Hospital Pediátrico: La transición del enfermo crónico


Fue en septiembre de 2017 cuando comenzó a mostrar síntomas de enfermedad severa. El Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS) “doctor Rigoberto Aguilar Pico” funcionaba con el día a día. Desde un estudio clínico simple a uno especializado, o una operación “electiva” o un tratamiento de cáncer, sacaba adelante las labores diarias.

El nosocomio necesita alrededor de un millón de pesos diarios para poder operar las 128 camas y su ocupación al 102.75 por ciento. Y día a día, los proveedores fiaron al “Hospitalito”, pero en diciembre se terminó y ahí comenzó el desabasto de lo particular a lo general.

Pasó septiembre y poco a poco algunos servicios comenzaron a ser suspendidos, al grado en que hoy día el Gobierno Estatal presume un rescate financiero. Inyectó 4 millones extraordinarios para sufragar medicamentos y otros insumos, anunció el Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Pero el problema alcanzó su clímax con un subejercicio presupuestal.

En 2015 un recurso por 15 millones de pesos y en 2016 por 16 millones nunca llegó a las arcas del HPS, y aunado a que los Servicios de la Salud de Sinaloa buscaron desde febrero el cambio de figura legal del nosocomio, los problemas que atraviesa van más allá de lo financiero.

Dan fe de ese problema no solamente los estados financieros del HPS, sino el testimonio de la junta de médicos, quienes a través de uno de sus voceros explican parte del origen de la crisis e incertidumbre que actualmente golpea al nosocomio.

“El Congreso local asignó una cierta cantidad al Hospital en 2015 y 2016. El Gobierno, (a través de) la Secretearía de Administración y Finanzas del sexenio pasado no nos dio 15 millones en un año, en 2015 y otros 15 ó 20 millones en 2016, es decir, recursos etiquetados para el hospital, la Secretaría de Finanzas no los entregó. Eso es ilegal”, señala el vocero.

“Si esos millones de pesos nos los hubieran dado, no tendríamos deuda empezando este sexenio, la deuda que empezamos fue de 30 millones, 15 y 16. Entonces hablan de malas administraciones, malas administraciones de dónde, por qué, cuáles. Creen que nosotros nos robábamos las torundas, que nosotros nos robábamos los medicamentos y los sacábamos para nuestros pacientes privados”, añade.

Pero el trabajo al interior del hospital continuó. Carencias y más carencias y a eso se le suma la incertidumbre de trabajadores que no cuentan con base. Con el cambio de figura legal del HPS, sus contratos pueden desaparecer y ese es el temor.

En 2014 se acordó darles certidumbre a esos contratos con una llamada “categoría C”, y a cuatro años de distancia esa categoría no sólo dejaría de ser respetada sino eliminada del mapa con el cambio de “administración”: ahora dependerán de los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS), el mismo OPDL que desde ese mismo año atraviesa una crisis similar en bases a trabajadores.

Y en ese sentido van las quejas de la planta laboral del nosocomio. Ni en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE) ni en los SSS les responden sus inquietudes. Y de ahí parte otro frente para el trabajo bajo protesta.

El secretario de Salud, Alfredo Román Messina, señaló que “por instrucciones del Gobernador se garantizarán los derechos de los trabajadores, pues en el decreto de la extinción de la OPDL, se garantiza que todos los trabajadores pertenecerán por siempre al Estado hasta su jubilación o fallecimiento, y todos aquellos trabajadores que requirieran eventualmente ser basificados, se les concederá con el mismo sindicato al que actualmente pertenecen”.

El decreto

El viernes 3 de febrero de 2017 se publicó el decreto número 88 en el Diario Oficial (DOF), en el cual el gobernador Quirino Ordaz extingue la figura jurídica administrativa del organismo público descentralizado denominado “Hospital Pediátrico de Sinaloa”, para formar parte de los Servicios de Salud, abrogando la Ley del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Creado en julio de 1983, el Hospital Pediátrico de Sinaloa nació como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ahora, los bienes y recursos que se generen del mismo pasarán a manos de la Secretaría de Salud, señalada desde hace más de siete años como una de las más turbias en el manejo de recursos del Gobierno Estatal.

La recién abrogada Ley señala que el patrimonio se conforma de los bienes muebles, inmuebles y recursos que actualmente posee el hospital y los que le destinen los gobiernos Federal y del Estado, así como los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera deberán implicar condiciones que deformen los objetivos de esta Institución.

Pero también las cuotas que recauden por sus servicios y los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal. Según los estados financieros del HPS, en 2016 obtuvo producto de cuotas y servicios 130 millones 204 mil 999 pesos, dinero que ya no podrá cobrar con el cambio de figura legal.

Ahora es cuestión de tiempo. Lo único que piden los trabajadores del “Hospitalito” es certidumbre legal.

“¿Tú crees que eso queremos para los siguientes sexenios? Ya, ya la sufrimos mucho. Queremos que quien llegue a sentarse en la silla del director tenga un hospital que pueda manejar, que pueda mantener los estándares, que no le falte nada al niño, que los trabajadores estén cubiertos en su estabilidad laboral y que nos proyectemos a ofrecer mejores servicios y de mejor calidad con miras a un hospital de alta especialidad”, señala el vocero.

“Eso es lo que a resumidas cuentas queremos. Ya no queremos estar con estos gafetes de protesta, ya, ya, ya. Creo que no lo merecemos porque este hospital lo constituimos médicos, enfermeras y sus trabajadores y este hospital lo hemos hecho en 30 años dicho personal”, concluye.

Artículo publicado el 18 de febrero de 2018 en la edición 786 del semanario Ríodoce.

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