El contingente femenino, principalmente, partió de la calle Ignacio Zaragoza, justo en la misma esquina en donde dos meses antes desapareció el vendedor de discos piratas, Roberto Corrales Medina, el Chacharitas.
Marchó hasta el centro de la ciudad colonial, dobló a la derecha en la calle Benito Juárez y luego a la izquierda, en la calle 5 de Mayo. La marcha de unas 50 mujeres se apostó frente al palacio de gobierno, a la espera de que el alcalde Marco Vinicio Galaviz las atendiera. No salió el Presidente municipal, pero sí su Oficial mayor, Héctor Manuel Robles Valdez, segundo hombre en importancia de la administración municipal, así como el jefe de policía, Luis Ángel Zazueta, y el asesor del alcalde, Rubén Vega.
Impávidos, escucharon a las mujeres. Y conforme avanzaron las historias de ellas, una oración se acuñó: “La policía se los llevó, que la policía los regrese vivos”.
Y una acusación tomó forma: “Fue el comandante Santos”. Y una adscripción también: “Estaba en Mochicahui”.
A los funcionarios municipales la piel se les enchinó, y se tornó de gallina. Secretaron. Recobraron el aplomo, pero la voz ya se les había ido, y sus hombros se habían encogido.
Las denuncias continuaron. Y fueron más allá. Cada una de ellas dijo su verdad. Ya no querían el silencio, porque por prudencia lo llevaron durante meses.
Mirna Nereyda Medina Quiñónez dijo que sospecha de que la policía se llevó a su hijo Roberto, el 14 de julio. O bien, si no participaron en la privación de la libertad, sí lo hicieron por omisión o complicidad, porque no actuaron.
Ahora, ella que le ha puesto nombre, apellido y cargo a sus sospechas, está amenazada de muerte. Con un anónimo le exigen que pare su búsqueda, o si no, será la próxima en la lista. No se amilana, porque dice que a su hijo le prometió encontrarlo, y que no lloraría más por él, sino que lo buscaría. En él está su fortaleza.
Rosa Delia Vázquez, madre de Román Alberto Soto Vázquez, desaparecido en medio de un operativo policial cerca de La Constancia, exige que su hijo sea aparecido, y condena la brutalidad policial que priva en Ahome y El Fuerte, ambos municipios en donde la policía condenó a una generación de jóvenes.
En su caso, ya hay tres policías de Ahome detenidos por desaparición forzada, pero para ella es insuficiente. Quiere a su hijo, y no parará hasta encontrarlo. Si es necesario salir del Estado, lo hará, y si es también del país, también lo haría.
Alva Alicia Ibarra Cota y su esposo Bernando Gutiérrez Fierro también marcharon para exigir que su hijo, Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra sea regresado a casa.
Desapareció cuando iba a una fiesta de los policías que resguardaban al alcalde, Eleazar Rubio Ayala, el 24 de enero del 2013.
Ellos son parcos, y dicen que su lucha es en silencio. Por eso poco hablan, pero también saben que la policía está involucrada en su caso.
Yesenia Lizeth Torres Ramos, perdió a su hijo cuando fue subido a la fuerza a una patrulla de la policía municipal.
Jorge Alberto Ramos Ruiz, de 38 años, a la última persona que pudo haber visto fue al comandante Santos, porque éste fue el que se lo llevó.
El mecánico Arnoldo Gómez Soto ya está próximo a cumplir un año que desapareció, en medio de una supuesta persecución policial, con agentes de encubierto.
Karla Gómez, la hermana que no ha parado de buscarlo, exige su presentación, y que la Procuraduría General de Justicia acelere el caso. No tiene respuesta.
Así, cada una de ellas habla, grita, se tambalea, se fortalecen entre sí, y se mantienen de pie. También están ahí Reyna Sera Escalante, María del Refugio Robles Orduño, Zachenka Urías Gil, Yesenia Lizeth Torres Ramos, Luz Isela Castro Soto, Oralia Vega Gaxiola, y sus familias. Todas tienen a alguien desaparecido.
Todas concluyen, están solas: la Procuraduría General de Justicia del Estado es muda para informar, y sorda para escuchar a los denunciantes; la Policía Ministerial del Estado y las policías preventivas están tullidas, incapaces de mover una mano para buscar a los desaparecidos.
Y también coinciden: “la orden de desaparecer a los jóvenes llegó de arriba, de muy arriba, del Gobierno del Estado”.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, condenó la pasividad de la autoridad para encontrar a los desaparecidos. “Lo que han hecho estos años es buscar que la gente se desanime, porque cada familiar que regresa a casa es un problema menos para la autoridad que investigue”.
Sin embargo, muchos mantienen, con todo el miedo y las amenazas, los ánimos para seguir.
Pidió organización y fortalecer los movimientos de personas con desaparecidos, para seguir “tocando las puertas que se cerraron, como la Procuraduría General de Justicia”.
E incluso arengó a ir más allá, a tribunales internacionales, para denunciar lo que ocurre en Sinaloa, y en especial al gobernador Mario López Valdez, porque es el responsable político de lo que ocurre en la entidad.
Martín López Félix, ex presidente de la Asociación de Abogados “Roberto Pérez Jacobo”, dijo que en el norte de la entidad hay una masacre de toda una generación de jóvenes, y el gobernador Mario López Valdez debe de pagar por ella”. Esa generación de jóvenes se perdió en fosas comunes, tumbas clandestinas y en muertos contados.
La PGJE ha dado una cerrazón a las demandas de justicia de los familiares con personas desaparecidos, lo que es lamentable.
Dijo que las marchas de mujeres con familiares desaparecidos deben de multiplicarse en Sinaloa, aunque el gobernador Malova no las pele.
El valor de salir a las calles a manifestarse, habla de que ya se le pierde el miedo a las represalias y al hostigamiento de la policía, consideró.
Los funcionarios, que escuchan, no pierden el hilo de las denuncias, ni la compostura.
Héctor Manuel Robles Valdez, el hombre de la administración, ofrece un espacio para que el alcalde las escuche. Será, dice, el miércoles por venir a las 11:00 horas. Ellas se quedan conformes.
Luis Ángel Zazueta, jefe de la policía, se desatiende de los casos anteriores, y asegura que desde su llegada puso filtros para detectar a los malos policías que se sobrepasan en sus funciones.
Atenderá todas las quejas y las solicitudes de apoyo para la búsqueda de desaparecidos, pues dijo, hay ocasiones de que internarse solas en el monte les traen más peligros.
En corto acepta que sí tiene un policía de nombre Santos, pero se niega a hablar más.
Dice que hay detalles que no puede revelar, pero sabe lo que está pasando.
Poco a poco la marcha se disuelve.
Las mujeres acuerdan retornar a palacio el miércoles, pero ahora con refuerzos.

Historias con dolor
El Chacharitas
A las 17:30 horas del 14 de julio, Roberto Corrales Medina, el Chacharitas, vio acercarse una Explorer negra. A su competidor en la venta de discos piratas le habría dicho que esos sí eran sus amigos.
Abordó la camioneta, y desde entonces desapareció. Su competidor se quedó sólo con el punto de venta.
El Chacharitas pagaba una cuota de piso de 500 pesos semanales a un agente del Ministerio Público y a un policía adscrito al grupo del comandante Santos, dice su madre, y aún así se lo llevaron.
Una camioneta similar le ha dejado anónimos en su negocio. Ella es la siguiente en la lista, amenazan.
Mecánico diabético
El mecánico Arnoldo Gómez Soto había tenido una relación sentimental con una policía que terminó mal. Desde entonces fue hostigado, al grado que su casa fue allanada en una oscura y fría noche.
Cuando desapareció, una pareja de policías de civil en un Atos blanco lo habían interceptado. También una patrulla. Fue por el rumbo de la presa. Desde entonces, sus hermanas y madre lo buscan. Ya casi cumplen un año de recorrer el monte.
El chofer oficial
Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra era chofer para asuntos foráneos del alcalde, Eleazar Rubio Ayala, de la esposa de éste, Vianney, y de los hijos de ambos.
El 24 de enero del 2013 fue invitado a una ágape con el grupo de policías de seguridad del alcalde fortence. Nunca más se le vio con vida. La camioneta que conducía, una Cheroke, fue encontrada desmantelada, tres días después.
La patrulla
La última vez que vieron con vida a Jorge Alberto Ramos Ruiz, de 38 años de edad, fue el 24 de octubre del 2013.
El comandante Santos lo subió a una patrulla, y desde entonces se esfumó. “Se esfumó y se esfumó”, dice su madre Yesenia Lizeth Torres.
Padre e hijo
Gabriel Heriberto Serrano Armenta y su hijo Ramón Blanco Vega desaparecieron el 4 de abril de este año, cuando sujetos desconocidos los obligaron a abordar un auto compacto negro.
Estaban por el camino de las Líneas. El caso fue denunciado, pero nadie actuó.
Los pescadores
Héctor Octavio Castro Soto y sus amigos, el Güero y el Paqui, nunca más aparecieron con vida, cuando camino a pescar a la presa desaparecieron. Sólo se marcharon y ya no regresaron.
A Héctor le había ocurrido lo mismo que a dos de sus primos, que también eran pescadores, Manuel Eduardo Robles Fierro y Jesús Humberto Ayala Robles, quienes simplemente se esfumaron de la tierra.
Don Ganadero
Gerardo Urías Germán, durante meses pagó una extorsión. Cuando se cansó, denunció el hecho a la Agencia Antisecuestros. Los policías especializados le dijeron que nada pasaría, que estuviera tranquilo.
En más de una ocasión denunció que lo seguían vehículos. Nadie, nunca, jamás, le hizo caso. Repentinamente fue secuestrado. Y desde entonces su paradero es un misterio. Los antisecuestros guardaron silencio. Y aún callan.
El músico
Alejandro López Serna salió a desayunar en una bicicleta. Y desde entonces la tierra se lo tragó. Nadie sabe que le ocurrió, pero su familia lo busca con desespero.
Igual que a todos.