Las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron 22 denuncias penales contra funcionarios y ex funcionarios de 11 estados por supuestos actos de corrupción cometidos entre 2012 y 2016.
Las denuncias, presentadas por Jacqueline Peschard Mariscal, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, se basan en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que reportó desfalcos de recursos públicos federales cometidos a nivel estatal, informó Apro.
Dichas irregularidades, presuntamente cometidas en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, alcanzarían los 36 mil millones de pesos, de acuerdo con un comunicado de las organizaciones.
Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cada entidad señalada ameritó dos denuncias: una por malversación en el monto destinado al Seguro Popular y otra por irregularidades financieras en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Los reportes de la ASF, que ahora deberá investigar la PGR, detectaron contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del sector salud.
De acuerdo con los documentos, los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al FASSA, que garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada a algún régimen de seguridad social.
En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno Federal aportó dos mil 603 pesos a los estados, quienes son los responsables de brindar la atención médica.
Las 22 denuncias complementan las presentadas el 16 de octubre también en la propia PGR, en contra de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, donde se reportaron desfalcos por 50 mil millones de pesos.
