Rodolfo de la Vega Valladolid, una de las cuatro entidades que invirtieron para rescatar de la quiebra la industria azucarera regional, finalmente fue capturado por oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR)-Agencia de Investigación Criminal (AIC) mientras cenaba en un restaurante de carnes al poniente de la ciudad.

Indiciado ante un juez penal de Jalisco como presunto responsable del delito de fraude, denunciado por su ex socio Luis Puente Pérez, el agricultor pasó la noche del pasado martes 12 en la sede de la Subdelegación “C” de Procedimientos Penales, y por la madrugada fue abordado en una vagoneta y trasladado a Culiacán para después trasladarlo en un avión comercial con destino a Guadalajara, en donde deberá de responder ante el magistrado que aprobó ponerlo bajo custodia policial.

Al menos esta sería la segunda ocasión que Rodolfo de la Vega Valladolid encara a un juez del estado de Jalisco. Y es que él y su ex socio Héctor Alejandro Elizondo Macías, recibieron un auto de formal prisión a las 12:30 horas del domingo 28 de mayo (2017) por el supuesto delito de fraude específico en perjuicio de Luis Puente Pérez.

El juez de la causa también ordenó que ambos fuesen fichados y se elaboraran los dictámenes educador, psiquiátrico y el informe de presidiario que incluye posibles procesos y sentencias que ambos enfrentasen. Incluso, a éstos les fueron suspendidos los derechos políticos en el estado de Jalisco.

No obstante, ambos podrían acogerse a los beneficios de solución de controversias, indica el acuerdo.

La captura de De la Vega Valladolid convulsionó a la comunidad, pues se creía que éste gozaba aún de la protección del ex gobernador Mario López Valdez, en cuyo sexenio truncó todo intento legal por cobrar deudas a éste y a los socios de él, y reavivó las esperanzas de que salde cuentas con acreedores diversos: proveedores, ejidatarios, transportistas, trabajadores.

Fue tal la protección gubernamental hacia Rodolfo de la Vega ,que Puente Pérez tuvo que salir del estado de Sinaloa y perder la tierra natal durante el sexenio malovista para evitar represalias veladas por las 25 denuncias penales y mercantiles que interpuso en contra de sus ex socios, De la Vega Valladolid, Elizondo Macías y banqueros ingleses.

Puente Pérez denunció desde fraudes hasta administración fraudulenta por parte de sus ex socios. Las querellas involucran a las parejas de los acusadores, parentela, empleados de mayor confianza y otros.

El daño calculado al patrimonio del mochitense es de 800 millones de pesos.

Las acusaciones datan desde el año 2011.

Puente Pérez no fue el único hostigado, pues los abogados del bufete que representó a los ejidatarios que rentaron miles de hectáreas a Agrícola Ohuira y que no recibieron pago alguno, fueron intimidados a mano armada. Estos interpusieron 214 denuncias que hasta ahora no han prosperado, en cuanto al pago de aparcería.

Los abogados intimidados se negaron a revelar detalles del caso, argumentando temor a perder la vida o a que sus familias sufrieran algún tipo de daño.

Ítalo Larrínaga Martínez, apoderado legal de dos hermanas que contrataron bajo el esquema de aparcería la renta de 176 hectáreas con De la Vega Valladolid, jamás pudo ver un peso pues el ex socio se negó a pagarla, pese a sentencias que lo obligaban a ello en los expedientes 182/2009 y 421/2011. Incluso, éste sufrió el robo de la cosecha de caña por parte del inversionista.

Enterado del caso, Puente Pérez dijo a reporteros que aunque sabe de la captura de De la Vega Valladolid, “no canta victoria, porque las investigaciones apenas comenzarán. En ella serán llamados a declarar los empleados de confianza, parientes de éste, y hasta los banqueros ingleses. Incluso, el actual diputado por el Partido Acción Nacional, Juan Pablo Yamuni Robles será llamado a comparecer pues como funcionario estatal fue omiso ante las denuncias presentadas”.

Estas señalaban que los inversionistas habían vendido al Gobierno del Estado terrenos gravados para la construcción del teatro Ingenio y del museo interactivo Trapiche, en donde se han invertido más de mil 200 millones de pesos. “Ese caso también se denunciará, pues los terrenos eran parte de los activos en disputa”.

Dijo que la ley avanzó, pese a que el gobernador Mario López Valdez lo protegió durante seis años, pues ninguna de las imputaciones penales prosperó bajo su administración.

En gira por el norte del estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel no emitió declaración en favor de los denunciantes ni en contra de los demandados, argumentando que el caso le era desconocido. Y en lo concerniente a la inversión pública en el teatro Ingenio y el museo Trapiche refirió que lo indagaría.

El alcalde, Álvaro Ruelas Echave se sumó a la tendencia y se reservó hablar del caso alegando ser ajeno a los juicios que se desahogan.