El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el ajuste al presupuesto de 2019 y contra la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos.
La Ley Federal de Remuneraciones establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, es decir, 108 mil pesos mensuales, publicó Animal Político.
En un comunicado indicó que el Instituto ha ejercido el presupuesto que se le asigna cada año atendiendo a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público.
#ComunicadoINEGI Posicionamiento respecto al presupuesto de egresos de la Federación para 2019 y la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos. https://t.co/9Y41HMhF4t pic.twitter.com/OZi6bNZg31
— INEGI (@INEGI_INFORMA) February 14, 2019
Señaló que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el sistema nacional de información.
El Inegi refirió que la controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica.
“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”.
El Inegi realizó ajustes en proyectos de información, prestaciones y salario de personal, tras no obtener los recursos presupuestales que solicitó para este año.
El Instituto solicitó para 2019 un presupuesto de 17 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le asignó 12 mil millones, monto menor al que proyectaron para su operación en 2019. Debido a este menor presupuesto, el Inegi eliminó 14 proyectos estadísticos este año.
Si bien el monto total asignado en este 2019 para el Inegi —12 mil millones— es un monto superior a lo que recibieron el año pasado —7 mil 778 millones—, el organismo público autónomo tiene este año a su cargo los censos, por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17 mil millones de pesos para cumplir con esas funciones que implican más recursos.
Respecto a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señaló que la controversia es porque “adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.
“La interposición de la demanda de controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país”, detalló.
El organismo dijo que avala y reconoce la voluntad del gobierno así como de la Cámara de Diputados, de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos.
Ayer, la segunda sala de la SCJN desechó los recursos de reclamación presentados por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión en contra de la resolución que suspende la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones.
Resolvió que de revocarse la suspensión, se podrían vulnerar de manera irreparable derechos fundamentales de los servidores públicos.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Orador dijo que el gobierno no dará marcha atrás en su plan de austeridad a pesar de la decisión de la Corte.
“No vamos a modificar nuestro plan, se reducen los sueldos de los altos funcionarios”, afirmó López Obrador.
Sostuvo que aquellos que están solicitando que se mantengan esos sueldos “deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza haya esas extravaganzas, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión respetando la autonomía del Poder Judicial”.
Asimismo, López Obrador se pronunció por la renovación en los órganos reguladores autónomos, pero descartó impulsar una reforma constitucional para eliminarlos.
Calificó de “leguleyos” a los integrantes del gobierno paralelo que “creó una constelación de órganos autónomos en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular, como ocurre en el caso del INAI, que cuesta mil millones de pesos, y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de éstas”.
