Minería, oficina más corrupta del gobierno federal

MINAS. El gran saqueo.

La Dirección de Minas de la Secretaría de Economía es la dependencia más corrupta del gobierno federal, y desde donde opera toda una mafia de funcionarios confabulados con empresas trasnacionales para el saqueo del patrimonio nacional, utilizando a supuestos líderes invasores de predios agrícolas y a empresarios sin escrúpulos, denunció Gervacio Osuna Contreras, en cuyo polígono ubicado en Los Mochis, se encimó una segunda concesión de extracción de minerales a cielo abierto.

La pandilla de saqueadores de la nación es capitaneada por Claudia Yolanda Ibarra Palafox, directora General de Minas, en alianza con Sergio David López Varela, director de Cartografía y Concesiones Mineras, amparados por Mario Alfonso Cantú Suárez, coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía y con la protección de Idelfonso Guajardo Villareal, secretario de Economía, acusó.

En Sinaloa, Honorio Escobedo es la punta de una madeja oficial destinada al despojo de los polígonos, pues resulta ser el agente minero y quien debe iniciar los trámites a denuncia de mineros, señaló.

“Todos ellos tienen un manejo abusivo y discrecional de las concesiones mineras, que nunca terminan en pequeños mineros sino en manos de trasnacionales chinas, coreanas, italianas, canadienses, europeas o en las mexicanas Frisco, Peñoles o Cananea. Se han servido con la cuchara grande, robado el patrimonio de otros, al fin y al cabo están en el ‘año de Hidalgo’ y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está distraído con otros temas nacionales, excepto el sancionar a funcionarios traidores a su plan de desarrollo del país. La Secretaría de Gobernación debe hacer una purga ejemplar en Minería, investigar las denuncias de corrupción y meter a prisión a los corruptos”.

Osuna Contreras dijo que durante siete años ha lidiado a la corrupción, debido a que le han puesto infinidad de trabas, desde portazos en pleno rostro, maltrato, desaires, pérdida de documentos, alteración de dictámenes, cancelación de pagos y abonos a cuentas diversas, y ahora la duplicidad de concesiones para despojarlo de una mina a cielo abierto en el predio Las Liebres, ejido La Despensa, sindicatura Heriberto Valdez Romero, en Ahome, y que ha explotado durante más de 40 años, y en la que incluso innovó tratamientos químicos y físicos para obtener la patente de sulfato de calcio polihidratado, cuyo proceso de certificación de efectividad biológica está en marcha ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como el certificado de inocuidad ante la Secretaría de Salud, con miras a comercializar un mejorador de suelos natural.

GERVACIO OSUNA. ‘Manejo abusivo y discrecional de concesiones’.

 

“Se venden al mejor billete, y están para ver cuánto chingan en la recta final del gobierno, así sea violando la propia ley que confeccionaron a su medida, aliándose con entidades sin escrúpulos y que incluso han terminado con la vida de líderes ejidales que enfrentaron a las mafias del poder buscando defender sus minas. En el ejido el Potrero de Cancio, en el municipio de Choix, sucedió el caso de Ramón Corrales Vega, que por oponerse al despojo del lote Cuauhtémoc por una minera china y sus socios mexicanos que incluían a connotados políticos sinaloenses, fue masacrado en una ranchería”.

Osuna Contreras desglosó el modus operandi de la “mafia del poder minero en México”, asegurando que parte angular es el Servicio Geológico Mexicano y la agencia minera, pues recibida la denuncia asigna peritos mineros para hacer los levantamientos topográficos y levantar la mojonera madre, luego exigen los estudios de minerales que contengan cuando menos seis elementos “y demás concebibles”, sin explicarle al interesado cuáles metales son los de mayor peso arancelario y que por lo tanto tienen preferencia, sin importar la cantidad o el tamaño de la veta, con el objeto de manipular los estudios.

“Al final, el pequeño minero es birlado y burlado pues su denuncia aparece duplicada por una tercera persona que en ocasiones no conoce más roca que con las que se tropieza, acabando con la inversión del pequeño minero”, dijo.

Una vez que el denunciante original desiste, aceleran la solicitud, aceptan los trabajos periciales sin comprobación, y otorgan el título de explotación sin haber documentado una previa exploración, corrompiendo a toda una actividad primaria.

Osuna Contreras ha echado mano de cuanta dependencia pública puede y ha entablado al menos cuatro denuncias en contra de tres particulares que le invadieron el polígono extrayendo mineral para venderlo como mejorador de suelo agrícola en Guasave y Guamúchil, sin tener certeza de los elementos que contiene y la reacción en cada tipo de predio.

“Pueden estar ocasionando un daño ambiental severo, que pueden erosionar las parcelas. Ya en una ocasión los encarcelé, y hoy que reinciden, lo volveré a hacer, así tengan en su favor toda la mierda de minería encima”.

Artículo publicado el 20 de mayo de 2018 en la edición 799 del semanario Ríodoce.

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