La compra de los colchones podridos salpicó al ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños; y a la Subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.

El imputado por la compra de los colchones, Carlos Castro Olivas, coordinador Administrativo de Sedesol, señaló a los funcionarios en la continuación de la audiencia inicial el martes, en el Centro de Justicia Penal.

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El funcionario rindió su declaración luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo imputó como presunto responsable de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas en perjuicio del Gobierno del Estado.

Castro Olivas fue detenido el jueves 18 de octubre y el martes pasado vinculado a proceso penal.

Según la Fiscalía él fue quien eligió a los proveedores y realizó pagos por 2 millones 970 mil pesos por los colchones podridos.

La FGE acusó que fueron comprados a la empresa El Mariachi y a Francisco Benjamín Landgrave Buelna, que no se dedican a la venta de colchones.

Ante el Juez, Carlos declaró que todos los pagos se hacían con autorización de Raúl Carrillo y que Morayma Yassen fue quien eligió a los proveedores.

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Señaló que tras la emergencia por las lluvias de la tormenta 19-E en septiembre, se acordó la compra de 18 mil colchones con un precio máximo de mil 350 pesos para entregarlos a la población afectada.

Aseguró que desconoce quién fue la persona que hizo las tres transferencias a los proveedores para el pago.

La cuenta bancaria de la que se hicieron los pagos, indicó, se abrió en BBVA Bancomer para recibir los recursos que destinó la Secretaría de Administración y Finanzas para atender la emergencia.

El contrato fue firmado por el entonces titular de la Sedesol, Raúl Carrillo como apoderado legal; y por el Subsecretario de Desarrollo Social Óscar Sinforoso Camacho y él.

Señaló que él no tenía dispositivo ni clave para hacer transferencias electrónicas y para realizar otro tipo de pagos su firma sola no tenía validez ya que era necesaria también la de Raúl Carrillo.

Comentó que se designó a Morayma Yaseen Campomanes para que buscara a los proveedores y negociara la compra.

En una reunión, dijo, la funcionaria dio a conocer a los proveedores y en su lista incluía a El Mariachi y a Francisco Benjamín junto con Coppel, Valdez Baluarte, Muebles Recio, Lara y Luis Salcido, entre otros.

Declaró que Raúl estuvo en esa reunión y supo de los proveedores, y que a él lo comisionaron para que organizara la logística para la recepción y entrega de los colchones a los damnificados.

El 15 de octubre por la tarde, por redes sociales y una llamada de Raúl, se enteró que estaban denunciando que los colchones eran usados.

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Junto con Raúl y Morayma acudió al fraccionamiento Jardines del Pedregal, donde estaban haciendo la denuncia, expresó.

La banda de música Culiacancito y una regidora de Ahome compraron colchones para los damnificados, detalló, que también resultaron ser usados.

En la imputación, la Fiscalía señaló que Carlos es amigo de Francisco Benjamín pero en su declaración él lo negó.

La defensa del imputado consideró que los datos de prueba presentados por la FGE no son idóneos ni pertinentes ni suficientes para esclarecer la comisión del delito.

Alegaron que la Fiscalía acusa que El Mariachi y Francisco Benjamín no son proveedores de Gobierno del Estado, pero la defensa presentó facturas de meses anteriores a la compra de los colchones.

A la carpeta de investigación, los abogados incluyeron una entrevista con el apoderado legal de El Mariachi, quien declaró que desde 2002 están registrados en el SAT y que desde hace varios años han vendido al gobierno de Sinaloa diversos artículos como abanicos y colchones.

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La Fiscalía acusó que de los pagos no había soporte documental, pero la defensa dijo que en la misma carpeta de investigación están las facturas de esos dos proveedores, mientras que de las otras empresas no hay facturas.

Los abogados mencionaron que tampoco había sobreprecio, debido a que los colchones costaron mil 350 pesos, similar al costo que tuvieron con las otras empresas.

El Juez consideró que la Fiscalía había presentado datos de prueba suficientes para presumir la probable responsabilidad de Carlos y lo vinculó a proceso por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

En la audiencia del viernes 19, el Juez levantó la prisión preventiva y concedió una libertad provisional hasta el martes 23 cuando se resolvería su situación jurídica y dictaría nueva medicas cautelares.

El martes, la FGE volvió a pedir la prisión preventiva —argumentando que había riesgo de que se evadiera—, por la pena de hasta 14 años, el pago de reparación del daño por 2 millones 970 mil pesos y la inhabilitación.

Además, dijeron los fiscales, sus compañeros de trabajo decían no haberlo visto desde que se dio a conocer el problema con los colchones y fue detenido en carretera, aunque no pudieron precisar si huía o se dirigía a la ciudad.

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La defensa señaló que cuando fue detenido regresaba de Guadalajara a Culiacán, ya que había acudido a aquella ciudad a buscar a los proveedores.

Comentaron que cuando se fue siempre estuvo en contacto con Raúl Carrillo, incluso la Fiscalía incluyó mensajes en los que Carlos avisa a su entonces superior que iba camino a Guadalajara.

El Juez negó la prisión preventiva debido a que la solicitud de la Fiscalía estuvo infundada, y explicó que referir la pena máxima de cárcel y el pago por reparación del daño es prejuzgar al imputado.

Como medida cautelar impuso acudir a firmar cada mes y le prohibió salir del estado.

La Fiscalía tiene un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación.

En ese periodo, solicitarán un dictamen contable, información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre estados de cuenta de personas relacionadas con el caso, información al SAT y colaboración a autoridades de Jalisco para realizar entrevistas.

Artículo publicado el 28 de octubre de 2018 en la edición 822 del semanario Ríodoce.