No se sabe a dónde se va el dinero; las dependencias no entregan información

Aunque el programa de Opciones Productivas está diseñado para personas de bajos ingresos, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal no pudo demostrar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que está beneficiando a un sector vulnerable.

El informe de la auditoría de desempeño reveló que la referida secretaría estatal benefició con este programa a cualquier interesado, sin definir una situación económica específica dentro de la población objetivo.

De acuerdo a la auditoría, la Secretaría de Desarrollo Social no proporcionó información que acreditara el proceso de selección de los mil 173 apoyos económicos entregados para el desarrollo de proyectos, y que la aprobación de los proyectos productivos haya derivado de una revisión, evaluación y dictaminación por parte del Comité del programa.

El reporte de la ASE señala que se verificó que el Comité de Validación no realizó el análisis y revisión de los proyectos productivos, debido a que se identificó que se realizó la entrega de apoyos antes y en el mismo día de presentar y registrar la solicitud de los proyectos.

La Secretaría de Desarrollo Social careció de evidencia ante los auditores de la ASE que les permitiera comprobar que la selección de los proyectos productivos se haya realizado en términos de su viabilidad técnica y económica por parte del Comité de Validación.

En una muestra del 51.57 por ciento de los estudios técnicos revisados, la ASE encontró que los proyectos no contaron con información suficiente para aprobar su viabilidad, y el 48.33 por ciento restante no incluyó información básica de la viabilidad del proyecto productivo.

Acerca del referido programa la página de transparencia del gobierno estatal no difundió las reglas de operación del programa, como tampoco dio a conocer la información sobre sus acciones y los beneficiados de este programa.

Tampoco se proporcionó información que acreditara el proceso de selección de los 1 mil 173 apoyos económicos entregados para el desarrollo de proyectos, y que la aprobación de los proyectos productivos haya derivado de una revisión, evaluación y dictaminación por parte del Comité del programa.

Las reglas de operación señalan que el Programa Opciones Productivas atiende a personas de bajos ingresos como parte de una estrategia para disminuir la pobreza.

La ASE evaluó que el programa efectivamente sirva para el fin diseñado y encontró que la Sedeso careció en 2019 de información que acreditara que los proyecto productivos que fueron financiados con la entrega de apoyos económicos promoviera la generación de empleos, ya que no se implementaron mecanismos de seguimiento.

La dependencia estatal por su falta de seguimiento careció de evidencia documental para garantizar que los recursos entregados se hayan destinado para los fines aprobados en la adquisición de insumos en cada proyecto, como señalan los parámetros señalados en la Ley General de Desarrollo Social.

Entre otras deficiencias, la ASE observó que los avances trimestrales se presentaron incompletos, al no existir los del primer y cuarto trimestre del 2019, además de que éstos datos no fueron incluido en la cuenta pública de ese año.

De acuerdo a la normatividad de programa, la Secretaría de Desarrollo Social omitió dar el seguimiento de los apoyos para identificar la sostenibilidad en el paso del tiempo, que está diseñada para tres años.

De los mil 173 apoyos económicos entregados en el Programa presupuestario Opciones Productivas se logró un avance del 78.20 por ciento respecto a la meta anual de mil 500.

Además, en el proceso de selección de los proyectos productivos del Programa Opciones Productivas no se proporcionó información que acreditara que el Comité de Validación haya implementado acciones para que los apoyos del programa no se contrapusieran, interfieran o presenten duplicidades con otros programas del gobierno estatal.

Adicionalmente la ASE encontró que de la muestra de expedientes revisados, el 51.57 por ciento de los estudios de los proyectos productivos beneficiados no se encontraban completos, ya que no incluyeron datos de los aspectos técnicos y económicos del proyecto.

Aunque la Ley General de Desarrollo Social señala que los programas deben dar capacitación, asistencia técnica y asesoría, para la organización y diseño de proyectos, la oficina estatal no presentó evidencia o información comprobatoria que la había brindado a los beneficiados para promover la organización y diseño de los proyectos productivos.

En 2019, el Programa Opciones Productivas ejerció la 11.5 millones de pesos para la entrega de los mil 173 apoyos económicos individuales, como capital para el financiamiento de cada proyecto productivo. La entrega de apoyos se concentró en los municipios de Culiacán, Guasave y Mazatlán.

De los recursos ejercidos en los apoyos económicos, Desarrollo Social entregó apoyos en un rango entre mil a 20 mil pesos. Se identificó 463 apoyos de mil pesos a 4 mil 999 pesos (39.47 por ciento), y 413 apoyos (35.21 por ciento) a rangos entre 15 mil a 20 mil pesos, 297 apoyos (25.23 por ciento) entre 5 mil a 14 mil 999 pesos.

Sin embargo, informó la ASE que la Secretaría de Desarrollo no proporcionó evidencia de los comprobantes de pago de los 1 mil 173 apoyos entregados, que permitieran corroborar que los apoyos económicos entregados a los beneficiados no hayan excedido el máximo de 20 mil pesos.

Adicionalmente en el análisis de los documentos integrados en los expedientes de los beneficiados se corroboró que los expedientes de la muestra presentaron requisitos e información incompleta, copias de identificación oficial de los beneficiados fueron ilegibles; expedientes no contaron con cotizaciones formales para la adquisición de equipos del proyecto; y, por último, 31 estudios técnicos de los proyectos productivos estuvieron incompletos.

Entre las múltiples deficiencias del programa, la ASE encontró que la Secretaría de Desarrollo Social no presentó evidencia o información comprobatoria que acreditara haber implementado mecanismos y/o actividades que propiciaran la participación de los beneficiarios del programa, promoviendo las acciones de contraloría social en términos de información, seguimiento, supervisión y evaluación en general del programa.

La Secretaría de Desarrollo Social adicionalmente remitió el ejercicio de 12 millones de pesos para la entrega de mil 173 apoyos económicos y en gastos de operación del programa realizados en 2019, pero con un remanente de 4 millones, por lo que no se comprobó el destino de la totalidad de los recurso asignados.