Frente la ola de violencia que sufre el estado, el presupuesto 2026 no crecerá a la par de los delitos.
Aunque los delitos como el homicidio doloso han crecido exponencialmente en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya propuso al Congreso del Estado incrementar el presupuesto en seguridad pública en solo 22.31 por ciento.
La estadística de la Fiscalía General del Estado muestra que el homicidio doloso en Sinaloa a noviembre de 2025, se incrementó un 54.98 por ciento. Los datos muestran que este delito ha tenido un promedio de 4.20 caos por día. El mes más sangriento a la fecha ha sido junio, al registrarse 207 asesinatos, una cifra récord en la última década.
De enero al último día de noviembre de 2025, existen registros oficiales de mil 057 personas desaparecidas en Sinaloa, según datos de la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El propio gobernador Rubén Rocha Moya en la reciente reunión de trabajo con diputados en el Congreso local, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, mostró el tamaño del problema del delito de robo de vehículos. Indicó el lado optimista de la estadística, al afirmar que se habían recuperado 2 mil 965 vehículos, pero también que la cifra corresponde al 40 por ciento del total de unidades que han sido robadas en la entidad.
En la propuesta de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, el Ejecutivo Estatal planteó destinar a seguridad pública en el siguiente año 2 mil 472 millones de pesos, en lugar de los 2 mil 021 que se contemplaron en 2025.
Las cifras pronto fueron cuestionadas y calificadas como insuficientes para atender el incremento de la ola de delitos que sufre la entidad a consecuencia de la inseguridad que vive la entidad a partir del enfrentamiento de grupos rivales del narcotráfico.
La insuficiencia del incremento del presupuesto fue señalada por la diputada del PRI, Paola Gárate, quien señaló que el robo diario de vehículos creció en un 300 por ciento en octubre de 2024 y mayo de 2025.
Por el evidente incremento del número de delitos en Sinaloa, la Fiscalía ha aumentado también la carga de su trabajo, pero en la iniciativa del Presupuesto de 2026, el incremento es de apenas un 5.58 por ciento, al contar con recursos adicionales de 63.7 millones de pesos. Pues pasaría de un presupuesto de mil 140 millones de pesos a mil 203 millones de pesos para el 2026.
Adicionalmente en el Plan de Obras Públicas para el 2026 contempla 150 millones de pesos para rehabilitación e infraestructura penitenciaria, distribuidos de la siguiente forma:
-Centro Penitenciario “Aguaruto” en Culiacán (100 mdp)
-Centro Penitenciario “Goros II” en Los Mochis (20 mdp)
-Centro Penitenciario “El Castillo” en Mazatlán (30 mdp)
Dentro del Plan de Obras Públicas también se contempla una inversión de 50 millones de pesos en infraestructura y equipamiento al Centro de Comando, Control y Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i).
Sin embargo, en las cifras cuestionadas por la legisladora en tribuna, instituciones de seguridad en Sinaloa están ya rebasadas y al borde del colapso, como es el caso de la Fiscalía de Sinaloa que terminó 2024 con 85 mil 852 carpetas pendientes, que requeriría 23 años para ponerse al corriente.
En su comparación, citó el caso de Durango, entidad que abrió en octubre tan solo 20 carpetas por robo con violencia, mientras que en Sinaloa fueron 539.
“Si se divide el presupuesto entre delitos denunciados, la Fiscalía duranguense tiene 17 veces más recursos por caso que la nuestra”, precisó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos es de las instituciones más favorecidas en el incremento del presupuesto planteado en el proyecto del presupuesto 2026.
El crecimiento del presupuesto que podría tener el siguiente año obedece a la creación de una autoridad garante en Transparencia y Protección de Datos Personales, así como la creación del Programa de Prevención e Investigación de la Tortura adscrito a la Visitaduría General de la CEDH que investigará dichos casos, además de que procese, genere y reporte de manera más eficiente la información y estadísticas que sobre el tema requiere la Comisión Estatal y, por otra parte, realice visitas de supervisión e implemente cursos y programas de capacitación sobre el tema, para efecto de prevenir, investigar y sancionar casos de tortura.
De manera adicional por el incremento de casos de desaparición de personas, se creará un programa en la materia adscrito a la Visitaduría General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En los números de la legisladora, el reclamo fue que de cada peso nuevo que recibirá el estado en 2026, menos de 6 centavos se orientan a seguridad.
La propuesta deberá ser votada próximamente por el Pleno del Congreso del Estado, previa presentación del dictamen que presente la comisión de Hacienda y Administración.
Artículo publicado el 7 de diciembre de 2025 en la edición 1193 del semanario Ríodoce.
