Por primera ocasión, tras una reforma constitucional enmarcada en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación entregó un avance con 502 informes de fiscalización a la Cuenta Pública de 2016, entre los que brotaron de nueva cuenta, irregularidades en el último año de gobierno de Mario López Valdez.

En la revisión a  los fondos federales para la salud, educación, fortalecimiento de los municipios en infraestructura y fortalecimiento en seguridad pública que el gobierno de Sinaloa y las alcaldías de Ahome, Culiacán, Navolato, Mazatlán, recibieron en 2016, se arrojaron irregularidades por 215 millones de pesos.

De nuevo fue la Secretaría de Salud, a cargo de Ernesto Echeverría Aispuro, la que expuso irregularidades más cuantiosas en cuanto al incorrecto manejo de los recursos públicos.

Y es que en una revisión aleatoria a un 73 por ciento de los recursos que llegaron a Sinaloa en el 2016, a través de tres fondos federales, se detectó el uso irregular de 201 millones de pesos, sólo en la secretaría de Salud.

Los municipios de Ahome, Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, revisados en esta ocasión, no acumularon grandes observaciones monetarias pero sí fueron muy señalados en cuanto a los procesos contables que incumplieron a la hora de ejercer los recursos federales.

De acuerdo a la informado por el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, el pasado 30 de junio ante el Congreso de la Unión, esta es la primera ocasión que la ASF adelanta el informe de fiscalización y se trata de una primera etapa de la auditoría que se le realiza a los recursos ejercidos en el 2016.

Anteriormente, la ASF entregaba los informes luego de 14 meses de haber concluido el ejercicio fiscal, pero con el paquete de reformas que originó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Federal entregará una primera etapa de resultados a los seis meses de concluir el ejercicio fiscal.

“La obligación de entregar resultados en los meses de junio y octubre, constituye el comienzo de una nueva manera de proporcionar información pertinente y oportuna. Dichas consideraciones están vinculadas con la celeridad en el proceso de las acciones y proporcionar a los legisladores datos objetivos respecto al ejercicio de recursos públicos, así como el funcionamiento de programas y políticas gubernamentales”, enfatizó la ASF a través del documento Consideraciones para la Labor Legislativa.

La revisión a Salud de Echeverría

En este primer paquete de informes, la ASF revisó los recursos que en 2016 llegaron a Sinaloa a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Seguro Popular y Prospera en su componente para la salud, que en total sumaron 3 mil 261 millones 993 mil pesos.

De ese total, la ASF escogió aleatoriamente para su revisión el manejo del 73 por ciento de los recursos federales.

Las anomalías por 201 millones de pesos están relacionadas con irregularidades contables pero fue sólo en el FASSA, en donde se concentraron poco más de 166 millones de pesos.

Según el informe de fiscalización, durante 2016, la SSA con Echeverría Aispuro al mando, usó 144 millones de pesos del fondo federal FASSA para pagarle al SAT el Impuesto sobre la Renta de sus empleados. Una acción que no podía realizarse con recursos de ese fondo.

Y aunque recibió los recursos federales, la SSA de Sinaloa desaprovechó 33 millones 380 mil pesos y no los utilizó en las acciones que establecía el programa.

También pagó en exceso la contratación de un seguro para automóvil por más de 1 millón 243 mil pesos por encima del monto que se había presupuestado y aunque la ley le prohibía hacerlo, la SSA utilizó 18 millones de pesos del FASSA para pagar las aportaciones de sus empleados al SAR, FOVISSSTE y el ISSSTE.

En una de las anomalías que destacan, la secretaría de Salud programó el pago de nómina y aportaciones en 274 movimientos por un millón 414 mil pesos que después canceló, no realizó los pagos, pero tampoco reintegró los recursos a las cuentas bancarías del fondo.

Por todas las irregularidades relatadas sólo en el uso del FASSA, la ASF le exigió al gobierno de Sinaloa que le regrese a la Tesorería Federal o le compruebe el uso correcto de 166 millones de pesos.

Otro programa revisado por la ASF fue el acuerdo de coordinación para ejecutar el Seguro Popular en Sinaloa, por este fondo el Estado recibió 776 millones de pesos y se encontró que no se utilizaron 24 millones de pesos, los cuales deberán ser regresados al programa federal.

A través de Prospera, llegaron a Sinaloa 70 millones 944 mil pesos en 2016, en el uso de estos recursos la ASF encontró que la Secretaría de Salud dejó sin aplicar 11 millones de pesos del fondo, por lo que exige que se le regresen a la Tesorería.

Los municipios y su caos

De los municipios sinaloenses auditados por la ASF, ninguno destacó por el uso irregular de los recursos sino por el desorden contable que revelaron.

Sólo en Ahome, la ASF exigió que se regrese el recurso federal por 14 millones 319 mil pesos lo cuales fueron empleados para construir la primera etapa de un parque lineal en el bulevar Rosales.

Según la auditoría que realizó la ASF, esta obra no se concluyó debido a que el municipio licitó y contrató el proyecto pero no contaba con la propiedad del terreno. Para la obra se dio un anticipo y una primera estimación por 14 millones que ahora la ASF exige se regresen.

Para el caso de Mazatlán se revisó el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, al cual sólo se le emitieron recomendaciones, de la misma forma se hicieron observaciones al municipio de Culiacán por el manejo del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública.

Navolato fue uno de los municipios más señalados pues al revisar la forma en cómo opera los recursos federales, a través del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, la ASF tuvo que emitir 18 recomendaciones ante las diversas irregularidades contables.