La Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) investigan una red de cómplices que presuntamente benefició al exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien enfrenta un proceso por el delito de lavado de dinero.

De acuerdo a Eje Central en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0000507/2017, seis funcionarios y un ex servidor del PJF son investigados por el delito de cohecho. Entre ellos se encuentra Juan Gabriel Jaimes Jaimes, quien forma parte de la defensa jurídica de Guillermo Padrés y quien pese a que se desempeñó por 15 años como secretario del extinto Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, donde precisamente estaba radicado la causa penal 25/2016 en contra del exgobernador, asumió su defensa.

A la par de la investigación que realiza la Procuraduría, dentro del Poder Judicial de la Federación otra indagatoria sigue su curso, ya que el 4 de abril de este año se presentó una denuncia administrativa en contra de los oficiales Miriam Lizbeth Santana Mancilla, Mercedes Iveth Abarca Lara, Irma Padua Valdez, Luz María Sánchez Díaz, Abelina Leticia Ramírez Salgado y del actuario judicial, Habacuc Estrada Mata, todos ellos del Juzgado Cuarto de Distrito y a quienes se les señala como presuntos integrantes de una red en beneficio de los abogados de Padrés.

Precisamente, el 17 de agosto de 2018, un juez federal le otorgó al exgobernador sonorense la libertad por el delito de defraudación fiscal, que asciende a 70 millones 415 mil 367 pesos, lo que significó el primer beneficio para el otrora mandatario estatal, tras casi dos años de prisión en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México.

Derivado de esta acción, en la PGR y en el Poder Judicial las alertas están encendidas. Incluso, Felipe Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, adelantó que investigan a jueces y magistrados por corrupción y delitos de delincuencia organizada. El subprocurador señaló que los “criterios a modo” que han emitido los integrantes del Poder Judicial generan impunidad en casos como el de la resolución que otorgó la libertad de Elba Esther Gordillo y al excontador de Javier Duarte, Javier Nava Soria, a quien un juez determinó que es ilegal la información financiera que recabó la PGR.

De acuerdo con la investigación que se realiza, el nombramiento de Juan Gabriel Jaimes Jaimes fue clave para beneficiar a Guillermo Padrés, lo cual en un primer momento fue rechazado por el en ese entonces juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, quien  rechazó, en diciembre de 2016, que Jaimes Jaimes fuera nombrado como abogado defensor del exmandatario estatal. Pero la negativa no prosperó, aunque el juez argumentó que se constituía con ello un conflicto de interés, pues el abogado se había desempeñado por 15 años (del 1 de mayo de 2001 al 11 de mayo de 2016) como secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, lo que contravenía la Ley Federal de Responsabilidades.

Sin embargo, Jaimes Jaimes interpuso un juicio de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Segundo Circuito, el cual resultó a su favor. Con ello, según la denuncia presentada ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, se abrió la puerta para que presuntamente el abogado pusiera en marcha la red de sus contactos. Los personajes clave señalados en la indagatoria son los oficiales administrativos Mercedes Iveth Abarca Lara, Irma Padua Valdez, Luz María Sánchez Díaz y Abelina Leticia Ramírez Salgado, a quienes se les vincula con el abogado. Sin embargo, la acusación más puntual que se hace es el supuesto vínculo entre Jaimes Jaimes y la oficial administrativa Miriam Lizbeth Santana Mancilla, quien con frecuencia era vista en compañía de José Luis Martín Pineda.

“En efecto, los servidores públicos (…) evidencian que cada vez que el defensor particular José Luis Martín Pineda acude a las instalaciones de este juzgado de distrito, saluda de manera muy efusiva a la servidora pública en cita; en los pasillo platican de manera confidencial, incluso les ha manifestado que con el defensor en cita mantiene una relación de noviazgo”, se lee en la denuncia de 65 fojas dirigida a la Comisión de Disciplina del CJF.

Además se detalla que a la oficial administrativa Miriam Lizbeth Santana Mancilla presuntamente el abogado Martín Pineda le pidió copias de la causa penal 25/2016 que se sigue en contra de Padrés.

“Lo más significativo que revela (…) es que el defensor particular con mayor constancia buscó a la oficial denunciada de que se trata precisamente en los días (…) que se emitió auto de plazo constitucional contra Guillermo Padrés Elías, ya que inclusive, los citados abogados del inculpado vinieron a verme constantemente para saber cuándo salía la resolución y lo cual ocurrió el veintitrés de febrero de 2018 con motivo del cumplimiento de una ejecutoria de amparo”.

“En la denuncia se presentan como pruebas los testimonios de siete servidores públicos del extinto Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quienes coinciden en señalar la liga entre Miriam Lizbeth Santana Mancilla y los abogados Juan Gabriel Jaimes Jaimes y José Luis Martín Pineda”.

Incluso, para documentar la relación, uno de los testimoniales refiere que el 27 de marzo de 2018, tanto el abogado Martín Pineda y la oficial administrativa Santana Mancilla salieron del juzgado para platicar, lo cual fue grabado por una de las cámaras de seguridad del edificio, video que una vez que se tenga se ofrece como prueba.

Ante estos señalamientos en la denuncia administrativa se solicita la suspensión inmediata de los funcionarios públicos. En consecuencia, dentro del Poder Judicial se abrió la indagatoria J/21/2018  y el lunes 9 de abril de 2018 se registró su primer resultado. Ese día la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal decretó la suspensión temporal de la oficial administrativa Miriam Lizbeth Santana Mancilla. Hasta el momento es la única de seis funcionarios denunciados que ha recibido una sanción.

El 7 de febrero de 2017 una denuncia anónima ponía en alerta a la Procuraduría General de la República. Se trataba de una acusación en contra del abogado Juan Gabriel Jaimes Jaimes a quien se le señalaba por solicitar 500 mil pesos para favorecer a una persona en la resolución de un juicio. La petición económica radicaba, supuestamente, en que el abogado podía simplificar el proceso por pertenecer a una red establecida en diferentes juzgados.

Según la denuncia, Jaimes Jaimes no actúa en solitario, ya que trabaja presuntamente con Eugenio Ortega Velázquez, David Quijano Aguirre, Luis Reynoso Escamilla y Habacuc Estrada Mata; Mercedes Abarca Lara, Irma Padua Valdez, Luz María Sánchez Díaz y Lizbeth Santana Mancilla, quienes, a decir del denunciante anónimo, accedieron al Poder Judicial en 2008 por instrucciones de Guillermo Ortega Moreno, a quien se señala como compadre de Zhenli Ye Gon y los cuales, a su vez, son apoyados por Leticia Ramírez Salgado.

El modo de operar de la red, se refirió en la denuncia, consiste en ofrecer asesoría jurídica o asumir la defensa de personas procesadas a las cuales sólo simulan defender para después desentenderse. En la denuncia también se expone que Juan Gabriel Jaimes Jaimes tomó la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, exlíder de la organización criminal de Los Zetas.

La denuncia advertía un escenario: al abogado presuntamente ya se le había denunciado, pero todas las indagatorias terminaban en archivo por las supuestas relaciones que mantiene con la PGR y con el PJF. Ante ello, la procuraduría inició la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0000507/2017 en la cual actualmente se realizan diligencias para la comprobación del delito de cohecho.

Hasta diciembre de 2017, la PGR no contaba con el soporte documental de origen y destino de los recursos recibidos del 1 de enero de 2008 al 15 de marzo de 2017de las cuentas bancarias abiertas a nombre de las personas señaladas en la denuncia, por lo que la Unidad Especializada en Análisis Financiero todavía no estaba en posibilidades de pronunciarse respecto de los depósitos y retiros efectuados en dichas cuentas. La investigación sigue en marcha, pese a las presiones que se registraron para que ésta no continuara, revelaron fuentes a ejecentral.

Para la oficial administrativa Miriam Lizbeth Santana Mancilla, quien actualmente se encuentra suspendida, no es la primera ocasión que enfrenta un problema. De acuerdo con su expediente personal en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, la funcionaria fue denunciada desde agosto de 2016 a septiembre de 2017 por comerciar alimentos dentro del juzgado, lo cual está prohibido por los artículos 942 y 943 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En tanto que el 10 de octubre de 2003 se le levantó un acta administrativa por extraviar el oficio 15539/2003. Además, el 14 de febrero de 2017 se le notificó por omitir sus registros de entrada y salida de ingesta de comida durante el periodo del 1 de diciembre de 2016 al 18 de enero del 2017.

Ante tal situación, la funcionaria sancionada argumentó que debido a su segundo periodo de vacaciones que corrió del 3 al 17 de diciembre de 2016 no había registrado sus ingresos y salidas. Mientras que del 18 de diciembre de 2016 al 2 de enero de 2017 al cubrir dos mesas de trámite prescindió de su horario de comida. Sobre los demás días fundamentó que desconocía el hecho por el cual no se habían registrado sus entradas y salidas, ya las realizó como está estipulado en el Sistema Integral de Registro y Control de Asistencia (SIRCA).

Sin embargo, en otro oficio, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, determinó que luego de recabar información se advertía que no era cierta la aseveración de la servidora. Ahora, Santana Mancilla está suspendida por su presunta amistad con los abogados Juan Gabriel Jaimes Jaimes y José Luis Martín Pineda.

En el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, los casos eran de peso. Ya que ahí se procesaban casos como el de lavado de dinero en contra del exgobernador Guillermo Padrés; la última fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, así como el proceso de Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de importar precursores químicos para el crimen organizado.

“Desde el 22 de agosto de 2018 dicho juzgado cesó funciones y se transfiguró como Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, según el mandato el acuerdo general 26/2018 del Consejo de la Judicatura Federal”.

Asimismo, por mandato de un acuerdo emitido el pasado 10 de octubre de 2018 por el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente del Consejo de la Judicatura Federal se ordenó una “visita extraordinaria de inspección” al ex Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales. La visita sigue su curso y en ella se podrán presentar las quejas administrativas, escritas o verbales, en contra de los servidores de dicho ente judicial.