Revelan millonarios negocios del compadre de Peña Nieto en Capufe

A pesar de contar con más de 3 mil empleados en su nómina, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) firmó bajo la dirección de Benito Neme Sastré un contrato de outsourcing hasta por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa denominada Servicios Integrales Trujillo Romano con vigencia de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2019, pero con un domicilio fiscal “fantasma” y con irregularidades evidentes en la supuesta contratación de más de 4 mil personas.

De acuerdo con una investigación que realiza el Órgano Interno de Control (OIC), consultada por Proceso, se presume un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.

Fernández Sánchez y Adolfo Isaac Riveroll Sánchez, director de Administración y Finanzas de Capufe, fueron los que firmaron el contrato con el representante del outsourcing. Los dos subalternos de Neme Sastré –compadre de Enrique Peña Nieto– son investigados también “por concepto de comisión al proveedor al 30 de julio de 2018, por 28.4 millones de pesos”.

Según la auditoría del OIC, entre las irregularidades del contrato se encuentra la contratación de personal administrativo “que no cumple con el perfil requerido”, pues “realiza” actividades que competen al personal de mando de Capufe; además, “no cumple con el objeto del contrato que especifica la necesidad de personal especializado para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como la operación y conservación de la red de carreteras” del Fideicomiso Nacional de Infraestructura (Fonadin).

La empresa Servicios Integrados Trujillo Romano también ha presentado documentación apócrifa, y en la evaluación realizada de la licitación pública nacional que derivó en este multimillonario contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha detectado también que de las 12 empresas que supuestamente emitieron documentación, 10 no existen, una tiene presunto conflicto de interés, y en el caso de la ganadora se desconoce la autenticidad de los documentos.

Los auditores acudieron a Lago Victoria 74, piso 11, colonia Granada, en la Ciudad de México, donde la empresa tiene sus oficinas corporativas. Las observaciones, cuya copia tiene Proceso, destacan que “no se advierte ninguna razón social del proveedor”.

Sólo se identificó un logotipo de la empresa Grupo Proyección Fiscal, sin relación alguna con una compañía de outsourcing, “por lo que se infiere que el personal que presentó el proveedor en su propuesta para concursar en la licitación pública nacional no existe”.

Lo más grave de este caso es que el propio Fernández Sánchez ha obstaculizado el trabajo de los auditores internos y ha incurrido en otras irregularidades, como subcontratar a su pareja sentimental con un sueldo de 65 mil pesos, según consta en las actas y copias de la nómina consultadas por este semanario.

Las cerca de 4 mil personas que debieron contratar con sueldos de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales para dar servicios “para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como para la operación y conservación de la red de carreteras” del Fonadin que administra y opera Capufe, en su mayoría no existen o no realizan las funciones que establece el contrato 4500025581.

El contrato estipula que los comprobantes fiscales serán autorizados por la Gerencia de Administración de Capital Humano a nombre del Fonadin –no de Capufe–, mientras que el outsourcing deberá cubrir “el monto autorizado para la capacitación, los viáticos generados, pasajes terrestres, peajes y gasolina generados en las comisiones que se le asignen” al personal especializado.

El mismo contrato obliga al outsourcing a “mantener y guardar en estricta y absoluta confidencialidad y reserva toda la información o documentación que le sea proporcionada por Capufe o de cualquier otra fuente” y “deberán abstenerse de publicarla, reproducirla o comunicarla a personas ajenas a Capufe”.

En la cláusula décimo octava se establece que el outsourcing, “como empresario y patrón del personal que empleen con motivos de los servicios del presente contrato, serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, y se obligan a responder a todas las reclamaciones de carácter individual o colectiva que sus trabajadores y los sindicatos a los que pertenezcan e inclusive terceros presenten en su contra o en contra de Capufe”.

Además de las irregularidades en este contrato de prestación de servicios laborales, existen cerca de 800 millones de pesos de “cuentas por cobrar” en el servicio de monitoreo de peaje que Capufe subrogó a una empresa denominada Telepeaje Dinámico S.A. (Tedisa), con la que se firmó en 2014 un contrato por 4 mil 250 millones de pesos, uno de los más caros para telepeaje en las 41 carreteras que administra.

El contrato con Tedisa debió vencer el 31 de julio de este año, pero se amplió ocho meses, mediante adjudicación directa de Capufe, por un monto de hasta 463 millones de pesos. Es decir, casi 5 mil millones de pesos para una sola empresa.

El objetivo del contrato es que Tedisa realice un control de la interoperabilidad de las carreteras y entregue un reporte mensual a Capufe, pero la auditoría interna indica que no se ha cumplido con lo estipulado en el contrato.

Tedisa es propiedad del empresario mexiquense Roberto Alcántara, propietario de Grupo IAMSA y Viva Aerobús. El contrato con esta empresa tenía por objetivo que Telepeaje Dinámico garantizara la “interoperabilidad”, es decir, que sin importar su tag, cada conductor pudiera cruzar cualquier caseta. Debió entrar en vigor desde agosto de 2014.

El periódico Reforma publicó el martes 2 de octubre que “de última hora” Banobras, en su carácter de fiduciario de Fonadin, convocó desde el 21 de septiembre a una licitación para sustituir a Telpeaje Dinámico en el servicio de interoperabilidad. El fallo se dará a conocer el 12 de noviembre, 18 días antes de que termine el sexenio, y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2023.

Esta licitación de última hora se realiza en medio de las investigaciones que realiza la SFP a las múltiples irregularidades que existen en el sistema de telepeaje y en los trabajos de varias de las 41 carreteras que Fonadin tiene a su cargo.

Otras irregularidades en el manejo de las carreteras de Capufe involucran los trabajos de estabilización de la autopista Tijuana-Ensenada, recientemente auditada por trabajos no realizados por 150 millones de pesos y otras irregularidades que ascienden a 50 millones de pesos.

La auditoría de julio de 2017 (la número 16/127) observó que la empresa Gluyas Construcciones “no realizó los trabajos conforme a lo presupuestado, determinándose pagos en exceso, sin cuantificar el posible quebranto patrimonial”.

A raíz de esta auditoría, Capufe firmó el 17 de mayo pasado un convenio modificatorio con la empresa para autorizarle un “ajuste” en el precio unitario, pagándose una diferencia de 2.9 millones de pesos a favor de Capufe.

El 14 de mayo último, el OIC realizó una visita de inspección en la autopista Tijuana-Ensenada y detectó deficiencias en la integración de los precios extraordinarios, en los que se presume un daño patrimonial por 33.4 millones de pesos derivado de errores de cálculo y falta de soporte documental en la integración de los auxiliares que conforman la matriz del precio, entre otras.

Apenas el pasado 10 de septiembre se envió un informe de detección de irregularidades que implica a funcionarios de Capufe por “actos y omisiones”.

Por esas fechas se concluyó otra auditoría interna en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo en la cual se encontraron otras irregularidades, como pagos en exceso y sobreprecios, así como falta de servicios, entre otros.

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