Armando Villarreal Ibarra concluyó su encargo como Secretario de Administración y Finanzas (SAyF) en diciembre de 2016, y a dos años no ha terminado de aclarar las irregularidades en el manejo de los recursos que dejó el Gobierno de Mario López Valdez.

Lea: Ex secretario de Salud pierde uno de dos juicios administrativos https://bit.ly/2I9SwsS

En los últimos dos años ha estado solventando las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a toda la administración y desde el lunes pasado tiene dos delitos que aclarar ante un Juez.

El ex titular de la SAyF fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Desde que salió del Gobierno, dijo, su tiempo lo ha dedicado a su familia, su negocio de muebles y en ir y venir a la Ciudad de México para presentar documentos en la Auditoría y solventar las observaciones a la SAyF y a ayudar a sus compañeros de gabinete en sus trámites.

Y todavía falta aclarar el 12 por ciento de las observaciones hechas a todas las dependencias del sexenio pasado.

A partir de la próxima semana, también deberá hacerse tiempo para acudir cada 15 días a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares y para acudir a solicitar permiso al Juez si necesita viajar.

Al terminar el sexenio de Mario López Valdez quedó pendiente de aclarar el gasto de 6 mil millones de pesos de recursos federales.

De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, por las cuentas públicas del sexenio pasado emitió 295 pliegos de observaciones.

Del total han solventado 137, 91 están en seguimiento, 17 tienen estatus de no solventadas, por 14 se inició procedimiento resarcitorio y 36 causaron baja por conclusión previa a su emisión.

En el mismo periodo, la ASF hizo 201 promociones de responsabilidades administrativas, de las cuales 137 están concluidas y 64 están en espera de respuesta o en análisis.

Además hizo 35 solicitudes de aclaraciones, de las que ya se atendieron 27 y ocho están en seguimiento.

A las visitas a la ASF, Villarreal sumará las visitas al Centro de Justicia Penal de la Región Centro, en Culiacán.

El lunes pasado, ante el Juez la Fiscalía lo acusó de transferir 293 millones de pesos de fondos federales a cuentas de recursos del gobierno del estado.

Durante la audiencia el ex funcionario se reservó su derecho a declarar pero al salir quiso hacer comentarios ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación.

En varias ocasiones insistió en que no lo están acusando de robarse el dinero, sino de haberlo gastado en fines distintos a los que estaba destinado.

“Ese dinero se usó adecuadamente, no se usó para ninguna cuenta de ningún funcionario ni en la mía en lo particular ni para beneficio propio de nadie mas que para el propio estado y en su oportunidad compartiéramos tanto con el Juez como con ustedes los medios para que nos ayuden a difundir que el gasto fue adecuadamente sustentado y soportado de acuerdo a las necesidades del gobierno en ese momento”.

Reiteró que “no hubo mala fe, no hubo extracción, les recuerdo y les insisto porque es importante: no me están acusando por algo que nos robamos, por un peculado, nos están acusando por haber gastado una cosa en otra pero dentro del gobierno”.

Según lo expuesto por el Fiscal Librado Romero durante la audiencia, Villarreal incumplió con leyes y normas, no justificó con documentos las transferencias, incumplió con vigilar la correcta y exacta aplicación de los recursos y los fondos del gobierno del estado.

Los recursos federales, señaló el fiscal, estaban etiquetados y no debían usarse con fines distintos.

Si tienes recursos etiquetados para construir escuelas, no puedes usarlos para pagar sueldos, ejemplificó el fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, Villarreal autorizó las transferencias; el Director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, las avaló; y el auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez, las ejecutó.

Los otros dos ex funcionarios están vinculados a proceso penal por los mismos delitos.

Al realizar las 112 transferencias, dijo el fiscal, se apartaron de sus funciones de servicio en la SAyF al violar leyes y reglamentos.

Para acusarlo la Fiscalía cuenta con una auditoría de la Auditoría Superior del Estado, las declaraciones de seis auditoras y la de un agente investigador.

La defensa del ex Secretario, encabezada por Ernesto López Benítez, aseguró que con los datos de prueba presentados por la Fiscalía no se acreditan los delitos que acusan.

El abogado dijo que no son suficientes para presumir la probable responsabilidad de Villarreal.

En el expediente, detalló, los únicos documentos que aparecen firmados por el ex Secretario son las hojas de integración de saldos, pero las autorizaciones de pago están sin firmas.

Lea: Armando Villarreal llega amparado y sonriente a juzgado, recoge el expediente y se va https://bit.ly/2YA7ptw

Tampoco se acredita que se dio una aplicación distinta a la que estaban destinados ya que la Fiscalía no ha establecido el destino del dinero, indicó.

“No vemos cómo se afectó gravemente el patrimonio si fueron transferidos a cuentas del estado”, expresó.

Las copias de las declaraciones patrimoniales incluidas en el expediente por la Fiscalía, señaló, demuestran que el patrimonio del ex Secretario no creció de manera que no fuera la adecuada.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum determinó que la Fiscalía reunía los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso.

Estableció que sí hay datos de prueba razonables que permiten suponer que hubo ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

El Ministerio Público solicitó al Juez que como medida cautelar impusiera acudir cada 15 días a firmar, una garantía económica de 500 mil pesos y le prohibiera salir del estado.

Señaló que hay un riesgo fundado de que Villarreal se evada de la justicia ya que tiene capacidad económica para hacerlo.

La defensa estuvo de acuerdo en que acudiera cada 15 días pero se opuso a la garantía económica, ya que la consideró excesiva y a la prohibición de salir del estado porque Villarreal requiere viajar a otras entidades y al extranjero por sus actividades comerciales.

El Juez dio la razón la Fiscalía y estableció la firma cada 15 días, la garantía de 500 mil pesos y puede salir del estado pero solo con autorización del juzgador.

Tanto la Fiscalía como la defensa acordaron un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación.

Villarreal Ibarra se dijo confiado en que saldrá librado del proceso y una vez que concluya compartirá con los ciudadanos a través de los medios de comunicación en qué se gastó ese dinero.

“Quisiera dejar muy claro que el tema que nos tiene hoy en esta situación y ante esta dependencia o ante la justicia, no tiene nada que ver con robo no tiene nada que ver con peculado no tiene nada que ver con haber gastado el dinero del gobierno en cosas personales, tienen que ver con explicar en que se gastó y si se debió de haber gastado en eso”.

Aseguró que “lo vamos a resolver y resuelto se lo vamos a compartir. Yo sí sé en que se gastó, yo si sé, ahorita no es conveniente (declararlo)”.

Señaló que desde que entró a la administración pública ha rendido cuentas y lo seguirá haciendo ante el Juez.

“En los ochos años que llevamos, seis de gobierno y dos que ya no estamos en gobierno, tenemos ochos años rindiendo cuentas, estamos obligados y acostumbrados a eso”, expresó.

Villarreal Ibarra volverá al Centro de Justicia Penal en agosto para la audiencia intermedia.

Artículo publicado el 7 de abril de 2019 en la edición 845 del semanario Ríodoce.