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Los desplazados… por el municipio de Choix

 

El gobierno estatal reconocerá el status de los desplazados por la violencia, aunque para el municipio de Choix no existen; la gente se ha ido por motivos personales, argumentan.

 

En 2012, la violencia los obligó a dejar sus casas y fueron ignorados por los Gobiernos Estatal y Municipal de Choix; cinco años después el Ayuntamiento de Choix los ignora, mientras, el Estado reconocerá su situación de desplazamiento.

El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación a los gobiernos Estatal y Municipales para que atendieran a los desplazados por la violencia en Choix y Sinaloa.

En el caso de Choix, el organismo menciona que fueron por lo menos 563 personas desplazadas por la ola de violencia que azotó ese municipio a partir de abril de ese año.

El Alcalde Choix, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respondió a la Comisión que los desplazamientos fueron por motivos personales y no por violencia.

“Me permito informarle a usted que después de una verificación visual, así como también entrevistas con las autoridades municipales de las comunidades que supuestamente se hallaban deshabitadas, nos informaron que todos los vecinos de cada una de ellas se encontraban residiendo de manera normal.

“Que si bien es cierto que en algunas de ellas, vecinos de las comunidades ya no moraban en la comunidad, esto es a consecuencia de motivos personales, pero en ninguna circunstancia por causas de actos de violencia o inseguridad en esos lugares”, señaló en un oficio dirigido al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En el documento también informa a la CNDH que rechaza la recomendación, en la que el organismo solicita dar atención a los desplazados y garantizarles condiciones de seguridad en sus comunidades para que puedan volver a sus casas.

El director de Derechos Humano de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Gaxiola Urtusuástegui, mencionó que en el caso de Choix, el Gobierno del Estado atenderá por su cuenta a los desplazados sin coordinación con el gobierno Municipal.

Mencionó que hasta la fecha la mayoría de las personas desplazadas no han regresado a sus comunidades, porque aseguran que todavía no hay condiciones de seguridad.

La CEDH, indicó, dio un plazo de seis meses para que enviaran pruebas de cumplimiento.

En los próximos días, detalló, el gobierno Estatal enviará al Congreso del Estado un proyecto de Ley de Desplazados y uno de Reforma al Código Penal.

En la Ley de Desplazados se específica cuándo se trata de un desplazamiento y las obligaciones que tiene que dar cada dependencia para apoyarlos.

“Se establecen protocolos de cómo se va llevar la atención cuando se presente algún desplazamiento forzado interno”, abundó.

También enviarán una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el delito de desplazamiento y establecer penas a los que lo causen.

Comentó que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial el reconocimiento de la señora Esperanza, representante de los desplazados de Sinaloa, como defensora de derechos humanos.

“Esto implica darle el reconocimiento a ella como una persona que ha estado luchando a favor de los desplazados, que ella también es parte de los desplazados, con esta publicación los servidores públicos y todos los entes que van desde el Gobernador, le está dando un lugar como una persona que ha estado trabajando por los derechos humanos”, indicó.

A la representante de los desplazados de Choix, a quien también piden la reconozcan, dijo que ya no han podido localizarla.

Gaxiola Urtusuástegui mencionó que los puntos recomendatorios fueron distribuidos entre las dependencias de acuerdo con las obligaciones de cada una.

El sistema DIF, aseguró, ha estado entregando apoyos, la Secretaría de Seguridad Pública está elaborando el diagnóstico de seguridad y la Sedesol el padrón de desplazados.

Decenas de desplazados

Según la CNDH, por la violencia en 2012 quedaron deshabitadas 29 comunidades en Choix, según el Alcalde los pobladores dejaron sus casas por motivos personales.

El éxodo comenzó en los primeros días de mayo, cuando sus poblados se habían convertido en un campo de batalla.

Desde finales de abril en esa zona se desataron una serie de enfrentamientos entre grupos rivales y corporaciones policiales en los poblados ubicados en los límites con Chihuahua.

Los tiroteos iniciaron con miembros del Cártel de Sinaloa que intentaban frenar la incursión al estado de pistoleros de los Beltrán Leyva provenientes de Chihuahua.

Después, los enfrentamientos siguieron entre delincuentes y elementos del Ejército y las corporaciones policiales.

Los tiroteos dejaron un saldo de 21 delincuentes, un elemento de la Fuerza Aérea y un policía municipal muertos; y dos soldados y un policía heridos.

Los pistoleros de los hermanos Beltrán Leyva circulaban en patrullas clonadas de la Policía Federal y Estatal.

En la recomendación la CNDH señaló que los pobladores de esas comunidades han vivido desde hace años, en medio de un contexto inseguro, vulnerable e inestable, que los ha obligado a huir de sus hogares para salvar sus vidas.

Los desplazados de ese municipio se trasladaron a la cabecera municipal y a poblados de El Fuerte, Ahome, Guasave y Chihuahua.

Una mujer originaria de Choix pero con residencia en Los Mochis, empezó a ayudar a los desplazados y a realizar labores como defensora de derechos humanos de las personas desplazadas y empezó a recibir amenazas de muerte.

Junto con su familia se tuvo que desplazar a la cabecera municipal de Guasave y como siguieron las amenazas se trasladó a diferentes comunidades en tres ocasiones.

Por el hostigamiento en su contra, también se convirtió en víctima de desplazamiento forzado interno.

En mayo de 2015, la Comisión Nacional pidió a los Gobiernos Estatal y Federal adoptar medidas para garantizar la vida de la defensora y evitar actos intimidatorios que tengan como consecuencia impedir que continúe ejerciendo sus actividades como representante de las comunidades desplazadas.

La CNDH mencionó que una vez que las más de 500 personas estaban desplazadas, las autoridades estatales y municipales tampoco cumplieron con satisfacer por lo menos las necesidades básicas de los afectados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado justificó a la CNDH que no había bases de policías cerca de las comunidades debido a la distancia y condiciones de las carreteras pero que realizaban recorridos de prevención.

“Si fuera cierta la afirmación de los recorridos, habrían visto el contexto de inseguridad y el temor que vivían los habitantes y habrían podido implementar una estrategia efectiva de vigilancia y realizado acciones típicas de prevención de delitos”, señaló la CNDH.

Durante la investigación, la CNDH solicitó informes al Ayuntamiento de Choix pero no respondieron ninguno.

El año pasado emitió la recomendación, la cual fue aceptada por el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Sinaloa.

En la recomendación pidió al Gobierno Choix que con el Gobierno del estado diseñe e implemente un programa de reparación colectiva que tenga como objetivo brindar a los desplazados, las herramientas y medios que necesiten para restablecer sus medios de subsistencia, además de brindarles atención médica y sicológica.

Además solicita realice un censo que confirme cuántas personas se desplazaron y un diagnóstico que evidencie la situación actual en que se encuentran.

También pide que implementen un protocolo de seguridad, que pueda ser operado por las fuerzas de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno, que tenga como principal objetivo bajar los índices de inseguridad para que los desplazados puedan regresar a sus hogares.

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