La clase política sinaloense y las autoridades, incluido el gobernador Mario López Valdez, tienen un retraso de 300 años en cultura de derechos humanos y sus prácticas de intolerancia y represión son propias del medievo, afirmó el doctor en derecho y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Francisco Higuera Castro.
Dijo que cuando las personas salen a las calles a protestar ejercen tres derechos constitucionales, que además están plasmados en tratados internacionales que México ha suscrito: el derecho a la libertad de expresarse, a la libertad de reunirse y a la libertad de asociarse.
Estos preceptos están plasmados en los artículos sexto y noveno constitucional, pero las autoridades se equivocan, son ignorantes o están mal asesorados en esta materia, por eso proponen reprimir y encarcelar a quienes protesten, con el pretexto de que bloquean calles y afectan a terceros.
“El gobernador es una autoridad administrativa, entonces tendrá que hacerse un trabajo interpretativo muy meticuloso para determinar si en realidad se perturba el orden público y si esto es tan fuerte que lo puedes colocar por encima del precepto constitucional, y eso lo hacen expertos en derecho constitucional”, sostuvo.
Dijo que son preocupantes que haya expresiones tan a la ligera de parte de la clase política en general, y en particular de las autoridades, quienes incluso han enviado a policías a detener a quienes expresan su inconformidad.
Manifestó que en el caso de la libertad de reunión y asociación, la Constitución es muy clara y “en el párrafo segundo del artículo noveno dice ‘no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar alguna protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta o se hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee’”.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la UAS advirtió que un acto imprudente del gobernador respecto a estas protestas, lo puede ubicar fuera de la ley e incurrir en un delito.
“Cuidado con la idea de que con aplicar normas penales de baja jerarquía se violente no solo el orden constitucional sino todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos… son temas de mucho cuidado, de altísimo nivel de protección del sistema nacional e internacional, y eso nos indica que estamos mal en Sinaloa, que lamentablemente nuestras autoridades no han entrado ni mínimamente en el nuevo discurso constitucional”.
El especialista citó los cambios constitucionales realizados en el 2008, en el sentido de que estamos en un Estado democrático cuya razón de ser reside en los ciudadanos, y los efectuados en 2011, en términos de que toda autoridad y no solo del ámbito judicial, está obligada a promover, proteger y respetar los derechos humanos.
“El tema de los derechos humanos lamentablemente no le ha llegado a nuestra clase política, no estamos en Sinaloa entrando a la era del constitucionalismo mexicano ya vigente, y buena parte de nuestra clase política se conduce de manera medieval”, comentó.
—¿Es retrógrada?
—Sí, es un signo de que no se ha avanzado en materia de construcción de democracia y de derechos humanos. Ni partidos políticos ni quienes se asumen como líderes están compenetrados ¿Qué es lo que juran cuándo toman posesión de su cargo? ¡Respetar la Constitución! ¿Qué no debieran pensar por eso?
—Hay que recordar la represión de este gobierno respecto a los comuneros de Picachos, los campesinos que protestaban por mejores precios en Guasave, los ejidatarios del potrero de Cancio en Choix contra la mina Paradox, donde incluso hubo unos 30 detenidos, y las enfermeras del hospital de la Mujer destituidas por exigir prestaciones.
—Es que no han entrado al nuevo régimen constitucional y las visiones que se tienen del poder es de un gobierno más, que hasta hoy abandona el sistema señalado en el artículo 39 constitucional, que tiene qué ver con que la razón de ser y el ejercicio del poder es el pueblo, y eso hay que tenerlo siempre presente porque buena parte de la clase política asume el poder como propio y se regresan a la edad media, donde quien ocupaba el poder se asumía como el Estado, el absolutismo.
“Creo que a las autoridades y a estos políticos les han pasado de noche más de 300 años de evolución en eso, hay un abandono de la fuerza ciudadana que llevó al actual gobernador al triunfo. Recordemos lo que se vio, él se asumió como quien rompió reglas tradicionales de su partido y construye un movimiento ciudadano cobijado por algunos partidos. Hay un muy lamentable alejamiento, hay una visión muy atrasada de la función del Estado, hay una visión punitiva, del Estado policiaco, atrasado, que no ha funcionado en ningún lado, y eso se asume para enfrentar grandes retos de carácter social, fallas.
“Lamentablemente están intocados importantes problemas que este gobierno ofreció resolver, como el de la inseguridad, en el que tenemos el segundo lugar a nivel nacional por homicidios. A pesar de las cifras alegres oficiales, Sinaloa sigue estando cubierto por un baño de sangre. El campo sigue en estado deplorable y hay un doble discurso para aprovecharse del poder público y hacer negocios.
“¿Y ante todo esto cuál es la idea? seguir comprando armas, patrullas, haciendo negocio, pero eso no saca para nada a los sinaloenses del problema de violencia con que el que tenemos varias décadas. Los partidos están metidos lejos de la ciudadanía y con estos discursos y visiones atrasadas no vamos a ninguna parte”.
