Prevalece ingobernabilidad y autogobierno en penales de Sinaloa

PENALES. Sin infraestructura ni personal.

En los penales estatales prevalece la ingobernabilidad y el autogobierno, y se facilita la prostitución entre internas y reos, reconoció la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En el programa Sectorial de Seguridad Pública 2017-2021, la dependencia reconoce también que solo hay 347 custodios para los tres penales estatales, por lo que el déficit es de más de mil 300 elementos.

También señala que hay carencias para dar seguimiento a quienes cumplen condenas en libertad.

En los últimos seis años, en los reclusorios de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, hubo 17 fugas en las que se evadieron 34 reos, 20 asesinatos, 30 suicidios, 14 riñas, un motín y cuatro intentos de fuga.

“En los centros penitenciarios del Estado prevalecen problemas de ingobernabilidad y autogobierno, para lo cual es necesario reforzar las medidas de seguridad, combatir la corrupción, realizar traslados de internos que requieren medidas especiales de seguridad, destinar espacios de reclusión dentro de los establecimientos penitenciarios para los sentenciados por delincuencia organizada y secuestro, así como aquellas personas que requieran medidas especiales de seguridad”, indica.

Durante los últimos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, ha señalado el autogobierno en los penales de Sinaloa, pero las autoridades lo habían negado.

El programa sectorial de la SSPE señala que en el centro penitenciario de Culiacán, el área femenil no está aislada en su totalidad del área varonil, lo que facilita el contacto entre ellos, y la probabilidad de que se presenten casos de prostitución.

El documento indica que los penales locales tienen déficit de custodios, pues solo cuentan con 347 elementos distribuidos en dos turnos para vigilar a 5 mil 518 reos. El déficit, añade, es de mil 309 elementos, para cubrir tres turnos en un esquema ideal de un custodio por cada 10 reos.

“El penal de Los Mochis tiene mil 379 internos y un déficit de 299 custodios; el de Culiacán cuenta con 2 mil 490 presos y necesita 617 custodios más; el de Mazatlán alberga mil 566 reos y requiere de 367 custodios, y el de Angostura tiene una población de 83 presos y un déficit de 25 custodios”.

La SSPE justificó que las principales causas que imposibilitan cubrir el déficit de manera inmediata son el retiro anticipado y el poco personal interesado que aprueba las evaluaciones de ingreso y permanencia.

Durante 2016 se logró reclutar a 265 interesados en ser custodio penitenciario, de los cuales el 77 por ciento terminó la etapa de control de confianza, pero solo cinco lograron acreditar la evaluación y junto con otros cinco evaluados en 2015, recibieron el curso.

Infraestructura disfuncional

Los Centros Penitenciarios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán tienen una infraestructura física deteriorada y disfuncional, que no permite la clasificación de los internos. En el caso de Culiacán, que tiene una antigüedad de 50 años, es necesaria una reconstrucción.

Las infraestructuras de los centros penitenciarios estatales en su mayoría han cumplido su ciclo de vida útil y el centro regional del Évora es el único con vigencia de su infraestructura, pero que no cuenta con las características de los otros para poder cumplir los fines de la reinserción social por lo limitado de su equipamiento y recurso humano que atienda los programas de capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.

El diagnóstico menciona que el Centro Penitenciario Región del Évora opera de manera irregular porque depende administrativa y organizacionalmente del Estado y de los municipios de Mocorito, Guasave, Salvador Alvarado y Sinaloa.

La seguridad y custodia dependen de las Direcciones de Seguridad Pública Municipales, por lo que los elementos de custodia no cuentan con formación y adiestramiento para desarrollar esas funciones, por lo que se han presentado casos de omisiones y excesos en el uso de la fuerza.

El centro penitenciario no cuenta con personal administrativo, por lo que tampoco se cuenta con un comité técnico y la alimentación de la población reclusa se hace con cargo al presupuesto de la SSPE, mientras que el consumo de agua potable y energía eléctrica se cubren por el Gobierno del Estado.

El sistema penitenciario estatal requiere mejorar su equipamiento para fortalecer la seguridad con la adquisición de detectores de metales, arcos y paletas, bandas de rayos X para el área de revisión pórtico y cámaras de video vigilancia adicionales.

Seguimiento a liberados

Las Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y de Asistencia de Preliberados, carecen de instalaciones adecuadas y suficientes.

Para realizar las funciones de supervisión de imputados en libertad, se tiene una limitación de la capacidad para la ejecución de ésta, debido a la insuficiencia de vehículos para realizar las visitas y los medios de supervisión y seguimiento.

Estas limitantes dificultan la supervisión y control de las medidas de segundad impuestas por los jueces a los sentenciados que obtuvieron su libertad de forma anticipada, lo que pudiera dar lugar a no detectar oportunamente cuando algún liberado incumpla sus obligaciones y por ende puede representar la posibilidad de que vuelva a delinquir.

Ambos órganos, señala el documento, carecen de un programa de actualización y certificación del personal por medio del cual conozcan las novedades que en técnicas de evaluación de riesgo y supervisión de medidas impuestas, puedan generarse como parte de la estrategia del servicio de carrera.

El programa sectorial plantea modernizar el sistema penitenciario estatal para llevar a cabo una efectiva reinserción social de las personas privadas de su libertad para evitar su reincidencia en la comisión de delitos.

Artículo publicado el 11 de marzo de 2018 en la edición 789 del semanario Ríodoce.

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