La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló al Gobierno de Sinaloa por posibles irregularidades que alcanzan los 386 millones 759 mil 941 pesos sobre cuatro programas del rubro de educación, pero la Secretaría de Transparencia asegura que son solventables, porque se dieron por errores humanos.

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Guadalupe Yan Rubio quiso aclarar esas cuentas que, hasta que no sean modificadas por la ASF, siguen irregulares.

La titular de la Secretaría asegura que ya envió comprobantes y documentales para resolver las observaciones del organismo, pero que muchos de ellos no pudieron integrarse antes del reporte que se hizo público el 20 de febrero.

“Un día antes de que fuera el señor Gobernador (a la ASF) entregamos 269 con 88 millones, estos con oficio en mano”, dijo, pero para ese tiempo ya se había concluido el informe.

La Auditoría Superior de la Federación registró en el informe un posible daño a la Hacienda Pública por 386 millones 759 mil 941 pesos sobre cuatro programas relacionados con el rubro de educación.

Uno de ellos es el de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por 212 millones 689 mil 41 pesos.

La principal observación es el pago de 607 servidores públicos que no fueron localizados en sus centros de trabajo y de los cuales no se proporcionó la justificación de su ausencia.

Yan Rubio señaló que el caso pudo haberse evitado, pero que la metodología de la Auditoría no fue compatible con los procesos de cambios de adscripción de los funcionarios.

“A nosotros nos vinieron a auditar 2017, vinieron a fines de 2018, un año después, y los movimientos, los cambios de adscripción son muchos. Nosotros les pedimos a los auditores que nos dieran una relación de todos los trabajadores que iban a revisar, con el propósito de entregarles nosotros la información correspondiente, pero respetamos sus procedimientos, ellos dicen no, debe ser factor sorpresa”, dijo.

“Para cuando ellos fueron a revisar, y llevaban un marco de referencia, los trabajadores estaban en otros lados diferentes, y prueba de que existen los trabajadores, hasta estos mil 163, faltan 38 que todavía no le podemos decir si existen o no existen”.

La Secretaría localizó a los funcionarios y concentró los formatos únicos de personal, pero no se integró al informe, por lo que deberá comprobarlos en los 30 días naturales que da la Auditoría para resarcir las observaciones y que esta los acepte.

“Si del 50 por ciento que entregamos, el 50 por ciento pasó, quiere decir que las pruebas que entregamos son razonablemente correctas”, dijo.

La segunda observación de mayor peso fue un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 119 millones 500 mil pesos, por realizar aportaciones con recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2017 a la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando los Convenios Federales estipulan que las aportaciones se deben efectuar con recursos estatales.

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Esto sucedió porque la Universidad Autónoma de Sinaloa necesitaba pagar los aguinaldos de 2017 y recurrió a Gobierno del Estado, que abrió la bolsa de recursos para darle a la Casa Rosalina 119 millones 500 mil pesos.

Gobierno del Estado envió comprobantes de pago como soporte documental, asegurando que ello no implicaría mayor riesgo, pero la Auditoría Superior de la Federación los canceló.

Yan Rubio explicó que la observación se hizo porque los recursos que se aplicaron son de un programa llamado U080, de dinero federal, y que la mezcla financiera es al 100 por ciento de la Federación, cuyo objeto es gasto de Educación.

Sin embargo, debía usarse un programa denominado U006, que es una combinación de recurso estatal con federal.

“¿Qué pasó aquí?, la fuente de financiamiento para dar el pari passu estatal fue equivocada, fue algo equivocado. En lugar de esta cuenta de cheques, empezar a pagar gasto de Educación, debió haberse ido al U006, y del U006, o del U080, haberse pagado gastos de Educación”, indicó.

“Esta cantidad que se pasó de Gastos de Educación, es muy superior a los 119 millones 500, entonces, qué procede ahí, no es que haya daño patrimonial, no es que un recurso federal se registró como aportación estatal, pero fue un error humano, digamos, un error de contabilidad”.

Para resarcir el daño, la Secretaría de Transparencia logró que se aceptara una póliza de reclasificación, en donde se hará el cambio de la cuenta de cheques estatal a la de aportaciones U006.

“Es una póliza en la que nada más voy a reclasificar la fuente de financiamiento para el pago de gasto de Educación para la aportación estatal, es todo lo que tenemos que hacer, ya está soportado”.

Las constancias, formatos y la póliza serán entregadas en el periodo de 30 días que da la Auditoría Superior de la Federación da para resolver todos los pliegos de observaciones.

El organismo tendrá que revisarlo para comprobar si las pruebas son suficientes. Ese proceso durará 120 días hábiles, cuando le otorgue la revisión correspondiente a Sinaloa.

Artículo publicado el 3 de marzo de 2019 en la edición 840 del semanario Ríodoce.