Ramón Ahumada Torres es gobernador tradicional del campo pesquero Lázaro Cárdenas y tiene una convicción firme, inquebrantable, que no se doblega a billetazos ni a balazos: “ni los alemanes ni sus socios construirán en nuestros terrenos su planta de veneno. No les permitiremos que acaben con el sustento de generaciones completas ni que destruyan lo que la naturaleza nos concedió, nuestra bahía de Ohuira”.

Y lanza una advertencia al gobierno Quirinista que se empeña en capotear las quejas y promover la planta productora de amoniaco en terrenos bajo protección ambiental internacional y adquiridos de manera fraudulenta por particulares: “Si ellos quieren su planta de amoniaco, que la construyan en sus patios, si tantos beneficios va a traer a los agricultores, que les den parcelas a los extranjeros, si el gobierno tanto la quiere, que se la lleven a Mazatlán, o a Altata, pero por qué aquí, en donde nadie la quiere, sólo ellos”.

Ahumada Torres dijo que él representa a la comunidad de indígenas, y ellos son los que le piden que no se raje.

Aceptó que desconocidos han pretendido comprarle con cheques en blanco, y civiles lo han querido intimidar, pero no lo han logrado. “No soy de esos que se dan fácilmente, que se doblegan o que se venden. Tengo dignidad. Además no soy de la línea de gobierno, sino de los que defienden los intereses del pueblo. No me importa que no me inviten a sus reuniones, porque les soy contrario, pero en una cosa estamos firmes. Aquí no se va a construir esa planta”.

Ahumada Torres entró al quite con un nuevo juicio de amparo contra el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que aprobó la construcción de la planta de amoniaco a Gas y Petroquímica de  Occidente, luego de que Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa se desistiera del juicio de garantías 528/18-78 el 21 de noviembre del 2018, tras reunirse con enviados de los industriales.

Bacasegua Elenes tomó la determinación a título personal y sin consultar a los demás consejeros, dijo.

El juez Sexto de Distrito advirtió ese movimiento y resolvió el 29 de noviembre dar por desistido a Bacasegua Elenes, pero mantuvo el procedimiento en favor de la comunidad de Lázaro Cárdenas, porque éste no acreditó asamblea indígena para el desistimiento.

Aun así, Ahumada Torres interpuso un segundo juicio de amparo en los mismos términos del que Librado Bacasegua Elenes, el cual también fue otorgado. Así, la industria tiene dos reveses legales.

Gerardo Peña Avilés, exdiputado federal y férreo defensor del sitio Ramsar en donde se edifica la planta de amoniaco, dijo que tarde que temprano la industria será detenida por las autoridades judiciales “por los cimientos legales tramposos, corruptos, mentirosos que en su momento fueron avalados por uno de los gobiernos más corruptos de la historia moderna de Sinaloa, el de Mario López Valdez, y sostenido por el de Quirino Ordaz Coppel, que se niega a aceptar que la industria es ilegal y rehúye el tema”.

“Atrás de esa industria hay una colección, un compendio, toda una historia de corrupción que Los Mochis completo lo sabe. Inició con la escrituración de los terrenos federales por un político local que revendió a los empresarios, quienes obtuvieron un impacto ambiental amañado y que se saltaron ordenamientos legales obligados, haciéndose de la vista gorda los gobiernos”, dijo.

Sin embargo, el rechazo a la industria aumentó, pues llegó al Congreso del Estado. Por iniciativa del diputado local, Jesús Palestino Carrera se obtuvo un punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat cancele el impacto ambiental que aprueba la construcción de la industria.

El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno se mostró parco al hablar del tema y dijo que no emitirá ninguna declaración ni dictamen en favor de la industria, en tanto los particulares y los pueblos afectados no desahoguen sus diferencias.

En 2013, el exgobernador Mario López Valdez  anunció inversión de mil millones de pesos en la planta de fertilizantes, y en 2016, un Juez de Distrito ordena paralizar la obra, que a pesar de la sentencia judicial continúa edificándose. Este año, dos amparos paran la fábrica de amoniaco.

Muerte de especies

Campo Pesquero Paredones. Los pescadores nativos dicen que en el Cascañozo ya no se captura nada, porque en lugar de larvas ahora solo hay contaminación generada por la planta.

Ubicado a unos 20 minutos de navegación al sur del embarcadero, el Cascañozo era un estero en donde los pescadores locales capturaban camarón, jaiba, botete y cuanta escama comestible hubiese. Hoy no hay nada.

“Todo lo que se desarrollaba en ese lugar murió. Todo lo que nosotros capturábamos para subsistir se acabó. Todo. Y ahora, con esa planta de fertilizantes que pretenden ponernos aquí, también morirá la bahía. Los políticos deben de dejar de hacer sus chingaderas para beneficiar a unos extranjeros y matar a sus gobernados. La neta, bato, estamos hasta la madre de estos gandallas”, afirmaron Juan Ramón Cruz y Miguel Alberto López, dos pescadores que se resisten a  dejar el terruño y se aferran a lo poco que ahora logran sacar del mar.

Artículo publicado el 30 de diciembre de 2018 en la edición 831 del semanario Ríodoce.