La derrota de la ley anti-Morena

Esta semana fue derrotada la iniciativa de reforma que quitaría la competencia revisora y dictaminadora de las cuentas públicas del Congreso del Estado para dar autonomía plena a la Auditoría Superior del Estado.

A simple vista la idea que impulsaba el PRI y sus aliados legislativos no era mala porque la revisión de las cuentas públicas entre menos politizada y más profesionalizada se encuentre es mayor garantía de que cada peso público estará sujeto a revisión escrupulosa, como también de una adecuada dictaminación sin tintes partidarios.

Es decir, así se avanza en materia de transparencia y rendición de cuentas públicas, un pendiente mayor en los estados y municipios de la federación.

Y es que hasta ahora, aun con la creación de instituciones ad hoc tanto de gobierno como ciudadanas, sus resultados dejan mucho que desear y es que existe la percepción, comprobada con resoluciones judiciales, de que éstas se encuentran capturadas por los gobiernos y sus partidos de manera que está sujeto a negociación política, intercambio y perdones verdaderamente vergonzosos como el que vimos en el caso de Ernesto Echeverría, el ex Secretario de Salud.

Entonces, este tipo de organismos públicos y autónomos tienen un déficit de confianza entre los ciudadanos.

Luego, como era de esperar, la iniciativa que intentó acordar la fracción parlamentaria del PRI y sus aliados electorales y legislativos provocó reacciones encontradas entre quienes veían ventajas en una auténtica autonomía fiscalizadora y quienes reivindican las competencias revisoras del Congreso del Estado.

Perdió la segunda opción porque dado que es una reforma constitucional, la ley obliga que se tenga el apoyo de las dos terceras partes de la legislatura, incluso en el caso de haber tenido no 26, sino los 27 votos que se necesitan y se hubiera aprobado la reforma, lo que tendríamos sería un triunfo pírrico porque una vez en funciones la 63 legislatura Morena y sus aliados, perfectamente tendrían una amplia mayoría para corregir el entuerto.

O sea, la reforma estaba perdida, pero esto no significa que la autonomía per se sea una mala idea, en nuestro país necesitamos organismos verdaderamente autónomos que evolucionen a un servicio profesional de carrera y que sus miembros respondan por las funciones para las que se les paga.

Tengo mis reservas, como muchos, del trabajo de la próxima mayoría legislativa, pero, sin embargo, les concedo el beneficio de la duda.

La Comisión Fiscalizadora del Congreso del Estado y la mayoría morenista estará sometida a mucha presión mediática y de los grupos organizados de la sociedad civil, todos ellos exigirán muy pronto cuentas claras de los ingresos y los egresos del gobierno del estado y los ayuntamientos de la futura oposición. Es más, van a exigir mayor celeridad en la resolución de los casos abiertos del malovismo, que son una verdadera vergüenza jurídica.

Y aunque no se diga y se haga un acto de fe en el tema de la fiscalización del Congreso del Estado, lo cierto es que sus resultados siempre tendrán una consecuencia partidaria y más, en perspectiva electoral del 2021.

Vamos, será una oportunidad de oro para construir victorias, reduciendo a la oposición a una pandilla de bribones y no será difícil demostrarlo, luego de un año electoral donde se gasta siempre más de lo que se declara en las campañas, sobre todo en aquellos municipios donde hubo intentos de reelección fallidos y cuando ya se sabe de la escasa capacidad auditora del instituto electoral local.

Pero pensemos de una manera menos de suma cero, donde lo que pierde uno lo gana el otro, y más en clave de la oferta programática de Morena de fortalecimiento institucional, que en el mediano plazo nos presente una reforma con su ley reglamentaria que favorezca el tránsito a una verdadera transparencia y rendición de cuentas.

Si no lo abandera como durante años la oposición lopezobradorista pugnó para acabar con la opacidad en el manejo de los recursos y los bienes públicos, estaríamos ante un escenario preocupante tanto por las expectativas ciudadanas como por la esperanza que se depositó en cada voto el pasado 1 de julio.

En fin, vientos venturosos corren a favor de las instituciones públicas, ahora depende de que los diputados hagan su tarea y bien en beneficio de eso que hoy machacan en la esfera pública, de que la sociedad mandó su mensaje y eso obliga a los que están y más a los que ganaron.

Artículo de opinión publicado el 9 de septiembre de 2018 en la edición 815 del semanario Ríodoce

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