Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han adjudicado de manera directa el 74 por ciento de las obras, proyectos y contratos, dio a conocer la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“En 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18 por ciento del total de contratos, mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7 por ciento y la adjudicación directa en el 74 por ciento de los casos”, señala.
Como ejemplo de las adjudicaciones directas señala tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y desarrollo del plan maestro para la construcción del Tren Maya por un total de 90 millones 870 mil pesos, otorgados el 19 de marzo de este año.
“La razón dada por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a por qué se habían adjudicado dichos contratos fue que la dependencia tenía ‘atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos'”.
En base a la información publicada en Compranet, añade que también encontraron que el 24 de enero de 2019 se informó la compra por parte de una filial no paraestatal de Pemex de 671 pipas para transporte de combustible por un total de 1 mil 765 millones de pesos mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.
“Estas adjudicaciones no son la excepción. En los 116 días que lleva este gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la constitución y sus principios –eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- y sus leyes secundarias”, cuestiona.
“Según Compranet –página oficial del Gobierno Federal- durante 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18 por ciento del total de contratos (28 mil 458) mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7 por ciento y la adjudicación directa en el 74 por ciento de los casos. Desde el arranque del actual Gobierno, se ha optado por el método de asignación para las obras más importantes”.
Dicho ejercicio dijo “contraviene las leyes en la materia que establecen que, salvo en los casos expresamente previstos en las mismas, se impide la adjudicación de contratos a un particular para la construcción (o actividades relacionadas) de un proyecto de infraestructura y que ésta debe estar respaldada por un dictamen previo y por escrito en donde se justifique la excepción correspondiente”.
Otro ejemplo de obras otorgados sin licitación, mencionó la construcción de las pistas y terminal de Santa Lucía que realizará el Ejército.
“Para la construcción de la Refinería de Dos Bocas se dispuso la invitación restringida a cuatro empresas que, por lo demás, tienen en sus expedientes cargos por presuntos actos de corrupción. Desdeñando estos cargos la Secretaria de Economía afirmó que ‘la selección no se hizo basada en que son la Madre Teresa de Calcuta, pues ninguna empresa constructora en el medio puede estar tan limpia””, indica
En lo que va de la administración Pemex ha adjudicado -por invitación restringida- al menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos, según datos del portal de Pemex Exploración y Producción. Dichos contratos corresponden a servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex.
“Este patrón de comportamiento se ha justificado con base en argumentos ad hoc de emergencia nacional, urgencia, prisa, sostener el ‘ritmo de la nueva estrategia del Gobierno por acelerar la producción nacional o, incluso, en la afirmación del Presidente de que ¡actuamos de esta manera porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, capacidad económica y, sobre todo, que no sean empresas con dimensión ética”, menciona MCCI.
“Creemos en el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción en todos los ámbitos del gobierno, en el uso transparente y eficaz de los recursos públicos y en su determinación de que los funcionarios de su administración se conduzcan con base en la ética y la honradez. Para ello hace falta ir acotando los espacios de discrecionalidad en las áreas más sensibles al desvío o mal uso del presupuesto”.
La asociación civil menciona que los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes tanto en compras gubernamentales como en infraestructura. México contempla esta práctica tanto en la Constitución (art. 134) como en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas.
“Esto contraviene las leyes en la materia que establecen que, salvo en los casos expresamente previstos en las mismas, se impide la adjudicación de contratos a un particular para la construcción (o actividades relacionadas) de un proyecto de infraestructura y que ésta debe estar respaldada por un dictamen previo y por escrito en donde se justifique la excepción correspondiente”, detalla.
