Ofrecen 100 mil pesos a indígenas y regidores para favorecer planta de amoniaco

Llamadas telefónicas grabadas a conocido abogado de la ciudad que ofrecía 100 mil pesos para que los indígenas se desistieran del juicio de amparo que paró en seco la construcción de la planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo y retransmitidas vía la aplicación WhatsApp al colectivo “Aquí No”, puso al descubierto una red de cochupos para imponer la factoría.

Guillermo Padilla Montiel, fundador y miembro del colectivo “Aquí No” y quien sacó a la luz los sobornos, dijo que los mensajes se los hicieron llegar de forma anónima y los corroboró personalmente con los que eran objeto de la presión.

“Alguien está ofreciendo 100 mil pesos para que los indígenas se desistan del amparo. Hay muchas presiones, pero estamos firmes. Hay pruebas contundentes que demuestran que alguna mente siniestra, adinerada, y que ve cómo se diluye la oportunidad de un gran negocio a costillas de toda una población, está operando una red de corrupción a billetazos”.

El caso de soborno con dinero sucio llegó al cabildo, pues involucró a regidores de la comuna de Ahome que pretendían aprobar en caliente el Plan de Desarrollo del Corredor Los Mochis-Topolobampo, con el cual el director del Instituto de Planeación Municipal, Luis Lara Damken buscaba dar sustento legal a las inversiones inmobiliarias en la zona marítima terrestre.

Lea: Suspenden construcción de planta de amoniaco en Topolobampo https://bit.ly/2EHYn7U

En ese proyecto que los ediles priistas buscaban aprobar por mayoría, el funcionario colocó el desplante del proyecto “Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo Sinaloa” que el 21 de abril del 2014 obtuvo la aprobación condicionada de acuerdo con el oficio SGPA/DGIRA/DG/03576, y que se edifica en 26.75 hectáreas por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente S.A. de C.V., cuyo origen es de capital suizo-alemán bajo el estigma de Proman a través de la filial MexKC S.A. de C.V. y la desarrolladora mexicana Petro Pinsa S.A. de C.V.

Tras el escándalo del cochupo estallado en las redes sociales ante el silencio de medios masivos de comunicación y de una protesta silenciosa de pescadores adheridos a la Federación de Pescadores Ribereños del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora y de la Siglo XXI y del colectivo “Aquí No”, regidores priistas Dulce María Ruiz Castro, Juan Francisco López Orduño y Juan Pablo Rodríguez Cuadras se defendieron en el pleno, indignó al aliancista Horacio Álvarez Castro y causó hilaridad al panista Miguel Ángel Camacho Sánchez, en tanto que el independiente Luis Felipe Villegas no causó gran controversia.

Rodríguez dijo que se trata meramente de un plan para regular la vocación de los terrenos y nada tiene que ver con aprobar usos de suelo ni dar concesiones en zona federal. El soborno “es una vil mentira”, dijo. Ruiz también descalificó el cohecho “jamás nos vamos a prestar a eso (soborno) y aseguró que el plan protege al corredor Topolobampo y lo blinda sobre futuros malos manejos.

Camacho y Yoshio Vargas, su compañero de fórmula, se opuso a la aprobación del orden del día, pero fue mayoriteado por los ediles oficialistas, y finalmente, en un dejo de honestidad, aceptaron aprobar el Plan de Desarrollo del Corredor Los Mochis-Topolobampo excluyendo el polígono de construcción.

El panista denunció que la planta de amoniaco se construye sobre bases podridas e ilegales pues se finca en una zona marítima federal que no tiene propiedad, pero que se la fincó el ex diputado federal Rubén Félix Hays con artimañas, se arrasó con manglares y ahora se pretende dañar los ecosistemas.

Pidió excluir la aprobación de la orden del día pues el asunto no estaba suficientemente discutido y requería mayor análisis. “Se trata de una zona federal marítima, en donde el municipio no puede tomar decisiones. No podemos sacarla a botepronto, lo mejor es dejarla a la próxima administración para que ellos la discutan a profundidad y decidan lo conducente”.

La consideración de Camacho la abortaron los priistas por mayoría, y la respaldaron los opositores Horacio Álvarez Castro y Luis Felipe Villegas, quien había sido el promotor del plan, pero que se sorprendió cuando se incluyó a la planta de amoniaco.

Álvarez Castro fue quien subió al cabildo el tema del soborno de 100 mil pesos para aprobar el plan, y reconoció que hay muchos intereses empujando el uso del suelo de la planta pese a la afectación negativa que traerá a la bahía de Ohuira y en general a la ciudad. Negó el punto.

Finalmente, el polígono fue excluido de la aprobación.

Daniel Reyes Ramírez, fundador de la asociación Gubernatura Indígena de México, afirmó que el caso de sobornos a líderes indígenas para que se desistan de juicios de amparo por violación al requisito de consulta de afectación en los pueblos nativos se ha vuelto una conducta recurrente de gobiernos y de particulares que sólo favorece los intereses de los inversionistas y sus promotores bajo el supuesto de “planeación estratégica”.

“La aplicación de encuestas o consultas amañadas, compra de líderes y sobornos a diputados, senadores y regidores es una aberración. Puebla, Estado de México, Chihuahua y ahora Sinaloa es en donde ocurren. Aquí se pretende instalar una planta de desecho mundial, que fue vetada en muchos países por su tecnología obsoleta, porque el fertilizante nitrogenado (amoniaco) va en desuso derrotado por la agricultura orgánica. En Sinaloa la corrupción campea”, dijo.

Artículo publicado el 28 de octubre de 2018 en la edición 822 del semanario Ríodoce.

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