Acusados y acusadores en los juicios sobre corrupción contra malovistas están atrapados en la imposibilidad de encontrarle la cuadratura a un círculo. Hay cautela de los dos lados, a pesar de que ambos saben que es imposible salir bien librados de la situación, resultarán marcados por la imposibilidad de colocar un cuadrado dentro de una circunferencia.
Ni quienes tienen orden de aprehensión, ni los vinculados a proceso desean convertirse en los “chivos expiatorios” del sexenio para cubrir el expediente abierto por corrupción. Independientemente, claro, de la culpabilidad que tengan en la acusación que tratan de acreditarle en la carpeta de investigación. O en otros asuntos del servicio público hasta ahora no revelados.
En cuanto a la Fiscalía General de Juan José Ríos igualmente está atrapada, no solo se juega la credibilidad en un proceso judicial por demás pantanoso, sino que un revés en los casos que va presentando al juez la pondría en ridículo.
Los acusados hasta ahora no son de una relevancia notoria, excepto Ernesto Echeverría, encargado de Salud con López Valdez —Rafael Lizárraga también tenía rango de Secretario, pero su caso apenas pinta hasta ahora. Ahí radica justamente la preocupación de los funcionarios de los escalones bajos, directores de área, coordinadores, conociendo un sistema judicial por demás amañado, y que responde más a la política que a la investigación técnica.
La parte acusadora, por su lado, no parece contar con una estrategia integral de cómo enfrentar los casos. Si piensa que puede ver por separado la acusación a Luis Ángel Pineda, el amigo de Malova y con un puesto menor en dos secretarías, y el de Ernesto Echeverría que está respaldado por grupos de poder, está durmiendo en la ingenuidad. Obviamente hasta ahora no encuadran judicialmente en uno solo, y tendrán que verse por separado ante los jueces, pero a la hora de las explicaciones todos serán uno solo y ahí es donde se contarán sus éxitos o fracasos.
Algo pasa en la carpeta de investigación que integra el equipo de Ríos Estavillo si uno de los acusados termina por darles una lección a los ministerios públicos sobre dónde buscar. José Luis Martínez, encargado del enlace administrativo de la Secretaría de Turismo —que enfrenta la acusación de ejercicio indebido del servicio público— dijo que no habían seguido la ruta del dinero en el caso de los 8 millones supuestamente destinados a una campaña de promoción. No citaron, les dijo, a quienes cobraron los cheques que se generaron y que resultan ser familiares de Luis Ángel Pineda, el Secretario Técnico en Turismo.
Margen de error
(La clave) Pero la clave no está en Luis Ángel Pineda ni en José Luis Martínez, o en Rafael Lizárraga —a menos por supuesto que cualquiera de ellos decida explayarse ante el juez y presentar pruebas para deslindarse de las acusaciones, que es sumamente remoto— y ni siquiera en Ernesto Echeverría que tendrá que responder por sus propios cadáveres en la Secretaría de Salud. Hasta ahora queda claro que los dejaron solos en esto, aunque les proporcionen abogados como respaldo.
La clave para desentramar la madeja está más arriba, su nombre es José Luis López Montiel.
Con el encargado de la Unidad de Inversiones convergen todos los puntos de un sexenio que desde sus inicios arrancó herrado con la marca de la corrupción. Por eso errar y herrar no es lo mismo. Los acusados van herrados y los acusadores errados.
Primera cita
(Conexiones) Otra pieza clave y que igualmente converge con López Montiel es José Luis Sevilla. El encargado de las Obras Públicas pensó que al curarse en salud ante el Congreso días antes de dejar el cargo sería suficiente, pero él debe contar con información suficiente para integrar averiguaciones de gran calado que hasta ahora el gobierno de Quirino Ordaz no ha emprendido, ni menos la Fiscalía de Ríos Estavillo.
Mientras no se toque a López Montiel, la Auditoría Superior, la Fiscalía, la Secretaría de Transparencia —todo el gobierno de Quirino Ordaz, el Congreso y la oposición— estarán dando vueltas en círculo. Errantes.
Deatrasalante
(Ingenuidad) Desde hace 30 años un presidente de México no nombra a su sucesor. Miguel de la Madrid, último caudillo enclenque de la silla presidencial, seleccionó en 1987 a Carlos Salinas como candidato del PRI, que en aquel entonces equivalía a tocar con el dedo índice al próximo presidente. Fracturó al PRI y surgió la Corriente Democrática que aglutinaría a la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas, pero no se equivocó en cuanto a nombrar a un verdadero caudillo del Revolucionario Institucional que tres décadas después sigue siendo figura de peso en el poder.
Salinas a su vez intentaría cumplir el ritual de destape pero un par de balas le descompusieron todo el entramado. En unos meses el México salinista calló como un castillo de naipes. Ernesto Zedillo no seleccionó a nadie, pero el candidato del PRI, Francisco Labastida, perdería la Presidencia por primera vez y el retrato de Zedillo como primer priista fue a dar a la basura.
Vicente Fox, en la era panista, no logró poner a su favorito Santiago Creel. Tampoco Felipe Calderón, a quien la muerte le arrebató a su alter ego, Juan Camilo Mouriño.
Enrique Peña Nieto no está entregando La Herencia —como bautizó Jorge Castañeda al ritual de sucesión en la presidencia mexicana—, porque entonces no sería José Antonio Meade el elegido. Envolvió su decisión como si se tratara del renacimiento del añejo ritual priista, con recorrido por la CTM, CNOP y CNC donde vitorean al destapado (PUNTO)
