‘El machete’ legislativo de Morena en el Congreso local

PRESIÓN. Para aprobar acuerdos.                          

Actuarán en Planta de amoniaco, permutas en Ahome y reformas a las leyes de obras públicas y agua potable

Así como define la Real Academia Española al machete, como un cuchillo grande con hoja ancha, para cortar ramas y abrirse paso, el Grupo Parlamentario de Morena ha usado su mayoría para sacar adelante acuerdos pese a las posiciones contrarias, generalmente del PRI y del PAN.

Los dos últimos temas polémicos han sido la construcción de la Planta de Amoníaco en Topolobampo y una permuta de terrenos del Ayuntamiento de Ahome, y ya alista reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, ésta última para transparentar y aumentar la fiscalización de los planes anuales de obra pública.

Ya en las sesiones anteriores logró avanzar, pese a las resistencias, en aprobar un plan de austeridad para el último trimestre del presente año. Por unanimidad logró que se aprobara un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que auditara a la anterior Legislatura; y también con el voto de todos los grupos parlamentarios, sacó adelante un punto de acuerdo para darle seguimiento a la auditoría practicada al ISSSTESIN.

 

La polémica planta de amoniaco

Por mayoría, el Congreso del Estado, aprobó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspenda en forma definitiva la construcción de la Planta de Amoniaco en Topolobampo.

Inicialmente el Grupo Parlamentario del PAN había trabajado en una propuesta para que se integrara una comisión especial plural para analizar la problemática social derivada de las autorizaciones para construir y operar la planta de amoniaco, así como para conocer las bases y fundamentos para el otorgamiento de los permisos y estudios de riesgo y viabilidad.

El diputado de Morena Jesús Palestino Carrera recordó que el proyecto de la planta de amoniaco inició y fue promovido durante el sexenio del gobernador Mario López Valdez, con un costo inicial de mil millones de pesos, pero que creció a 5 millones de pesos.

El diputado argumentó que la planta es una fábrica de sustancias químicas altamente riesgosas, que se construye a pesar incluso de que el Senado ya había acordado requerir a la Semarnat la suspensión, además de solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dar cumplimiento a la protección federal que el Juzgado Segundo de Distrito le había otorgado a pescadores del norte de Sinaloa.

Expuso que lo anterior se sumó la resolución del juicio de amparo emitido el 16 de octubre del presente año, en donde el Juzgado Sexto de Distrito ordenó la suspensión provisional de la construcción de la planta, ahora en respuesta al reclamo de comunidades indígenas del norte de Sinaloa, bajo el argumento de que fueron violentadas en su derecho de ser consultadas sobre el proyecto de inversión.

 

Las permutas en Ahome 

Aunque fue el Grupo Parlamentario del PAN en la anterior Legislatura quien presentó la queja ante la ASE para que se revisara el caso de la permuta de terrenos que realizó el Ayuntamiento de Ahome con el grupo Mezta S.A. de C.V., para la construcción de un parque lineal en Los Mochis, en la actual Legislatura, el líder de la bancada panista Jorge Iván Villalobos no compartió la posición de Morena para que la ASE declarara y determinara los daños y perjuicios causados al erario.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada de Ahome, Cecilia Covarrubias González, acusó que las citadas permutas resultaron desventajosas para el Ayuntamiento de Ahome, calculadas en 92 millones de pesos, porque se permutaron terrenos con todos los servicios por una superficie rústica y en breña.

Recordó que después de dos años de  investigación, la ASE solicitó a finales de septiembre al Ayuntamiento de Ahome se fincaran responsabilidades, pero que el gobierno municipal saliente —de filiación priísta—, concluyó su mandato sin haber atendido la solicitud. Por ello solicitó un punto de acuerdo para pedir a la ASE declare y determine los daños y perjuicios causados al erario del Ayuntamiento de Ahome por la permuta de terrenos.

El diputado panista sostuvo que el punto de acuerdo propuesto por Morena era improcedente porque la ASE ya había determinado que existían violaciones de carácter estatal y municipal, y por ello ya había mandatado al órgano interno de control del Ayuntamiento de Ahome, para que aplicaran la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a quienes hayan cometido irregularidades, sea de forma dolosa, culposa o por negligencia.

El Grupo Parlamentario del PRI aseguró en voz de la diputada Guadalupe Iribe que el caso no estaba cerrado y que el Ayuntamiento de Ahome —ahora en manos de Morena— debiese ser quien resolviera el procedimiento de responsabilidades y sanciones administrativas que se requieran.

Con el voto en contra del PRI, y por mayoría, el punto de acuerdo se resolvió a favor para pedir la intervención de la ASE.

 

Revisar cuentas de exdiputados

Por sospechas en la forma que se ejerció el gasto, los diputados de todos los grupos parlamentarios aprobaron un punto de acuerdo para aplicar una auditoría a la anterior Legislatura, en la cual la mayoría de los diputados fueron del PRI.

La propuesta fue planteada en tribuna por la diputada del Partido Encuentro Social, Karla Montero, quien denunció en tribuna que en una revisión a los estados financieros encontró sobreprecios en el pago a proveedores, además de facturas consecutivas que hace suponer de datos fiscales de empresas que se crearon para vender al Poder Legislativo.

La diputada propuso pedir a la ASE iniciara de forma inmediata una revisión financiera y contable de los recursos públicos ejercidos en la anterior Legislatura.

“La austeridad debe ir de la mano de la transparencia”, aseguró cuando hizo la propuesta.

El Grupo Parlamentario del PRI no se opuso a la realización de la auditoría, pero la diputada Gloria Himelda Félix hizo la observación de que fuera la Auditoría Superior del Estado la instancia que debiese realizarla. El acotamiento fue expresado luego que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, expresara que sería esta comisión quien se haría cargo de la revisión de los gastos de la anterior Legislatura.

El líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edgar González, advirtió entonces que es la ASE en donde se “hacen favores y se cobran facturas”, por lo que la fiscalización no debe limitarse ahí, a la revisión de documentos, sino ampliarla a las observaciones ciudadanas.

 

Reformas en camino

Antes que se apruebe el presupuesto de ingresos y egresos para el 2017, Morena ya prepara reformas a las Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado.

Para este motivo, la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas ya inició los trabajos para dar marcha atrás a las reformas que la Legislatura anterior con mayoría priísta realizó en 2017 y 2018.

Para amparar las contrarreformas, la referida comisión convocó a la realización de un foro de consulta ciudadana. Los objetivos de las modificaciones al marco legal buscan que los programas anuales de obra pública ejercidos por el gobierno estatal y los municipios cumplan con los propósitos de beneficio social del Plan Estatal de Desarrollo.

Las reformas también buscarán que los programas anuales de obra pública se realicen bajo las más estrictas reglas de transparencia, eficiencia y eficacia, para facilitar la fiscalización de la ASE y los testigos sociales.

La convocatoria fue abierta a la sociedad civil, especialmente a las asociaciones y organismos del sector de la construcción.

Los trabajos en que se centrarán los diputados en la reformas es buscar especial cuidado en los proceso de licitación, asignación y fiscalización, con el fin de cuidar la calidad de las obras, la transparencia, activar mecanismos de anticorrupción, y promover la participación ciudadana en la vigilancia y la fiscalización.

El otro punto a incluir en las reformas serán los procesos de planeación, presupuesto y pertinencia de la obra pública, enfocados en contemplar la participación ciudadana en la pertenencia de las obras públicas.

Artículo publicado el 18 de noviembre de 2018 en la edición 825 del semanario Ríodoce.

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