Pese a denuncias y aprehensiones, ex funcionarios malovistas salen libres de culpa

ERNESTO ECHEVERRÍA. Salud.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha llevado ante el Juez a ocho ex funcionarios de Mario López Valdez y a uno de la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Actualmente, solo cuatro malovistas siguen en proceso penal; ya que a los otros cuatro les retiraron los cargos.

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Dos de los funcionarios a los que ya les dictaron auto de apertura a juicio oral frenaron el proceso con amparos.

Los ex servidores públicos están acusados por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

El funcionario de Ordaz Coppel por peculado y negociaciones ilícitas.

 

Contrato sin licitar

De la Secretaría de Salud, la Fiscalía acusó a tres funcionarios: al ex secretario Ernesto Echeverría Aispuro; a la ex directora Administrativa, María Alejandra Gil Álvarez; y al ex director de Atención Médica, Jaime Otañez.

Solo María Alejandra sigue en proceso, ya que Echeverría pagó la reparación del daño y a Otañez le retiraron los cargos.

Ninguno de los tres fue detenido, ya que se presentaron de manera voluntaria a declarar con una suspensión contra la orden de aprehensión.

Los ex servidores están acusados de contratar servicios de imaginología sin licitación por un monto de 18 millones de pesos, de los que se pagaron 16 millones de pesos.

Ernesto Echeverría Aispuro fue el primer ex funcionario malovista en resolver su situación.

Para evitar la cárcel, aceptó reparar el daño y obtener una suspensión condicional del proceso.

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Con esa medida evitó un juicio y ser condenado a prisión de ser encontrado responsable.

Echeverría fue vinculado a proceso en noviembre de 2017 y en julio de este año llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar 7 millones de pesos como reparación del daño en dos pagos de 2.5 millones de pesos cada uno y uno de 2 millones.

La ex directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, es la única de esa dependencia que sigue en proceso.

En septiembre pasado, el Juez dictó auto de apertura de juicio oral, pero el proceso se detuvo por un amparo.

En la audiencia en la que se dictó el auto de apertura de juicio, la Fiscalía pidió al Juez imponer una pena de siete años de prisión y 300 días de multa por el delito de ejercicio indebido del servicio público y nueve años de cárcel y mil días de multa por desempeño irregular de la función pública.

Además pidió el pago de 14 millones 775 mil 554 pesos como reparación del daño.

Jaime Otañez libró el proceso penal después de haber sido vinculado a proceso.

La FGE retiró los cargos contra el ex funcionario, ya que en la investigación complementaria no encontraron pruebas de que haya tenido responsabilidad.

Otañez, junto con Echeverría, volverá a la sala de audiencia pero como testigo durante el juicio de María Alejandra, por solicitud de la Fiscalía y los abogados de la ex funcionaria.

RAFAEL LIZÁRRAGA. Turismo.

Campañas fantasmas

Por contratación irregular de campañas promocionales que presuntamente no se hicieron, la Fiscalía acusó a tres ex funcionarios de la Secretaría de Turismo, pero retiró los cargos a dos.

Lea: Ex secretario de Turismo y ex subalterno culpan a el ‘Lapo’ del desvío de 8 mdp https://bit.ly/2rsTwy1

La FGE llevó ante el Juez al ex Secretario Rafael Lizárraga Favela; al ex Secretario Técnico, Luis Ángel Pineda Ochoa; y al ex coordinador de Enlace Administrativo, José Luis Martínez Romero.

Luis Ángel Pineda Ochoa, fue el primer ex malovista detenido. Tras su arresto, otros ex funcionarios acudieron a los Juzgados a promover amparos para obtener una suspensión y no ser detenidos.

En la audiencia intermedia, la Fiscalía pidió como condena 14 años de cárcel por el delito de desempeño irregular de la función pública y 800 días de multa; por el de ejercicio indebido del servicio público 18 años de prisión y el pago de 8 millones 651 pesos por reparación del daño.

El proceso fue detenido debido a que obtuvo una suspensión y se reanudará una vez que se resuelva el juicio de amparo.

El ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela y el ex Enlace Administrativo, José Luis Martínez Romero, fueron vinculados a proceso en noviembre de 2017 y absueltos en mayo de este año.

A Lizárraga Favela la FGE lo acusó de ordenar los pagos y a Martínez Romero de revisarlos.

Cinco meses después de llevarlos ante el Juez la Fiscalía retiró los cargos debido a que durante la investigación complementaria no les encontró posible responsabilidad penal.

Ambos acudirán de nueva cuenta ante el juez en calidad de testigos durante el juicio contra Luis Ángel Pineda Ochoa.

DIONISIO SÁNCHEZ. Acuario.

Licitaciones a modo

Por irregularidades en la contratación de las empresas que construyeron el Tiburonario de Mazatlán que colapsó, acusaron a dos ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y hay dos más involucrados que no han sido presentados ante el juez.

Lea: Dos constructores amparados y dos exfuncionarios más implicados en caso del Tiburonario https://bit.ly/2Dlyit3

Los ex funcionarios están acusados de la presunta comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.

Los acusan de asignar contratos a empresas que no cumplieron con las bases del concurso de licitación ni de la Ley.

Los contratos fueron firmados con la empresa Osuna Osuna Arquitectos por 15 millones de pesos y con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.

El ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix, fue detenido en la Ciudad de México en octubre, cuando regresaba de Ámsterdam. Fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.

Tras la audiencia inicial, se concedió a la Fiscalía una prórroga de cuatro meses para cerrar la investigación, por lo que volverá a la sala de audiencias en febrero del próximo año.

El segundo implicado es José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y es el único de todos los ex funcionarios que ha rendido su declaración ante el Juez.

Lea: Yo no tenía facultades para elegir a empresas en caso tiburonario: José Ulloa https://bit.ly/2S6qD62

Tanto los de la Secretaría de Salud, como los de Turismo, Desarrollo Social y Obras Públicas, se reservaron su derecho a declarar en la audiencia inicial.

Ulloa Miranda fue vinculado a proceso el 12 de noviembre y ese día declaró: “No estoy de acuerdo (con la imputación de la Fiscalía) toda vez que las cosas no son como las quieren hacer ver”, “no decido a quién se le asigna una licitación”.

En febrero del próximo año continuará el proceso, debido a que la Fiscalía pidió tres meses más para cerrar las investigaciones.

 

El de Quirino

En la administración de Quirino Ordaz Coppel, un funcionario ha sido detenido y llevado ante el Juez.

El coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas, fue acusado de peculado y negociaciones ilícitas por la compra de colchones podridos para entregarlos a los damnificados por las lluvias de la depresión tropical 19-E.

Lea: El fraude del funcionario de Sedesol por caso de colchones https://bit.ly/2CA4isT

La Fiscalía señaló que él eligió a los proveedores y realizó pagos por 2 millones 970 mil pesos por los colchones a la empresa El Mariachi y a Francisco Benjamín Landgrave Buelna, quienes no se dedican a la venta de colchones.

En su declaración rendida en octubre, Carlos señaló que el ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, era quien autorizaba los pagos; y la Subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes, quien elegía a los proveedores.

El funcionario rindió su declaración luego de que la FGE lo imputó como presunto responsable de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas en perjuicio del Gobierno del Estado.

Fiscalía lo acusó de ser quien eligió a los proveedores y realizó pagos por 2 millones 970 mil pesos por los colchones.

Artículo publicado el 2 de diciembre de 2018 en la edición 827 del semanario Ríodoce.

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