pagos por importe de 2 millones 728 mil 593.52, observándose que al 31 de diciembre de 2017 existe un saldo pendiente de enterar por importe de 9 millones 456 mil 149.74 pesos, el cual que si bien es cierto corresponde al ejercicio 2016, la Secretaría debe implementar medidas para regularizar los adeudos, y para ello también era necesario iniciar un procedimiento administrativo”, concluye la ASE.
Jubilada y Subsecretaria
La Auditoría Superior del Estado señaló 70 resultados sin observación, 33 resultados con observación solventada, 120 resultados con observación, los cuales derivaron en las siguientes recomendaciones y acciones: 12 recomendaciones, 3 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 106 promociones de responsabilidad administrativa y 32 pliegos de observaciones.
Una de esas observaciones señaló directamente a Leticia Gaxiola Paredes, quien fuera la mano derecha de Carlos Ortega Carricarte en la Subsecretaría de Administración.
Por ella pasaron todas las compras y contrataciones de Gobierno del Estado entre 2017 y 2018. Sin su firma, nada podía ser adquirido, arrendado o vendido.
Sin embargo, al comparar la nómina de sueldos pagada por el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2017, contra el padrón de jubilados y pensionados, se detectó que se realizaron pagos a favor de Leticia Gaxiola Paredes, por importe de 950 mil 851.66 pesos.
“Dicha persona se encuentra dentro del padrón de pensionados y jubilados del Poder Legislativo de Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que cuenta con una pensión por vejez por importe de 31 mil 999.68 pesos mensuales, la cual le fue autorizada mediante Decreto Número 195, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 152 de fecha 15 de diciembre de 2014″.
Gaxiola Paredes tenía dos sueldos: pensionada y subsecretaria, pese a que la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa establece que esa acción es incorrecta, pues se debe renunciar de forma parcial a su pensión.
“Atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal, por haber realizado pagos por concepto de pensión por vejez a la Lic. Leticia Gaxiola Paredes, quien ocupó el puesto de Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, lo que se contrapone con lo establecido en el artículo vigésimo octavo transitorio la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa”, indicó la Auditoría.
El 2 de marzo, Gobierno del Estado anunció a través de un comunicado que Gaxiola Paredes dejaba de ser subsecretaria, para ser, a partir de ese momento, la contralora de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Veinte días después, la Auditoría Superior del Estado dio a conocer las observaciones.
Ríodoce solicitó una postura de la Secretaría de Administración y Finanzas y se respondió que a la fecha se tiene un avance que supera el 80 por ciento de las observaciones, partiendo de que el martes 26 de marzo es la fecha límite para comprobar y resarcir cada una de ellas.
Artículo publicado el 24 de marzo de 2019 en la edición 843 del semanario Ríodoce.
