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Noticias de la corte de NY

Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.

Dinero abundante para expresidentes, promoción a diputada local de quien hoy se sabe por su propia voz compraba mariguana y sí trataba a Joaquín el Chapo Guzmán, compra de una plaza de jefe de la policía estatal de Sinaloa, petición de la alcaldesa de La Paz para asesinar a un policía que resultaba molesto, sobornos a miembros de la PGR, Ejército, Marina y policías, es solo una pequeña parte de la narrativa de los vínculos entre políticos y criminales que está en los testimonios de Jesús el Rey Zambada, Vicente Zambada el Vicentillo,  Lucero Sánchez, Dámaso López y otros, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán por narcotráfico.

Lea: Revelaciones del juicio contra el ‘Chapo’: sobornos a EPN y una ex diputada traficante https://bit.ly/2Uo7uNM

Para no ir muy atrás basta recordar que en las elecciones del año pasado, la presencia criminal se manifestó en muchos estados de la república a través de asesinatos de dirigentes y operadores políticos, candidatos y candidatas, y seguramente con su contraparte, apoyo a otros candidatos y candidatas más afines o de plano miembros de los grupos que controlan regiones completas. Va desde Quintana Roo hasta Baja California, de Jalisco a Tamaulipas, y ese vínculo era vox populi, pero el manto de impunidad lo cubría todo y hoy nos enteramos de los pormenores de la antesala en la sui generis guerra contra el narco de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo mismo perseguían que pactaban con los líderes de los grupos criminales.

Así, la procuración de justicia osciló entre la simulación y la complicidad dejando una estela de muertes que supera los 200 mil muertos y una cadena de desapariciones forzadas que hasta ahora no se tiene una cifra confiable. Sólo en Sinaloa la Fiscalía General del Estado reconoce en su portal 2 mil 401 desapariciones, sin contar aquellos que desaparecen sin dejar huella y que las familias por miedo, desconfianza a la autoridad  o falta de recursos, no abre un expediente de búsqueda.

Ahora, en un tribunal federal de Brooklyn, está apareciendo lo que nunca se ventiló públicamente en los juzgados de México, y donde el crimen pareciera que se explicaba y explica en sí mismo, por sus personajes y leyendas, sus corridos y mitos.

Sin embargo, ese juicio norteamericano en marcha tiene sus límites, se circunscribe hasta ahora al “juicio por narcotráfico del Chapo Guzmán” y cualquier añadido de la política no pareciera interesar al juez Brian Cogan, que esta semana se demostró cuando conminó a Dámaso López —cuando detallaba la serie de asesinatos ordenados presuntamente por su jefe—, a circunscribirse al tema de narcotráfico.

Por cierto, entre ellos estaría la petición que supuestamente hizo la priista Estela de Jesús Ponce Beltrán al Chapo Guzmán, cuándo siendo alcaldesa de La Paz pidió asesinar a Juan Antonio Salgado Burgoin, un policía incómodo que fue acribillado en febrero de 2014. Sería interesante saber los pormenores de este asesinato, seguramente impune, y el posible papel esta funcionaria pública que jugó y jugaba en el trasiego de drogas en la península, que sale a negarlo y decir que no le importa “lo que se diga de mí en Estados Unidos”.

Y ahí está la clave. Hasta ahora las autoridades mexicanas han estado de espectadoras, no se han pronunciado en ninguno de los casos señalados, hay cautela o de plano comparten la idea de que los procesados en cárceles norteamericanas dirán cualquier cosa con tal de reducir sus penas y volver a México por sus fueros. Vamos, que se hagan bolas los gringos, en tanto aquí, en México, la dinámica es otra o sea la misma.

En este contexto, resulta interesante la entrevista que concede el exprocurador Oscar Fidel González (OFG) a Alejandro Monjardín (AM), reportero de Ríodoce, sobre el blindaje político a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, Chuytoño, quien fue mencionado por Vicente Zambada el Vicentillo en el juicio de Brooklyn:

Lea: Millán y Malova protegieron a ‘Chuytoño’, pese a investigación que lo vinculaba con el narco https://bit.ly/2sIffTa

AM: ¿En algún momento buscó destituirlo de la Policía Ministerial?

OFG: Si en varias ocasiones lo platiqué con el gobernador, hay que recordar que en esa época nombraba, quien designaba a los directores de la Policía Ministerial era el gobernador del Estado, el gobernador había nombrado a Chuytoño años antes, cuando yo llegué (a la PGJE) él ya estaba en la policía, sí llegué a platicar el tema en varias ocasiones con el gobernador Millán pero nunca avanzamos en el asunto, yo le expresé mi preocupación y él tenía la facultad de decidir, finalmente fue hasta el último, hasta que ocurre la muerte del Rodolfillo que ahí pudo sostener a Chuytoño.

AM: Cuando Chuytoño volvió con Malova, ¿cómo le cayó la designación?

AFG: No me lo expliqué nunca, no me expliqué jamás su llegada…

Articulo publicado el 27 de enero de 2019 en la edición 835 del semanario Ríodoce.

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