El juicio contra Joaquín, el Chapo Guzmán, no fue retrasado por motivos políticos ni por la cercanía de las elecciones presidenciales a realizarse en México, sino porque la defensa necesita más tiempo de preparación para enfrentar a la fiscalía estadounidense, que basará su estrategia de ataque en los testimonios de testigos protegidos, señaló Eduardo Balarezo.
“Será difícil porque son soplones que venderían a sus madres con tal de rebajar sus condenas, pero confiamos en que el gobierno de Estados Unidos le preste la misma justicia que recibe alguien que no lleve el nombre del Chapo Guzmán”, sostuvo el abogado que desde hace meses tomó control de la defensa del capo.
Balarezo enfatizó que, al final, su defendido estará dispuesto a enfrentar al gobierno de Estados Unidos, “pase lo que pase”, pues cada acusación que existe en su contra está inflada, y porque es imposible que toda acusación, decomiso, incluso homicidio, se le atribuya a su defendido.
“Se le ha acusado de todo, hasta de homicidio, y el gobierno de Estados Unidos deberá probar cada acusación, y no sólo basar sus señalamientos en testimonios de criminales (testigos protegidos), que con tal de reducir sus condenas serían capaces de lo que sea para salir de prisión”, insistió.
De llegar a los tribunales, el juicio contra Guzmán Loera podría ser histórico, pues la información que salga a la luz pública podría afectar, incluso a funcionarios en funciones, que se cree, formarían parte del grupo que permitió su escape de la cárcel del Altiplano el 11 de julio de 2015, además que se involucrarían a jefes policiales y gobernantes de los tres niveles de gobierno, incluyendo del Estado de Sinaloa.
“En general, no creo que al gobierno de Estados Unidos ni al de México les convenga un juicio, y creo que van a tratar de negociar con él (Chapo), por toda la cloaca de corrupción que se destaparía, y que tendría graves consecuencias”, consideró Ioan Grillo, periodista y escritor.
Agregó: Simplemente en México, puede exponer y hablar sobre mucha de la corrupción de los últimos sexenios, pues las acusaciones que hay en contra de Guzmán Loera datan desde la década de los 80, y ahí son muchos años de corrupción.
“Pero del otro lado de la frontera, la Procuraduría de Estados Unidos quedaría también expuesta, porque expondría las tácticas de las guerras contra las drogas que ese país emprendió desde hace años, y ahí se tendrían que exponer a agentes encubiertos que realizan actividades secretas, pago a informantes, y tratos que hace el gobierno de ese país en México, y que han servido para incrementar la violencia en este país”, sostuvo el escritor británico, entrevistado en Ciudad de México.
O todo o nada
Eduardo Balarezo, el abogado que se aventuró a representar al narcotraficante que el gobierno de Estados Unidos considera “el más peligroso de México”, dijo que su defendido está totalmente decidido a enfrentar a los fiscales de Estados Unidos.
“Es una decisión del señor Guzmán, tenga las consecuencias que tenga, y ante esa determinación nosotros vamos a representarlo hasta las últimas consecuencias”, dijo el abogado a Ríodoce.
Sin embargo, lo que más exige la defensa es que no base sus acusaciones en testimonios de criminales que están dispuestos a lo que sea por reducir sus condenas, que a su vez serían escuchados por un jurado anónimo elegido en secreto por la fiscalía.
“Hay un miembro del jurado que sólo participará si llega armado a la sala de juicio, algo sin precedente en la historia de Estados Unidos, lo cual crearía una atmósfera que mostraría al señor Guzmán como una persona peligrosa y además culpable de todos los delitos de que se le acusa”, consideró Balarezo.
Entre las acusaciones que enfrenta el capo es tráfico de droga, asociación delictuosa, portación ilegal de armas de fuego, y homicidio, ésta última gracias a una ley conocida como extensión territorial, que presentó la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la misma corte donde actualmente se desarrolla su juicio.
No obstante, expertos insisten que el juicio no llegará, sino que es posible que antes lleguen a un acuerdo, como ha ocurrido con los más de 50 narcotraficantes mexicanos que han sido extraditados a Estados Unidos.
“Ninguno de ellos ha sido enjuiciado, pues antes de llegar a juicio, se han declarado culpables en busca de una negociación con los fiscales, que les ayude a reducir sus condenas, y yo opino que así ocurrirá en este caso, porque nadie quiere que exista este juicio”, opinó Grillo.
El último narcotraficante de alto perfil que estuvo en una situación similar, en donde la fecha de juicio se fue aplazando durante años, fue Vicente Zambada Niebla.
Aunque se cree que el hijo de Ismael el Mayo Zambada pudo haberse integrado al programa de testigos protegidos, no se sabe qué ocurrió con su paradero, y su nombre no circula entre los testigos que testificarían contra Guzmán Loera, sino que los nombres que más han salido a la luz son capos colombianos, y los narcotraficantes Pedro y Margarito Flores, con quienes aparentemente el Chapo negociaba.
De acuerdo al último reporte hecho por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juicio contra el capo fue pospuesto hasta septiembre de 2018, luego que el juez Brian Cogan aceptara la petición de la defensa del capo sinaloense de aplazarlo para poder tener el tiempo suficiente para preparar el caso.
De realizarse el juicio y ser encontrado culpable, el Chapo podría alcanzar cadena perpetua.
Artículo publicado el 28 de enero de 2018 en la edición 783 del semanario Ríodoce.
