Primero, centenares de obreros del Ingenio Los Mochis marcharon por las calles de la ciudad para exigir al gobierno que obligue a los empresarios Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, el pago salarial adeudado por 24 semanas.
Segundo, los obreros manifestantes hicieron una escala técnica de minutos en la Subprocuraduría de Justicia zona norte para exigir, mediante gritos y pancartas, el fin del hostigamiento contra líderes de la sección 12 del Sindicato Nacional Azucarero, que enfrentan una denuncia penal por despojo de melaza.
Tercero, un grupo de policías ministeriales reprimió la manifestación, allanó la asamblea general de obreros del ingenio y obtuvo datos personales de algunos manifestantes.
Y cuarto, la noche del pasado jueves, padre e hijo fueron detenidos en su casa y llevados a la fuerza a rendir su declaración ministerial por su participación en la marcha matutina.
Ahora, los obreros temen por su seguridad personal, pero no se amilanan y advierten que pese a la movilización policial en su contra y aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los procese por exigir sus derechos laborales, ellos saldrán a la calle, “porque aguantarse el hambre está más cabrón”.
Y señalan que no irán solos. Esta vez, dicen, serán sus familias, mujeres, hijos, madres, padres y hasta los abuelos los que saldrán a marchar el martes por la mañana. Las protestas, advierten, no terminarán sino hasta que los Elizondos y los De la Vega paguen hasta el último centavo que deben en sueldos y jubilaciones.
Pasado el trago amargo del hostigamiento laboral y con la resaca de que ahora ellos son objeto de la bota malovista, tal y como antes fueron los ejidatarios del Potrero de Cancio —encarcelados por exigir el pago de regalías a la minera Paradox Global Resources—, Heriberto Armenta Gámez, secretario general de la Sección 12 del Sindicato Nacional Azucarero, reconoció que los obreros se sienten intimidados por el Gobierno del Estado.
“Estamos bien jodidos y la autoridad todavía nos arrima el caballo”, dijo.
Criticó el que fuesen reprimidos sin causa justificada y detenidos sin haber cometido delito.
“No cometimos ningún delito, el permiso para manifestarnos sin afectar a terceros lo obtuvimos en el Ayuntamiento. Todo lo que hemos hecho es por la vía legal, sin violentar ninguna ley. Si levantamos la voz es para que el Gobierno del Estado nos escuche y entienda que tenemos 24 semanas sin sueldo, que las familias ya no tienen qué comer”.
Armenta Gámez dijo que los obreros se sienten defraudados por el gobernador Mario López Valdez, en quien confiaban ciegamente como el que resolvería el problema, pero hasta ahora nada de lo proyectado, prometido o considerado ha ocurrido.
En tanto que el líder sindical intenta calmar los ánimos que poco a poco se encienden más, los obreros manifiestan su molestia argumentando que ya es evidente que al gobernador Malova nada le importan los obreros, aunque presuma que en su juventud fue uno de ellos y hasta que de ese sudor vivió vendiendo tortas.
“Si de joven fue uno de nosotros, y pudo estudiar vendiendo tortas a los obreros, ahora, ya de adulto, como gobernador, es como las alimañas patronales, que viven del jodido, que explotan al obrero. Nada de qué engrandecerse ni presumir”.
Una farsa, los apoyos
El ex regidor del ayuntamiento y ex empleado de confianza de la Compañía Azucarera de Los Mochis (Calmsa), Marino Crisanto Davizón Padilla, dijo que el gobierno de López Valdez les jugó el dedo en la boca a centenares de trabajadores de la factoría y a miles de campesinos que le rentaron sus tierras a la filial, Agrícola Ohuira.
“Y ahora, cuando todo ha hecho crisis para los jodidos, se descubre que las maniobras gobiernistas fueron un ardid mediático. Nos prometieron créditos. Nos obligaron a formalizar cooperativas, gastar en proyectos, y finalmente nos dieron una patada en el trasero y nos aventaron a la calle, en donde aún estamos”.
Davizón, quien recién llega a la ciudad luego de meses de trabajar en Estados Unidos, afirmó que los obreros inconformes deben de prepararse para una mayor embestida oficial, pues está comprobado que “a Mario López Valdez no le importa la clase laboral, aunque lo diga en discursos, sino sólo quedar bien con sus ‘cuates’, a quienes les paga cuotas.
Dijo que mientras a los trabajadores les hecha la policía, “a sus ‘cuates’, los Elizondo y De la Vega, los dueños del ingenio Mochis, les da 90 millones de pesos. Así o más jodidos estamos en Sinaloa”.
