Precaristas bajo amenaza armada

 

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Civiles armados los hostigan para abandonar invasiones

Doña María se tapa el rostro con un cubrebocas. Está enferma. De susto, diagnostica en su entrecortado español.

Un día de febrero ocupaba la casa que decidió tener bajo su resguardo, porque de no hacerlo viviría en la calle. Su condición de pobreza extrema, abuela y madre de familia la orilló a ello. Ser mayor de edad, sin estudios y mujer, la excluyó de cualquier programa asistencial para tener un techo en donde vivir.

Ese día estaba sola, cuando hasta la puerta llegaron varios sujetos. Sacaron armas “como de policía”, describe. La encañonaron, le advirtieron que si en horas no desocupaba esa casa que le era ajena, regresarían y a la fuerza o a balazos la sacarían. Le dieron unos golpes en la cabeza. Ella  enfermó de “susto” y se quedó pasmada durante horas, hasta que su familia recaló a la casa y les contó lo sucedido. Ellos decidieron llamar a su líder, Rosa Aideé Soto, de la asociación civil “Sector Ciudadano en Defensa al Derecho a Tener una Vida Digna”, quien les pidió guardar la calma, mientras acopiaba informes, pues ese no era un único caso.

Días antes, ella y sus representados fueron atacados a ladrillazos, tubazos y con “chicharras” eléctricas, por un grupo de sujetos mal encarados que, comandados por la gestora de crédito Magui Villavicencio, llegaron hasta una casa que resguardaban y los atacaron. Diez civiles resultaron con diversas lesiones. Ellos se defendieron, y tras llevar el caso a la Procuraduría General de Justicia, las partes negociaron. “Ofrecieron 20 mil pesos para pagar daños, y curaciones, pero sólo entregaron 10 mil”.

El acuerdo reparatorio les resultó contraproducente, pues los ataques se multiplicaron. Ahora eran rápidos, sin tumultos, y utilizando armas de fuego. “Van más de 130 casos documentados, y en donde no sólo son agredidos los moradores, sino  que sus poquísimas pertenencias han sido robadas”, asegura Soto.

Luego, el hostigamiento pasó a escala legal, pero simulada, pues gestores de créditos se aducen propietarios de la casa cuando en realidad son sólo vendedores por comisión, y confabulados con funcionarios de mecanismos alternativos de solución de controversias, envían citatorios y exigen el desalojo de las casa. “Aprendimos a defendernos, y hoy sencillamente no acudimos a ningún citatorio de esa naturaleza, porque nadie tiene escrituras y no pueden acreditar la propiedad”.

Soto dijo que por investigaciones propias han descubierto a Inmobiliaria Alfa del Pacífico, Geveco, Casas FIA, Inmobiliaria Terceros, Casas TK, como las empresas que recurren a tretas para tener casas que vender a terceros.

Dijo que ante cualquier instancia pueden acreditar que ninguna de ellas es propietaria de las casas que reclaman, por lo que tampoco se puede negociar con ellas un precio justo. “En realidad son revendedores, que dieron una garantía del 10 por ciento al INFONAVIT para tener derecho a la venta, pero siempre y cuando estén desocupadas, lo que no ha sucedido”.

Dijo que ahora se enfocaran contra la Procuraduría de Justicia del Estado, pues esta es la que legaliza las barbaridades en contra de los civiles más desprotegidos por el gobierno.

Más denuncias

Mercedes Martínez Martínez, delegada de Antorcha Campesina, secundó las acusaciones de Rosa Aideé Soto, pues asegura que civiles llegaron a la invasión San Francisco y al fraccionamiento Las Canteras y desalojaron por la fuerza a varias familias que resguardaban las viviendas, y quemaron algunas chozas construidas de madera y cartón reciclado.

“A los ocupantes les exigieron no regresar, o serían lastimados.  Y sus pertenencias quemadas o destruidas”.

La violencia ejercida en contra de los precaristas, afirmó, ha reorganizado la protesta social y ahora, los grupos se han organizado de mejor manera para defender sus intereses.

Afirmó que han recurrido a las agencias del Ministerio Público del Fuero Común y a los diversos mecanismos de solución de problemas, pero sus acusaciones no son atendidas porque los funcionarios no los consideran propietarios de las casas o lotes que ocupan. “Nos piden facturas, escrituras para proceder, y de dónde las vamos a sacar si las casas no quieren ni vendérnoslas. De plano, la justicia está al mejor postor”, dijo.

Ambas dirigentes afirmaron que las ofertas de los gobiernos municipal y estatal solo son patrañas o engaños para sofocar las protestas sociales que van en aumento y que en cualquier momento pueden estallar.

Igualmente, pidieron un plan de rescate inmobiliario en favor de precaristas.

 

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