Fiscalía, tras dos funcionarios más implicados en el colapso del tiburonario

JOSÉ LUIS ULLOA MIRANDA. Segundo implicado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que los fallos de las licitaciones para la construcción de dos etapas del Tiburonario fueron irregulares y llevó ante el Juez a dos de los entonces funcionarios de Obras Pública del Estado que avalaron el acta.

De acuerdo con las actas de fallo que señala la FGE, son cuatro los servidores públicos que avalaron las propuestas económicas y técnicas de las licitaciones LO-9254998-N55-2013 y LO-9254998-E12-2016.

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La Auditoría Superior del Estado estableció que las propuestas que resultaron ganadoras incumplían con las bases y con el reglamento de la Ley de Obras Públicas, por lo que debieron ser desechadas.

El primer ex funcionario detenido y llevado ante el Juez es Dionisio Sánchez Félix, ex Director de Control Administrativo; y el segundo, quien se presentó amparado, es José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos.

En la audiencia inicial de Dionisio, el Ministerio Público dio a conocer que estaba en calidad de coautor del delito de ejercicio indebido del servicio público por avalar las propuestas en las actas de fallo junto con otras personas.

Los fallos de los concursos de licitación también fueron firmados por Carlos Ramón López Castro, Director de Contratos y Armando Trujillo Sicarios, jefe del Departamento de Concursos y Contratos.

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inhabilitó por 90 días a López Castro por autorizar convenios de ampliación y montos superiores al 25 por ciento en dos obras.

El fallo de la licitación N55-2013 señalado por la Fiscalía, fue firmado el 13 de septiembre de 2013 a favor de la empresa Osuna Osuna Arquitectos por un monto de 18 millones 665 mil pesos.

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En ese concurso también participaron las empresas Construcción y Mantenimiento de Sinaloa con una propuesta de 16 millones 530 mil pesos; y grupo Constructor Pelícano con una propuesta de 17 millones 662 mil pesos, pero ambas fueron desechadas.

“Esta Secretaría, después de haber realizado el análisis cualitativo ele los requisitos técnicos-económicos, dictamina que el participante restante cumplió con los requisitos solicitados por esta Dependencia, dando como resultado que el participante calificó documentalmente”, menciona el documento.

El contrato con Osuna Osuna Arquitectos fue firmado el 17 de septiembre para la construcción de la tercera etapa del Tiburonario.

EL EXPEDIENTE.

El fallo de la licitación E12-2016 fue el 31 de mayo de 2016 a favor de la empresa Grupo Ecosistemas de México, que presentó la propuesta en forma conjunta con el contratista José Ramiro Burgueño Sánchez, por un monto de 13 millones 805 mil pesos.

En el concurso participaron Constructora Marli, Carlos Arturo Toala, Construcciones Sectsa, Mazurbalizadora y Maquisin con propuestas de entre 9 millones 285 mil y 13 millones 889 mil pesos, las cuales fueron desechadas.

El contrato con Ecosistemas de México fue firmado el 3 de junio de 2016 para la construcción de la etapa final del Tiburonario.
El jueves pasado, José Luis Ulloa Miranda, se presentó en el juzgado con un amparo para evitar ser detenido.

Lea: El Tiburonario, otro salpicadero malovista https://bit.ly/2RnUaYa

La audiencia inicial no se llevó a cabo debido a que el abogado defensor pidió plazo hasta el martes 6 de noviembre para revisar la carpeta de investigación.

Señaló que fue a las instalaciones de la FGE por la carpeta de investigación para analizarla antes de la audiencia programada a las 15:00 horas, pero fue imposible hacerlo debido a que son 20 tomos con más de 20 mil fojas.

El Juez concedió el plazo por lo que el martes el Ministerio Público formulara la imputación en contra el ex funcionario.

El ex Secretario de Obras Públicas José Luis Sevilla Suárez Peredo promovió un amparo contra una posible orden de aprehensión en septiembre pasado.

El ex funcionario no aparece en las actas de fallo pero sí es quien firmó los contratos con Sánchez Félix y López Castro como testigos.

El ex funcionario también fue inhabilitado el año pasado por suscribir convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato y por el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de la Zona Centro, sin contar con autorización para generar una obligación financiera de 78.8 millones de pesos.

La Fiscalía inició las investigaciones por denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Mazatlán y la Auditoría Superior del Estado.

El Tiburonario fue inaugurado por el entonces Gobernador Mario López Valdez en diciembre de 2016 y en febrero de 2017 colapsó.

De acuerdo con la FGE, el acrílico presentaba filtraciones de agua y se fracturó, y la construcción tenía fallas de cimentación.
En la audiencia de Sánchez Félix, el Ministerio Público dijo que el funcionario era parte del comité encargado del seguimiento de los concursos de licitación y responsable de evaluar las propuestas de las empresas participantes.

Los funcionarios que integraban el comité debieron desechar las propuestas de Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México, pero las avalaron y declararon ganadoras.

Sánchez Félix fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.

La situación jurídica de Ulloa Miranda será resuelta la próxima semana una vez que la Fiscalía presente al Juez de Control los datos de prueba.

Artículo publicado el 4 de noviembre de 2018 en la edición 823 del semanario Ríodoce.

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