El Presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo cumplir su compromiso de reducir la incidencia homicida en su segundo año de gobierno. La tasa de asesinatos en México es cinco veces más alta que la media internacional. Y ya se superó la barrera de las 100 muertes violentas por día. Pese al presunto despliegue de la Guardia Nacional en las zonas conflictivas, los estados con mayor violencia de sangre continúan siendo los mismos de los años recientes. Activistas en el tema de seguridad aseguran que no existe el punto de inflexión anunciado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo

Con 34 mil 679 homicidios dolosos en su primer año de gobierno, el 1 de noviembre de 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las cifras mortales se maquillaban en los gobiernos anteriores, y que necesitaba un año más para dar resultados.

Sin embargo, el próximo martes 1 de septiembre del 2020 presentará el informe de su segundo año de gobierno, y las ejecuciones siguen en aumento, por lo que —de nuevo— será una asignatura pendiente para el mandatario.

Al comparar los primeros ocho meses de ambos años, se contempla que los 23 mil 48 decesos violentos de 2019, están por debajo de los 23 mil 340 víctimas del 2020. Esos casi 300 muertos, representan un leve incremento de poco más del 1 por ciento. Pero no se puede pasar por alto que este aumento se da con respecto al año con más homicidios registrados en el país, mismo que ya había presentó una crecida del 2.5 por ciento con respecto al 2018.

Además, hay más muertos y menos carpetas iniciadas con relación al año pasado, lo que significa que este año hubo más homicidios múltiples.

De acuerdo a cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el día 25, el mes de agosto acumulaba 2 mil 014 homicidios, que sumados a los 58 mil 058 muertos contabilizados en los 18 meses previos, dan un total de 60 mil 72 muertes violentas en lo que va del sexenio de AMLO. Un número incluso mayor a las 41 mil 013 muertes de los dos primeros años de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Cantidad que seguramente aumentará cuando se hagan las correcciones previo a la publicación oficial de los asesinatos del mes de agosto, porque las cifras son imprecisas. Como ejemplo, en este registro preliminar, la SESNSP indica que el estado de Baja California registra 133 asesinatos; pero de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía del Estado al 26 de agosto, la entidad suma 204 homicidios, 135 solo en Tijuana.

Frente a estas estadísticas, el compromiso de bajarle un 50 por ciento los delitos en los próximos cuatro años, lo que incluye reducir las muertes violentas a la mitad, se contempla poco probable, sin importar que la meta haya sido incluida en el Programa Sectorial Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicado en el Diario Oficial a principios del pasado mes de julio.

Menos aún si se contempla que en lo que va del año, el promedio ha sido de 95 muertes violentas diarias; sin embargo, en los primeros 25 días de agosto, aún con cifras preliminares, los días 1, 2, 15 y 25 la estadística registró más de 100 asesinatos en un solo día.

Pareciera que de nada ha servido la estrategia federal de concentrar fuerzas federales en las zonas de mayor incidencia homicida, porque son exactamente las mismas entidades violentas del año pasado. Solo se movieron de lugar en el Top 10 sangriento; salvo Guanajuato, que fue la única que no se movió de su primer lugar.

En cuanto a los estados más sangrientos por cada 100 mil habitantes, al igual que el año pasado: Colima, Baja California, y Chihuahua, conservaron su primer, segundo y tercer lugar; Guanajuato pasó del quinto al cuarto lugar; y Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, y Guerrero se mantuvieron en la lista, en diferente posición.

Los despliegues

Respecto a los despliegues de la Guardia Nacional en los estados y municipios, los que el Gobierno Federal prometió se harían en las zonas de mayor incidencia homicida, resulta que no está sucediendo conforme a lo anunciado.

María Elena Morena, presidente de Causa Común, explicó que de acuerdo a los análisis recientes del Observatorio de la Guardia Nacional, no se puede determinar en qué está basada la distribución del personal federal en las entidades.

Porque los estados donde hay más personal federal por tasa de habitantes son: Quintana Roo con 1.08 elementos por cada mil; Colima es 1.04 por cada mil; Zacatecas, 1.03 por cada mil personas; Oaxaca es 0.95 cada mil; y Guerrero 0.92 por cada mil.

“Sin embargo, Baja California tiene una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil habitantes, y no figura entre los estados con mayor número de efectivos desplegados. Creemos que los desplegaron donde ya tenían cuarteles, y conforme se vayan construyendo espacios, va ir mejorando el despliegue de los agentes de la federación en los estados”.

El problema es Guanajuato

Después del informe anual, en diciembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,  Alfonso Durazo declaró que Guanajuato concentró un alto porcentaje de los homicidios dolosos del país en 2019; en esa fecha habló mil 211 muertes. La cifra actualizada en la página del SESNSP contabiliza 3 mil 540.

En febrero del 2020, en la ceremonia de inauguración de cuarteles de la Guardia Nacional en Pénjamo, Guanajuato, prometió que los numerosos grupos criminales que azotan la entidad serían combatidos. “Hay organizaciones criminales aquí en el estado y en el estado vecino. Tienen una disputa feroz por el territorio y a los dos vamos a terminar por acotarlas”.

Casi seis meses después, el 2 de agosto, fue detenido, José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima. Y los homicidios que en julio habían llegado a las 402 víctimas, en las cifras preliminares de agosto marcan 270 asesinatos, misma que seguramente aumentará en la actualización oficial.

“Sí se observa una ligera reducción en las muertes, pero deben tener claro que el problema no se acaba con la captura de el Marro. La situación de Guanajuato se debe a que en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña le retiró el apoyo, quedaron apenas 50 elementos de la fuerzas federales por turno para cubrir todo el estado; eso explica por qué se coló con tanta facilidad el Cártel Jalisco Nueva Generación y porque creció con tanta facilidad el Cártel Santa Rosa de Lima”, comentó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

“Además, no es el único estado, y verlo de esa manera también es no entender el problema. En la medida que cierran un estado y no le pegan en las entidades colindantes, el delito crece en las zonas aledañas”, explicó.

“Y yo no sé porque se les olvida que existe Colima; lo olvidó Peña y lo olvida López. En la entidad con la mayor tasa de homicidios sigue siendo Colima -85.40 asesinatos por cada 100 mil habitantes- y no actúan al respecto”, enfatizó Francisco Rivas.

Referente a este tema, Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, agregó: “El Presidente y el secretario Durazo han querido decir que las muertes están concentradas en Guanajuato; pero no señor, están concentradas en gran parte del país. Si hay estados muy tranquilos, bueno sí, pero son la excepción. Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, Yucatán, Durango, Querétaro, hay tasas bajas, pero la mayor parte andamos muy complicados”.

Respecto a la falta de resultados de la federación en materia de homicidios, Francisco Rivas consideró: “El gobierno actual está haciendo lo que han hecho otros gobiernos, que es confundir procesos con resultados. Poner en marcha una Guardia Nacional no es un resultado es un proceso; generar una política de género, no es un resultado, es un proceso”.

“Y menos lo es cuando por otro lado recortan el dinero para las estancias, cuando abandonas el tema de generar los recursos para combatir delitos específicos, cuando cierras la llave a la Comisión de Atención a Víctimas, cuando le recortas a las Fiscalías Estatales. Recordemos que esta administración es la que menos le ha dedicado a la seguridad para Estados y municipios”, añadió.

Como ejemplo, el fondo de Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg): se redujo 25 por ciento entre 2018-2019, y otros 20 por ciento en el presupuesto para el 2020; bajó de 5 mil millones a 3 mil millones de pesos.

“A la Fiscalía General de la República también le recortaron presupuesto, 2 mil millones de pesos en dos años, ¿y qué resulta?, pues que en 18 meses de administración la FGR no ha obtenido una sola sentencia condenatoria, en ningún tema. Es el momento de mayor impunidad en la historia del país”.

Por su parte, María Elena Morena afirmó que “el licenciado Durazo insiste en decir que hay un punto de inflexión, que empezó cuando ellos llegaron, y eso no es cierto. En mayo de 2018 hubo un punto de inflexión con 2 mil 514 homicidios, y a partir de eso ha ido subiendo paulatinamente. Aunque sí, en menor medida de cómo estaba subiendo al final del sexenio de Peña Nieto”.

“No están bajando los homicidios porque no hemos visto estrategia. Hay un Plan de Seguridad derivado del Plan de Desarrollo, pero no es un plan estratégico de seguridad, es un documento ideológico con buenas intenciones. Hablan de reducir los delitos un 50 por ciento, lo cual, por más que todos lo deseemos, no va a suceder así, y menos por arte de magia; creemos que los documentos oficiales deben ser mucho más serios. Si tienen una ruta estratégica que no es ruta estratégica, pues no van a llegar a ningún sitio”.

— ¿Qué respondió  el secretario Durazo, cuando le dijeron que no existía tal punto de inflexión?

—Que las cifras eran correctas, que la gráfica no tenía errores, y en eso coincidimos. Pero le dijimos que lo incorrecto era presentarla para hacerle parecer a la gente que van mejor cuando no es cierto; eso fue en abril y fue la última vez que hablamos.

La activista expuso también como falaz el manejo que el gobierno de López Obrador le está dando a la Guardia Nacional: “Dicen que va a ser civil, pero después informan que las Fuerzas Armadas saldrán de las calles hasta final del sexenio. No sabemos si esto va a mejorar, pero creemos que hicieron el cambio Constitucional, para meter el artículo 5to. y que el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente, y ahora están abusando”.

Tasa de homicidios, cinco veces más alta que en el resto del mundo

“Hay menos carpetas de investigación por homicidio en el 2020, pero hay más víctimas que el año pasado; andamos 1.6 por arriba del año pasado, son 20 mil 494 el acumulado de este año contra 19 mil 996 muertes acumuladas entre enero y julio del año pasado” expuso Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.

“Ellos dicen que ya se aplano la curva de homicidios, pero está altísima. Traemos una tasa de homicidios cinco veces más alta que el resto del mundo. La tasa mundial, internacional son seis homicidios por cada 100 mil habitantes, nosotros 24, cuatro veces más; pero si le pongo víctimas nos vamos a cinco, casi 30 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

“Pero hay estados como Colima con tasas de 84 por cada 100 mil, o Baja California con 71 cada 100 mil, Chihuahua 61, Guanajuato 64; o sea, son tasas espeluznantes”.

Al analizar el comportamiento criminal, Roel dijo que es más de lo mismo. “El 80 por ciento de los homicidios en México son ejecuciones de narcotráfico -o narcomenudeo-, que no necesariamente son a bandas rivales; se llevan policías, funcionarios, periodistas, ciudadanos, etcétera”.

“Simplemente va cambiando el centro de poder; a veces es un grupo, a veces otro. Todavía hay gente que cree que esto se puede controlar como se controlaba en los 90; no, porque no es solo el mercado de exportación, es el mercado nacional. En todas las ciudades hay bandas, mercado de drogas y esta violencia de plata y plomo”.

“Los estados que ves más tranquilos en este tema de homicidios, generalmente se debe a que las bandas se pusieron de acuerdo, o que hay un solo grupo que domina. Pero esto es la excepción, generalmente hay dos grupos o más que se diputan las ciudades”, explicó.

El responsable del Semáforo Delictivo manifestó que lo único que ha cambiado es la actitud del gobierno federal: “Que dijo que iba a regular drogas, pero no ha hecho nada al respecto; esa es una estrategia correcta, que opera una Guardia Nacional que no tiene ningún impacto en esto, y promociona programas sociales, que son programas políticos no sociales, y no tiene nada que ver con el mercado negro de la droga”.

“Saben hacer campañas políticas, pero no saben gobernar. Todo esto es una receta peligrosa. Son los estados y municipios los que hacen la labor de prevención, pero el Gobierno Federal ha concentrado la mayor parte de estos recursos para sí mismo; con fines electorales, no con fines sociales, y esto es grave”, concluyó Roel.

Artículo publicado el 30 de agosto de 2020 en la edición 918 del semanario Ríodoce.