Gobierno de ocurrencias

Alma Alcaraz. Gobierno desordenado.
Alma Alcaraz. Gobierno desordenado.

“Si las cosas continúan así en el manejo del dinero, el sexenio va a terminar mal”: Alma Alcaraz 
Con cuatro denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por afectaciones a la hacienda federal en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, y una promoción ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por retener impuestos de los trabajadores del Estado, el gobierno de Mario López Valdez corre presuroso hacia el descarrilamiento.
Sin controles administrativos y sin una estrategia política, la administración de Malova es percibida como un cúmulo de “ocurrencias, una, tras otra”, consideró la analista en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, Alma Alcaraz Hernández.
Luego de presentar un análisis del Informe de Resultados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en Sinaloa, durante el ciclo de conferencias “Las Cuentas Claras”, organizado por el Periódico Noroeste, la también ex diputada federal criticó la incapacidad de los funcionarios estatales que pudieran ser víctimas del desconocimiento, o protagonistas de actos premeditados de corrupción.
“Yo en lo personal, no había visto esto en los sexenios anteriores, eran dos o tres (dictámenes) los que salían negativos, la mayoría eran dictámenes limpios, pero tener 12 dictámenes y ninguno limpio, realmente es sumamente extraño y nos habla de un mal manejo administrativo”, enfatizó Alcaraz Hernández.
De acuerdo a la información expuesta por la analista, en la revisión al gasto federalizado del 2010, la ASF presentó una denuncia de hechos al encontrar que se comprobó el gasto de 302 mil 700 pesos con facturas que habían sido previamente canceladas por el proveedor.
En el 2011, llegó la segunda denuncia de la ASF cuando se detectó el pago de 113 mil 837 pesos a dos médicos especialistas que, sin embargo, no acreditaron la especialidad médica.
El gobierno de López Valdez incrementó los procesos penales en su contra en el 2012, con desvíos de recursos en los programas Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).
Como lo constató Ríodoce en sus ediciones 580 y 582, del 9 de marzo y 23 de marzo, con los recursos del programa federal Seguro Popular, el gobierno estatal organizó una posada, en la que gastó 241 mil pesos; reportó la entrega de medicamento por 55 millones de pesos pero no lo justificó y se realizó el pagO de 145 mil 250 pesos a tres comisionados sindicales.
En el área educativa, los recursos del FAEB se usaron para pagar 18 millones de pesos de nómina a cinco mil trabajadores; 21 millones de pesos se fueron en el pago a comisionados sindicales y además, el estado se inventó seis categorías de puestos inexistentes

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