La parodia se había anunciado desde días antes. Los comuneros contrataron a un travesti que interpretaría al Gobernador, Mario López Valdez, otros se disfrazarían del entonces alcalde, Alejandro Higuera Osuna y de los diputados, Francisca Corrales y Martín Heredia.
Al ritmo de la samba, los comuneros de la Presa Picachos ingresarían al desfile de Carnaval para reclamar el abandono del gobierno en su lucha.
Pero el 10 de febrero de 2013, minutos antes de colarse al desfile mazatleco, cuarenta elementos de la Policía Ministerial localizaron al grupo de comuneros, entraron al lugar donde se reunían y los detuvieron.
Ese mismo día, Malova disfrutó el desfile de Carnaval desde el balcón de la secretaría de Turismo del Estado.
Un año y medio después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que documenta la detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de morada, prestación indebida del servicio público y la violación al derecho a la legalidad y seguridad pública cometidos contra los “picachos”.
El 10 de junio pasado, la CEDH publicó la recomendación dirigía a la Procuraduría General de Justicia y al Ayuntamiento de Mazatlán, en la que solicita que se inicien procesos administrativos contra cuatro policías ministeriales, dos agentes del Ministerio Público y dos tránsitos.
El dictamen reseña que se tuvo acceso al parte informativo de la Policía Ministerial, en el que se encontraron una serie de inconsistencias e incongruencias sobre lo ocurrido el domingo de Carnaval.
La supuesta llamada anónima que alertó sobre la presencia de personas armadas, fue considerada por la CEDH como un argumento falso, mediante el cual se buscó sustentar la detención de los comuneros.
“Esa supuesta llamada anónima más bien fue el motivo para proceder a una serie de atropellos en perjuicio de los comuneros. La famosa llamada anónima se ha convertido en el método más recurrente de una autoridad cuando no existe la capacidad de poder sustentar legalmente su actuar”, sostiene la recomendación firmada por el presidente de la CEDH, Juan José Ríos Estavillo.
Las 15 bolsas con cocaína, 20 bolsas con marihuana y un revolver calibre 22 que supuestamente se encontraron en una caja que portaban los comuneros y por lo que se les acusó como presuntos responsables de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego también atrajo la atención de la CEDH.
La Comisión consideró que la acusación carece de sustento y pone entre dicho el actuar legal y profesional de los elementos ministeriales.
De acuerdo a los testimonios de diez personas, el 10 de febrero a las 17:00 horas, los policías ministeriales ingresaron a la oficina de los comuneros, ubicada en la colonia Centro.
Los ministeriales rompieron la puerta y detuvieron a 26 comuneros, entre ellos su líder Atilano Román Tirado, la abogada, Alma Barraza Gómez y un menor de edad.
Contraria a esa versión, los ministeriales dijeron que habían encontrado a los comuneros obstruyendo las calles y al observar la presencia de los ministeriales comenzaron a agredirlos.
Los agentes respondieron a la agresión con la detención pero los comuneros corrieron entre las calles y en la huida arrojaron la caja de cartón, en la cual, según los ministeriales, encontraron las bolsitas con cocaína, marihuana y una pistola.
La CEDH explica que en ninguna de las versiones, los detenidos se encontraban en flagrancia, señala que las supuestas agresiones de los comuneros hacia los ministeriales no se explican de forma detallada y no se argumenta el por qué ingresaron a la oficina de los Picachos.
“Esta Comisión no advierte la supuesta flagrancia, más bien lo que sí se desprende fue una detención masiva de personas que forman el movimiento, con independencia de que formaran o no parte del mismo, lo cual la autoridad no indagó y optó por detener a todo aquel que se encontraba en su radio de acción, atropellando sus más elementales derechos”, sentencia.
La recomendación de la CEDH también incluye el caso de la abogada Alma Barraza, a quien se detuvo nuevamente, un mes después, por un hecho de tránsito en el que puso resistencia al arresto.
A Barraza Gómez se le imputaron delitos de lesiones dolosas en contra de servidores públicos, desobediencia y resistencia, por lo que se le fijó una fianza para obtener libertad bajo caución por 60 mil pesos.
Sobre este caso, la CEDH consideró que los agentes de tránsito del Ayuntamiento de Mazatlán actuaron de forma arbitraría en la detención y recomendó un proceso administrativo en contra de dos tránsitos.
También se encontró que la fianza fijada a Barraza Gómez carecía de sustento legal por lo que se recomendó un proceso contra un agente del ministerio público.
Aplaudir la intolerancia
La mañana de 11 de febrero de 2013, los dirigentes de diversas cámaras empresariales ofrecieron una rueda de prensa para aplaudir la detención de los comuneros.
Guillero Romero Rodríguez, de la Canaco; Carlos Berdegué Sacristán, de la Asociación de Hoteles; Carlos Velarde, de la Canirac; Rodolfo Madero, de Coparmex; y Mario Uribe Fenollosa, de la Canacintra respaldaron el trabajo de la Policía Ministerial del Estado.
“La acción que evitó la interrupción del desfile quisiera aplaudirla, una interrupción de un desfile puede ser catastrófico. Hay que aplaudirla y hay que apoyarla”, dijo aquel día, Rodolfo Madero, integrante de Coparmex.
“No debemos confundir represión con aplicación de la ley. Creemos que los medios deben ser muy responsables ante esto. Si ustedes empiezan a manejar la palabra represión esa es la percepción que va a quedar y esto no fue una represión, esto fue aplicación de la ley”, recalcó Mario Uribe Fenollosa, miembro de Canacintra.
Ese día, ninguno de empresarios aceptó que se haya violado la ley con la captura de los comuneros.
Actualmente, la CEDH está en espera de la respuesta de la PGJ y el ayuntamiento de Mazatlán ante la recomendación emitida.