Bajo el argumento de adelgazar el cuerpo gubernamental en atención a las políticas de austeridad, el Cabildo de Culiacán eliminó los Órganos Internos de Control (OIC) de las Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados (OPD), en sesión realizada el pasado miércoles 30 de enero.
“Esta medida va en contra de los principios de transparencia. Es un atentado contra el Sistema Estatal Anticorrupción”, señaló Francisco Manuel Mojica López, titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Y añadió: “Definitivamente es muy grave lo que están manejando los regidores de Culiacán en el Cabildo, ponen de manifiesto la ignorancia del proceso legislativo y la jerarquía de las normas, pero además considero que están atentando en contra del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que lejos de fortalecerlo con los OIC, lo están debilitando”.
En el decreto aprobado por mayoría por los regidores, se reforman y adicionan disposiciones del Reglamento de la Administración Pública del Municipio, y se establecen las bases generales de organización y funcionamiento de los Organismos Descentralizados en relación a los Órganos Internos de Control.
Según el artículo 38, el OIC tiene a su cargo las funciones de contraloría interna, de investigación, calificación y sanción de actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, del Sistema Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Es decir, los OIC son un control que garantiza la aplicación de las políticas y las normas que deben de seguir los funcionarios públicos, las paramunicipales y los OPD, por lo cual, desaparecerlos, es anticonstitucional, explica Mojica López.
“Cualquier organismo que maneje recursos públicos, debiera de contar con sus OIC, esto primero que nada para abonar a la transparencia y la efectividad de los mismos funcionarios que hacen uso de los recursos públicos, pero también sería inconstitucional desaparecerlos porque su existencia obedece a un mandato precisamente de la Constitución del Estado de Sinaloa”.
Y luego de la sesión del 30 de enero, este poder recaerá ahora en un solo funcionario. Es Fernando Basilio Torres Gómez, quien rindió protesta en sesión de Cabildo el 15 de octubre pasado, en sustitución de Silvia González Urquiza. El cargo lo ocupará por tres años.
El argumento, según explicó el propio alcalde Jesús Estrada Ferreiro, es adelgazar la nómina de la comuna, la cual para el presupuesto de egresos de este año tiene destinado el 77.61 por ciento de 3 mil 350 millones de pesos para burocracia y operatividad.
Incluso, señaló, que en muchos casos los OIC no han sido instalados. Y sin embargo esta política es errónea. Según Francisco Mojica, los OIC en Paramunicipales y OPD deberían, en lugar de desaparecer, verse fortalecidos.
“Entonces aquí primero que nada resaltar la gravedad de no querer manejar OIC, implementarlos, apoyarlos y esperar a que estos puedan ser evaluados, ya que algunos órganos aún ni siquiera han tenido oportunidad de dar resultados”.
El primer presidente del CPC del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción explicó además que aunque siempre es tema de presupuesto, va a ser un tema muy complejo y delicado, ya que es importante explicar que los OIC deben ser considerados como parte fundamental de la estructura de la lucha contra la corrupción.
“Y algunas veces los municipios están dejando de lado el ser un poco más creativos en función de trabajar con el menos personal posible e intentar ser más eficaces. Entonces la parte fácil es recorto, recorto y recorto, y ahí es donde se ve la voluntad de los alcaldes para poder fortalecer el discurso que han venido dando.
“Entonces yo entendería que el discurso dado por el alcalde de Culiacán en función de la lucha contra la corrupción, no se está integrando debidamente a los OIC como uno de los actores principales para lograr los objetivos”, señaló.
Durante la sesión, la síndica procuradora Sandra Martos Lara se enfrascó en un debate con el alcalde Estrada Ferreiro derivado de esta disposición. Señaló que se le están quitando facultades a su cargo. Durante su intervención, rememoró la sesión en que se le rindió protesta al actual contralor interno.
La funcionaria señaló que en repetidas ocasiones se le ha solicitado, entre otras cosas, un informe que incluya el estado actual de asuntos que guardan los expedientes a su cargo, agregando también distintas quejas de injusticias que se han cometido en la dependencia a su cargo. Y de esos informes alega no tener nada. Ante ello, Martos Lara sospecha de un acuerdo entre administraciones.
“Qué lamentable sería que hubiese habido un acuerdo entre ambas administraciones, la saliente y la entrante, es un tema importantísimo lo que representa el OIC. No podemos pensar que no nos corresponde a cada uno de los miembros del Cabildo, tenemos que razonar esta situación y tomar en cuenta qué es lo que queremos demostrar a los culiacanenses, a la gente que ha confiado en nosotros”.
Y la conclusión por parte de Francisco Mojica es que, no solamente no se ha enfocado a los OIC como parte todavía de una estructura interna de un organismo público, sino que aún no se alcanza a dimensionar la relevancia de estos.
“No hemos llegado a dimensionar la importancia de un OIC y no lo hemos llegado a visualizar como un ente externo al organismo que a ellos les toca auditar, revisar y controlar. Por tal motivo aquí consideramos que es fundamental que cada una de las estructuras gubernamentales, sea autónoma o no sea autónoma, deben de cumplir con la Constitución y tener su OIC”, dijo.
Artículo publicado el 3 de febrero de 2019 en la edición 836 del semanario Ríodoce.
