Ex secretario de Turismo y ex subalterno culpan a el ‘Lapo’ del desvío de 8 mdp

 

PARA EL LAPO. Fiscalía pide 32 años de prisión.

El ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela; y el ex coordinador de Enlace Administrativo, José Luis Martínez Romero, pasarán de imputados a testigos de acusación.

En noviembre, los dos estuvieron en audiencias en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro en la silla de los inculpados y en los próximos meses volverán, pero ahora al lugar de los testigos.

Ambos estaban vinculados a proceso penal por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, junto con el ex Secretario Técnico Luis Ángel Pineda Ochoa.

Los tres ex funcionarios del Gobierno de Mario López Valdez fueron acusados de contratar sin licitación campañas de promoción turística que presumiblemente no se hicieron y pagar 8 millones 756 mil pesos.

Inicialmente, la Fiscalía acusó que Lizárraga Favela fue quien ordenó los pagos, Martínez Romero los revisó y Pineda Ochoa los autorizó.

Los tres fueron llevados ante el Juez de Control por la Fiscalía General de Justicia, pero una vez que la Fiscalía Anticorrupción entró en operaciones y tomó el caso, Lizárraga Favela y Martínez Romero quedaron absueltos luego de que les retiraron los cargos, mientras que Pineda Ochoa sigue en proceso.

En mayo pasado, en audiencias por separado, la Fiscalía solicitó al Juez sobreseer las causas penales de los dos ex funcionarios debido a que al continuar con las investigaciones complementarias no les encontró responsabilidad penal y mantuvo la acusación contra Pineda Ochoa.

RAFAEL LIZÁRRAGA. Acusado de ordenar pagos simulados.

En la audiencia intermedia de la causa penal de Pineda Ochoa celebrada el martes pasado, la Fiscalía ofreció a los otros dos ex funcionarios como testigos de cargo para el juicio oral.

Ambos ex funcionarios acudirán al juzgado para declarar contra Pineda Ochoa.

La Fiscal, Norma Rosario Neri Gutiérrez, también ofreció presentar las declaraciones que los dos ex funcionarios rindieron por escrito al Ministerio Público.

En su declaración escrita, Lizárraga Favela, presuntamente dijo que Pineda Ochoa le confesó: “no te voy a mentir, te voy a decir la verdad como caballeros, esas campañas no se hicieron, ese dinero lo saqué por órdenes superiores”.

Martínez Romero dijo en la declaración por escrito que Pineda Ochoa era quien administraba la cuenta de cheques y tenía poder para ordenar y hacer pagos.

Por solicitud de los defensores, el Juez Adán Alberto Salazar excluyó las declaraciones escritas como pruebas, debido a que no fueron rendidas ante un Juez, pero sí podrá acudir a rendir su testimonio a la sala de audiencia.

A su vez, la Fiscal pidió al Juez excluir a cuatro testigos que presentará la defensa como pruebas a favor del imputado, pero a pesar de su insistencia y las justificaciones, el Juez rechazó la petición.

Para el juicio oral también serán llamadas a declarar las auditoras de la Auditoría Superior del Estado que detectaron las irregularidades, la agente policial que realizó las investigaciones y la perito que hizo un peritaje contable.

Además la Fiscalía presentará las pólizas de 41 cheques, con las que pagaron las supuestas campañas a las empresas MLT Vacations y Can West.

Según la Fiscalía, los pagos se hicieron en cantidades menores a 300 mil pesos entre julio y noviembre de 2016.

En el juicio también presentarán la declaración patrimonial e inicial y los nombramientos que acreditan a Pineda Ochoa como servidor público durante el periodo en el que se realizaron los pagos.

El proceso contra Pineda Ochoa fue suspendido tras la audiencia intermedia, debido a que tramitó un amparo.

El juicio oral se llevará a cabo una vez que el Juez de Distrito resuelva el juicio de amparo.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ. Denunciado de haber revisado los pagos.

Durante la audiencia, la fiscalía pidió al Juez imponer como sanción la pena máxima de ambos delitos que en conjunto suman 32 años de prisión.

Por el delito de ejercicio indebido del servicio público solicitó una pena de 18 años y por el de desempeño irregular de la función pública 14 años; además de una multa de 800 días, equivalentes a 64 mil pesos.

Como reparación del daño, pidieron el pago de los 8 millones 651 mil pesos.

Después de que el Juez sobreseyó las causas de Lizárraga Favela y Martínez Romero, los abogados de Pineda Ochoa también solicitaron el sobreseimiento.

En una audiencia, los defensores alegaron que Pineda Ochoa fue acusado con los mismos datos de prueba que los otros dos ex funcionarios.

Acusaron que se estaba aplicando una justicia discriminatoria y selectiva.

El Juez rechazó cerrar el caso argumentando que hasta ese momento no tenía nada para afirmar que Pineda Ochoa no cometió los delitos.

El ex funcionario fue detenido el 21 de noviembre del año pasado en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Pineda Ochoa fue el primer malovista llevado a juicio.

El 27 de noviembre, el Juez de Control lo vinculó a proceso y concedió la libertad condicional. Como medida cautelar impuso el pago de una fianza de un millón y medio de pesos, acudir a ingresar sus datos al Juzgado cada 15 días y le prohibió salir del estado.

En la audiencia del martes el juez reiteró que continuarán las medidas cautelares.

Artículo publicado el 17 de junio de 2018 en la edición 803 del semanario Ríodoce.

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