Antonio Sosa Valencia debió sentirse congratulado por la visita presidencial a su Álamo Grande. O de quien sea. Una especie de respiro para él cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda (UIF), investiga sus cuentas y las congela por estar presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, específicamente lavado de dinero. Algunas por lo menos. Las de sus cines —o de quien sean—, aunque estos sigan operando quién sabe cómo.
Lea: UIF bloquea cuentas bancarias de operadores del Cártel de Sinaloa en Culiacán https://bit.ly/3ky1z6T
Hace más de una década, durante una visita de Felipe Calderón a Culiacán, el entonces presidente se hospedó en el hotel Lucerna, el mismo que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez que pernocta aquí.
Ríodoce había obtenido informes de inteligencia militar que documentaban una investigación del Ejército Mexicano a los propietarios de dicho hotel, por presuntamente estar involucrados en actividades ilícitas. Publicamos entonces una nota en portada que titulamos “El huésped ingenuo”. El hotel había sido convertido en una fortaleza por el Estado Mayor Presidencial (EMP), impenetrable, como debía ser, pero en la nota criticábamos que el EMP, si se enteró, no haya advertido al presidente de la investigación que estaba en curso, fueran ciertos o no los indicios.
Calderón, ha de recordarse, había declarado su guerra al narco y en todo caso podía verse como una incongruencia hospedarse allí.
La administración del hotel, recuerdo, nos envió una carta donde se deslinda de actividades ilícitas, que Ríodoce publicó atendiendo a su derecho de réplica. Y nunca supimos que investigación alguna en su contra haya avanzado.
Pregunté a personal del gobierno del estado quién había elegido Álamo Grande para hacer el evento de supervisión de la obra del dren Bacurimí con la cual se pretenden evitar más inundaciones, y la explicación que me dieron es que el gobierno federal tiene inversiones en el revestido del canal. Y que por eso. También pregunté si no había otros tramos con condiciones para hacer el evento y me dijeron que sí, pero que se eligió ese tal vez por seguridad.
Y eso sí, tiene mucha seguridad. Allí, en el centro de eventos del residencial, se llevó a cabo la boda de Grisel, hija del Chapo Guzmán y de Griselda López Pérez. Seguramente también ellos eligieron ese lugar por seguridad.
Desde el año pasado y en 2020, la UIF ha estado anunciando acciones contra el lavado de dinero. Ha congelado miles de cuentas de empresas y personas ligadas o presuntamente ligadas a los cárteles de la droga, sobre todo al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Refiriéndose al de Sinaloa, la UIF, ha dicho que ha encontrado indicios, sigue pistas y ha congelado cuentas de la familia Zambada, la familia Guzmán y Rafael Caro Quintero. Y que ligadas a estas actividades ilícitas, por operaciones bancarias “inusuales” que ha encontrado, están algunas empresas del empresario de Mocorito y de algunos de sus familiares directos.
No se sabe en qué van a parar las pesquisas de la UIF contra el administrador del Grupo Anjor, –que se anuncia como un conjunto de empresas de diversos giros, entre ellos la construcción, el agropecuario, de asesoría, hotelería, entretenimiento e inmobiliario, donde se encuentra Álamo Grande–, pero el seguimiento es un hecho.
Durante una visita a Sinaloa para firmar un convenio con el fin de crear la Unidad de Inteligencia Financiera Patrimonial con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, adelantó que recientemente se habían congelado cuentas de cinco empresas de Sinaloa “por vínculos con la delincuencia organizada”, pero no quiso decir más.
Esta visita de Nieto fue el 18 de marzo; para el 31, la UIF ya dio más detalles y uno de ellos fue que una de las empresas ligadas al lavado de dinero tiene en Culiacán una cadena de cines y que el representante legal de dicha empresa lo es también de una constructora.
La UIF no aclara quiénes, pero dice en su informe que al menos cuatro de las personas a las que se les da seguimiento, están ligadas al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Bola y cadena
ES DECIR, QUE DENTRO DEL GOBIERNO ESTATAL y del federal, tienen pleno conocimiento de las investigaciones que la UIF realiza en torno al Grupo Anjor y su representante legal, Carlos Antonio Sosa Valencia. La pregunta es por qué, entonces, llevan al presidente a un predio que mañana o pasado podría verse envuelto en historias relacionadas con el narcotráfico. ¿Quién coordina realmente las giras de López Obrador? ¿Ingenuidad del gobernador y del EMP? Lo dudo. Quirino Ordaz viene de atrás, desde el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, tiempos en los que Sosa Valencia hizo florecer su emporio.
Sentido contrario
DESDE HACE SEIS AÑOS –julio de 2014–, cuando nos dimos cuenta que México tenía uno de los índices de obesidad más altos del mundo y era primer lugar en obesidad infantil, Ríodoce fundó el suplemento GULA, con el fin de tratar en sus páginas el tema de la obesidad desde los más diversos enfoques, –como el qué come la gente, el análisis de productos chatarra, enfermedades derivadas– incluido el sexual, con las colaboraciones del doctor David Uriarte. GULA ha sido un éxito desde entonces, aunque por cuestiones financieras dejamos de hacerlo como suplemento pero manteniendo los temas en nuestras páginas. Ahora vemos con mucha tristeza que todo aquello que advertimos desde el nacimiento de esa iniciativa editorial está causando tantas muertes con la pandemia.
Humo negro
SEIS MESES TARDÓ HUGO LÓPEZ-GATELL para reconocer que el uso generalizado de cubrebocas puede disminuir sustancialmente los contagios del SARS-CoV-2. ¿No lo sabía, no lo creía o cuál es la explicación que puede valer después de más de 50 mil muertes originadas por la pandemia? Todavía no es posible hacer un balance de cómo el gobierno ha estado conduciendo al país en medio de esta calamidad, pero este es un yerro del subsecretario que cargará toda su vida.
Columna publicada el 09 de agosto de 2020 en la edición 915 del semanario Ríodoce.
