“Estamos encabronados”, suelta de manera tajante uno de los comuneros de Santa María que desde hace meses decidió cambiar su residencia. También amenazados, agrega, porque en cualquier momento serán despojados de su patrimonio por las irregularidades que prevalecen.

Itinerante, acompañado de su familia va de El Rosario a Culiacán, no halla su lugar, y gasta lo que no tiene con la esperanza de que las autoridades cumplan con la indemnización que le corresponde.

Este rosarense dijo que ha recibido amenazas, unas directas, otras veladas, tanto de gente de Santa María como de los que cree, son emisarios de las autoridades, para que ponga un alto a sus denuncias.

Y así lo hizo por un tiempo, pero la suspensión de la obra por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a la tala de árboles y la falta del cambio de uso de suelo del Gobierno del Estado, lo puso en alerta de que el tema sigue caliente.

La supuesta calma en la que las autoridades quieren mantener, en el discurso, las negociaciones con los propietarios de los predios donde se construirá la presa, ya hizo brotar voces inconformes.

Pertenece a uno de los grupos disidentes que con residencia en Escuinapa, El Rosario, Concordia, Culiacán, Mazatlán, Nayarit e incluso en el extranjero, dicen sumar más de 200 voces en un solo sentido: obtener un precio justo por sus tierras.

Dice que no es el único, que son muchos los inconformes, que si las cosas fueran como el gobierno la pinta no habría dos amparos en proceso y uno ingresado ante la Procuraduría Agraria en Culiacán, ni habría tres grupos diferentes que por su lado demandan el pago de indemnización.

Tampoco habría aquellos que ya piensan en hacer movilizaciones, no sin antes recurrir ante representantes de Derechos Humanos para exponer su inconformidad.

Cuestionan, por qué si las cosas “están bien”, la Procuraduría Agraria se niega a dar información importante de las decisiones que han tomado los integrantes de la Mesa Negociadora, a la que no reconocen.

El grupo que sí está de acuerdo y que aún vive en Santa María, son poco menos de 50, expusieron, mientras que los que no lo están son mayoría y forman parte de un padrón que si bien no tienen personalidad jurídica, sí pueden señalar que quien firmó como su representante, legalmente no lo es.

El desacuerdo no es por la ejecución de la obra, acotaron, sino porque no se está respetando el pliego petitorio que entre tres grupos se acordó. Es latente la preocupación por el pago de las propiedades y la manera en la que se están asignando en la reubicación, expusieron, porque prevalece la ley del más fuerte.

Otra inconformidad es la oferta de trabajo que por el momento ofrece la constructora ICA a los locales, pues por jornales de más de ocho horas, dicen, se les ofrece 200 pesos al día, y al haber negativa por parte de los pobladores, optan por traer a su propio personal.

En reiteradas ocasiones, dijo, los grupos de inconformes han buscado de manera insistente una audiencia con el gobernador Mario López, pero éste se ha negado a atenderlos.

Y es que con la ocupación previa, nadie dice exactamente cuándo recibirán el pago por sus tierras. “Nosotros queremos que nos pague antes de empezar el proyecto, está en el limbo la promesa de cuándo nos van a pagar, sólo es la palabra del señor y sabemos que es mentiroso”.

Quieren que se les cubran los destrozos que hicieron con la instalación de campamentos, apertura de caminos, brechas y la llegada de maquinaria pesada, tal como lo asentaron en el pliego petitorio que desechó la Procuraduría Agraria.

“Esto, ¿en qué momento lo platicamos con el gobernador? Y ya lo están haciendo, están haciendo destrozos en donde hay huanacaxtles; nos hemos reunido con gente de la Conafor (Comisión Nacional Forestal), y ellos nos dicen que en esta zona hay maderas preciosas que Profepa protege”, indicaron.

Por lo pronto exigen que la Mesa Negociadora exhiba públicamente los montos que ha recibido de las autoridades, cuál ha sido su distribución y cómo los ha administrado, pues consideran que sería un punto de partida para transparentar el manejo e intervención de las autoridades.

Cronología

-2014, por primera vez alzaron públicamente la voz los disidentes

-Primer trimestre del 2015, Profepa suspende la obra por la tala de árboles y falta de cambio de uso de suelo

-Primer semana se mayo, es la fecha que ofreció la Unidad de Inversiones del Gobierno del Estado para obtener el documento, pero no obtuvo el trámite

-19 de marzo el gobernador Mario López Valdez dio el “banderazo” de inicio de la obra acompañado del hoy ex titular de la Conagua, David Korenfeld

-En 2016 estima la Unidad de Inversiones del estado reubicar a las familias desplazadas por la obra

-Enero del 2018 es la fecha prevista para que la presa Santa María se concluye.

Los números

3 mil 989 millones de pesos es el monto que anunció ICA que invertirá en la obra

120 metros de altura por 784 metros de largo medirá la obra

980 millones de metros cúbicos será la capacidad aproximada de almacenamiento

24 mil hectáreas de cultivo en los municipios de Rosario y Escuinapa serán abastecidos