Sólo fue necesario decir que había dinero en una cuenta bancaria a su nombre, listo para entregar. En horas, las filas se reprodujeron por cientos en todo el Estado y la capacidad bancaria fue rebasada. Los casi 30 mil maestros afiliados al SNTE 27 corrieron al banco antes de que el dinero se terminara, mientras la dirigencia sindical ignoraba lo que ocurría.
Salomé Rodríguez Manjarrez, secretario general de la sección 27, envió en días pasados una carta dirigida a Armando Villareal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas, en la que manifiesta su molestia por lo ocurrido el 18 de diciembre.
En el documento, el líder sindical exige que se informe sobre los criterios empleados para asignar el recurso a cada trabajador y advierte de una revisión financiera al procedimiento realizado por el gobierno estatal.
Signado en 1996, los docentes de Sinaloa y el Gobierno del Estado mantenían un convenio para la implementación del Sistema de Ahorro y Préstamo SIAP (CEBE), por medio del cual los profesores podían acceder a préstamos personales con intereses del 9 y 11 por ciento.
El fideicomiso administrado por el Ejecutivo Estatal dejaría de existir el primer día de 2015, a partir de las modificaciones hechas en la reforma hacendaria y con la centralización de la nómina docente en todo el país.
Según explicó Rodríguez Manjarrez, desde agosto pasado, la organización sindical le anunció al gobierno del Estado la intensión de que su dirigencia nacional enviara a un grupo de especialistas para evaluar los estados financieros del fideicomiso.
Además, el SNTE 27 le había insistido a la secretaría de Administración y Finanzas para que les entregara un informe financiero del Sistema de Ahorro y Préstamo, el cual estaba conformado por más de 30 mil trabajadores de la educación.
Mientras la información requerida seguía sin llegar, la organización sindical sostenía pláticas con el Ejecutivo con la intención de buscar otros mecanismos legales para mantener el sistema de ahorro operando.
Pero el 18 de diciembre por la mañana, sin notificación oficial, el gobierno estatal depositó el recurso, que según datos del SNTE asciende a 850 millones de pesos repartidos entre 30 mil trabajadores.
“Yo me entero de manera sorpresiva que están pagando, me lo comunica un compañero supervisor, porque ellos (gobierno) en ningún momento se dirigen con nosotros para notificar. No estamos satisfechos con la forma en que se hizo, en primer lugar queríamos la presencia de la dirigencia nacional para que hiciera una revisión contable”, reclamó el líder sindical.
Rodríguez Manjarrez señaló que la organización sindical desconoce hasta el momento cuáles fueron los criterios o fórmulas matemáticas aplicadas para la asignación del recurso a cada uno de los trabajadores.
“No estoy diciendo con esto que haya alguna irregularidad, no estoy diciendo que haya mano negra ni mucho menos, simplemente que a nosotros nos pareció sorpresiva la forma en que asignaron el recurso”.
Y agregó que “estamos en facultades de poder checar de manera contable lo que se distribuyó, estamos pidiendo también que nos digan cuáles son las fórmulas y criterios que se siguieron para asignar el recurso. Si un trabajador nos pregunta ahorita ¿cuál fue la fórmula?, pues nosotros la desconocemos”.
En el documento enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas, el SNTE 27 se deslinda de cualquier responsabilidad administrativa que pudiera presentarse a partir del finiquito al financiamiento.
Y es que, según detalló el líder sindical, el SNTE 27 no cuenta con una copia del convenio del SIAP, en el cual se establecen los lineamientos del fideicomiso, a pesar de que dicho documento también había sido requerido a la Secretaría de Administración y Finanzas pero no ha sido proporcionado.
“Reiteramos la petición hecha por esta organización con fecha 11 de agosto de 2014, para obtener el convenio del SIAP, sin que hasta el día de hoy hayamos tenido respuesta alguna. Por tal razón nos eximimos de cualquier responsabilidad administrativa que hubiese en un futuro con la forma en que se finiquitó el fideicomiso”, plantea el documento firmado por Rodríguez Manjarrez.
El secretario general indicó que hasta el momento no se han presentado casos de inconformidad entre los docentes, pero sí algunos casos de profesionistas que fueron omitidos en la repartición del recurso.
Ahora el sindicato buscará que se lleve a cabo una auditoría a los números del fideicomiso, aunque éstos ya hayan sido repartidos.
“Lo que sigue es que nos entreguen el convenio para poder verificar que la entrega que se hizo fue apegada a ese convenio, que nuestra dirección nacional tenga contacto con gobierno del Estado para que se hagan las verificaciones contables y se certifique que lo que se entregó es lo correcto y ya, lo otro va a quedar nada más a nivel molestia”, concluyó el líder sindical.
