Acusan a funcionarios y líderes ejidales

La Controlaría Interna del Tribunal Superior Agrario inició una investigación por presuntos actos de corrupción en contra del personal del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 con sede en Guasave, que afectó a dos centenares y medio de hijos de ejidatarios de Jiquilpan impidiéndoles el derecho a recibir bonificaciones por venta de terrenos comunales, por más de mil 200 millones de pesos.

La indagatoria Q-164/2017, iniciada el 19 de junio del 2017 por denuncia de hechos de Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, quedó firme diez días después cuando Fernando Hernández Reyes, actuario del Tribunal Agrario, notificó personalmente al querellante del inicio de las investigaciones y que por acuerdo de la titular de la Controlaría Interna, Romina Fernández Santa Cruz Ruiz debía precisar las imputaciones.

En el oficio TSA/CI-AQ/1279/2017 entregado a Ibarra Rodríguez, Fernández Santa Cruz indica “… requiero a usted indicar los nombres de los servidores públicos presuntamente responsables”.

Esto —agrega la funcionaria en su escrito— “… para determinar las responsabilidades administrativas de los servicios públicos de los Tribunales Agrarios.

Y además le aclara que “… deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y la supuesta responsabilidad del servidor público, puesto que por ley se deben de desechar las denuncias anónimas o notoriamente infundadas.

Ibarra Rodríguez aseguró que las pruebas documentales exigidas por la funcionaria federal las contienen los expedientes 940/2010, 941/2010, acumulados al 1429/2011 que el presidente del Tribunal Agrario del Distrito 27 resolvió infundados, sin asistirle razón ni legalidad tal y como lo consideraron los magistrados  Irineo Lizárraga Velarde, Jorge Pérez Cerón y Jesús Enrique Flores González, con lo cual se dejó insubsistente la sentencia y se obliga al juez a reponer los juicios citando en los expedientes al Registro Agrario Nacional, testimoniales y documentales que se negó a desahogar.

Consideró que en el trajinar entre el ejido Jiquilpan y el Tribunal Agrario 27 constataron una relación de conflicto de interés entre la defensa del comisariado ejidal representado por Gloria Manuela Valdez Rodríguez, el secretario de Acuerdos del propio tribunal y el magistrado presidente del mismo, pues sin recato alguno y en alarde de poder se  burlaban de las acciones intentadas por los hijos de campesinos depurados del padrón a la vez que se jactaban de que habiendo dinero de por medio ningún acuerdo o sentencia afectaría a la autoridad ejidal.

“Todo alarde lo cumplieron durante seis años, hasta que un amparo los exhibió. Hoy esperamos que la investigación de la Controlaría Interna del Tribunal Superior Agrario los inhabilite para cualquier cargo, porque funcionarios sin escrúpulos no deben impartir justicia dado que los sesga la ambición, beneficiando al rico y poderoso y afectando al pobre y sin influencias. El caso Jiquilpan es claro ejemplo de esa justicia torcida que se da en algunos tribunales del país”, dijo.

Aseguró que cumplirá con lo exigido y que como dirigente de grupo vigilará el desahogo de las pruebas hasta que se inhabilite a los funcionarios que causaron un daño irreparable al ejido Jiquilpan y en especial en 250 familias que se vieron afectados en su economía, por la avaricia de unas cuantas personas.

El conflicto en el ejido Jiquilpan, de acuerdo con los 143 demandantes de la restitución de los derechos agrarios, comenzó con la manipulación de las actas de asamblea del 17 de septiembre de 1995, cuando se delimitó el ejido Jiquilpan dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) ordenado por el Registro Agrario Nacional, con 1 mil 841 hectáreas destinadas para infraestructura de la comunidad y cero hectáreas de uso común cuando era lo contrario.

El aparente error se retomó el 29 de julio del 2001 cuando la asamblea por encargo de Gloria Valdez Rodríguez resolvió depurar a 250 campesinos y a sus herederos quitándoles el derecho a indemnizaciones y bonificaciones futuras por venta o enajenación de terrenos de uso común.