Por Estafa Maestra hay 11 sancionados por desvíos, pero no altos mandos implicados

Por los desvíos de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias de gobierno federal documentados en La Estafa Maestra, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado hasta ahora a 11 funcionarios públicos, de los 110 identificados en la investigación periodística realizada por Animal Político.

Sin embargo, entre los sancionados no hay ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios. Estos altos funcionarios aún se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, pero en ningún caso han enfrentado consecuencias ante la justicia, dio a conocer Animal Político.

Por el contrario, entre los que sí fueron sancionados, hay servidores públicos de rango medio que, además, solo fueron multados con una sanción leve de inhabilitación temporal de empleo en la función pública.

Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), será probablemente llamada a comparecer ante el Senado en las próximas semanas, por presuntos desvíos de recursos públicos ocurridos durante su gestión en esta dependencia, según informes forenses de la Auditoría Superior de la Federación, y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual dirigió entre 2012 y 2015.

Pero Robles no es la única funcionaria implicada en La Estafa Maestra. De hecho, la investigación documentó que son 110 servidores públicos implicados: 11 secretarios de gobierno, 10 oficiales mayores, que son los responsables de administrar y vigilar los recursos públicos de las dependencias, 81 funcionarios con otros cargos que firmaron los convenios, y ocho rectores de universidades públicas.

Y tampoco se trata de una sola secretaría implicada: el esquema de desvío ocurrido en Sedesol fue utilizado en otras 10 dependencias de las que salieron 7 mil 600 millones de pesos, de los cuales, gracias a la “intermediación” de ocho universidades públicas que violaron la ley de adquisiciones, 4 mil 613 millones de pesos “desaparecieron” entre 144 empresas fantasma o irregulares.

Es decir, no solo se trata de un caso, sino de un sistema de corrupción.

Por eso, además de Sedesol y Sedatu, el mismo esquema también se dio en Banobras, por ejemplo, cuando lo dirigía Alfredo del Mazo, quien posteriormente fue “premiado” con la candidatura del PRI a gobernador del Estado de México; cargo que ostenta en la actualidad desde 2017.

También se repitió en Pemex, cuando estaba al frente de la petrolera Emilio Lozoya, quien está fuera de la administración pública desde 2016. Los desvíos por más de 3 mil 500 millones de pesos se produjeron en la división Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP). Dos de los 39 convenios fraudulentos que dieron origen a esos desvíos fueron firmados en 2012 por Juan Javier Hinojosa Puebla, cuando éste era subdirector de campos en la filial. En mayo de 2016 fue ascendido a director general de Pemex-PEP.

En el FOVISSSTE, entonces dirigido por José Reyes Baeza, se replicó el esquema y el funcionario también fue ascendido a director del ISSSTE, en 2015, para en enero de este año renunciar al cargo y postularse como senador del PRI por Chihuahua, aunque perdió la votación. Ahora es secretario de acción electoral del PRI.

En el Registro Agrario Nacional (RAN) hubo desvíos cuando era dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien sigue en la función pública, pero ahora como alcalde de Hermosillo, la capital de Sonora.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con Gerardo Ruiz Esparza; el Servicio Nacional de Sanidad (Senasica), con Enrique Sánchez Cruz; y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo, todos continúan en el cargo. Guajardo tiene actualmente un rol protagonista en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio.

Mientras que en la Secretaría de Ganadería y Agricultura (Sagarpa), el titular durante los desvíos, Enrique Martínez y Martínez, es embajador en Cuba.

¿Quiénes son, entonces, los 11 sancionados hasta ahora? Según información obtenida a través de transparencia pública por Animal Político, cuatro de ellos trabajaban en el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE): Héctor Valles Alvelais, quien fungía como subdirector de créditos; Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la Información.

Los cuatro ocupaban cargos de jerarquía media como subdirectores de área, o jefes de servicios, con salarios y atribuciones muy por debajo de las del oficial mayor, por ejemplo, que gestiona y vigila los recursos públicos en una dependencia, y mucho más abajo que las del titular de la secretaría, el máximo responsable de la dependencia.

Según respondió la SFP por transparencia, las sanciones derivan de una investigación forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2014, en la que se documentó que, a raíz de la firma de cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), más de 100 millones de pesos fueron desviados a empresas fantasma o irregulares.

Por estos desvíos, a excepción de Jorge Eduardo Roa Diosdado, que fue multado con 346 mil pesos y 10 años de inhabilitación de la función pública por “reincidencia” en las irregularidades, el resto solo tuvo una sanción ‘no grave’ de un año de inhabilitación.

Además, las sanciones todavía pueden ser revocadas, puesto que en los cuatro casos recurrieron ante la justicia alegando que no cometieron ninguna irregularidad.

En respuesta a otra solicitud de transparencia hecha por Animal Político, la SFP informó que un quinto funcionario sancionado fue quien se desempeñó entre mayo y octubre de 2015 como titular del área de quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol. De acuerdo con el portal Declaranet, donde están registrados los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno federal, en ese periodo de tiempo el titular de La unidad de quejas era Mauricio Razo Sánchez.

La sanción contra Razo Sánchez está motivada por “archivar sin justificación” las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre convenios de La Estafa Maestra que Sedesol firmó con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y la de Morelos (UAEMOR) en 2013 y 2014, y que dieron lugar a desvíos por 857 millones de pesos que debieron invertirse en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que acabaron en empresas irregulares.

Según la SFP, Razo Sánchez exoneró “sin justificación legal” a cuatro funcionarios de Sedesol que participaron en los convenios fraudulentos y por dar carpetazo a las investigaciones. La sanción también fue “no grave”: dos años de inhabilitación en la administración pública, lo cual, además, no afecta a Razo, puesto que desde 2017 ya trabaja en la iniciativa privada.

Sobre los otros seis funcionarios sancionados, la SFP no detalló en sus respuestas los cargos, ni las dependencias donde trabajaban.

Ente los sancionados tampoco está ninguno de los rectores de las ocho universidades públicas que hicieron de ‘intermediarias’ en los desvíos, a través de una violación a la ley de adquisiciones, y que se quedaron con mil millones de pesos como ‘comisión’ solo por subcontratar a empresas irregulares.

La SFP señaló que no es competencia suya investigar y, en su caso, sancionar a los rectores, sino de las contralorías internas de las mismas universidades, y de la Auditoría Superior de la Federación.

El pasado 13 de septiembre, Animal Político publicó que la SFP también investiga a Gustavo “N”, ex director de información de la Sedesol y actual director general de comunicación social de la Sedatu, por un posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil pesos, a partir del mismo esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra.

De acuerdo con el expediente P.A.237/2017, durante su gestión como director de información de la Sedesol, el funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables- que demostraran la prestación de dichos servicios”.

En entrevista con este medio, el funcionario aseguró que los “entregables existen” y se dijo “tranquilo de que el resultado de la investigación (le) será favorable… siempre y cuando la autoridad haga su trabajo correctamente”.

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