El afán de complacer

CABILDO (7)

 

 

 

Juan Millán, Francisco Labastida, Malova, y el culto a la personalidad

 

Este sexenio, la adulación a políticos transgredió leyes. El afán de complacencia llevó a las administraciones municipales de Aarón Rivas Loaiza y Sergio Torres Félix a designar con nombres de políticos recientes a vialidades y otros bienes públicos de Culiacán.

 

La infraestructura de la ciudad sirvió para agasajar a políticos con la perpetuidad de sus nombres, como deportivo Juan S. Millán —antes parque Revolución—, avenida Francisco Labastida Ochoa, bulevar Malova, parques públicos Jorge del Rincón y Sadol Osorio Salcido.

 

Estas designaciones violan el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán, que en su capítulo IV referente a la nomenclatura señala en el artículo 33: “No podrá imponerse a las vialidades y demás sitios públicos municipales los nombres de personas que desempeñan funciones municipales, estatales o federales, ni de sus cónyuges o parientes hasta en segundo grado, durante el periodo de su gestión y un período posterior”.

 

Aun así, el 15 de enero de 2015, el Cabildo de Culiacán aprobó cambiar el nombre al bulevar Diego Valadez Ríos —de la plaza Forum a la Limita, a lo largo del malecón nuevo—, por el de Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de la entidad (1987—1992). Su hijo Francisco Labastida Gómez ocupa el cargo de Coordinador General de Proyectos Estratégicos en el gobierno estatal.

 

A fines de 2013, el gobernador Mario López Valdez (Malova) cortó el listón del reinaugurado gimnasio “Revolución”, al que rebautizaron con el nombre Juan S. Millán, ex gobernador de la entidad (1999—2004), cuyo hijo, Juan Ernesto Millán Pietsch, es secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno del Estado.

 

Un año después, el 8 de diciembre de 2014, Malova inauguró en Guasave un tramo de bulevar también con el nombre de Juan S. Millán. En el evento, el ejecutivo estatal trató de complacer al ex mandatario: “No sé cuántas veces pudiera haber estado un gobernador con un ex gobernador en Guasave… Yo creo que no había habido un caso, y donde se honrara al ex gobernador”.

 

El 19 de diciembre de 2013, justo antes de dejar el cargo, el entonces alcalde Aarón Rivas Loaiza —actual Secretario de Desarrollo Económico— impuso nombrar Bulevar Malova a la ampliación del bulevar Rolando Arjona, en el tramo que va del entronque de la avenida Lola Beltrán —en la Universidad de Occidente— hasta la carretera México 15, en la salida norte.

 

El Reglamento de Construcciones de Culiacán agrega que: “Para efectos de una mejor Planeación de la Ciudad, los corredores urbanos y de transporte y las vialidades primarias deberán conservar el mismo nombre desde su nacimiento hasta su conclusión”.

 

Aunque el artículo 32 del mencionado reglamento menciona que “la asignación y cambio de nomenclatura se autorizará en los casos en que se demuestre un evidente beneficio para los habitantes del territorio municipal, haciéndose del conocimiento de los interesados oportunamente”, éstas no se informaron “oportunamente” a quienes habitan y tienen comercios en las mencionadas vías.

 

“Ni siquiera nos informaron”, señalaron comerciantes y habitantes de las vías públicas mencionadas cuestionados por este semanario.

 

En medio de esta tendencia se encuentra el estadio General Ángel Flores, al que se le pretende cambiar el nombre por la marca que pague más al extinto empresario Juan Manuel Ley López, concesionario del inmueble por 25 años.

 

Groseros e ingratos

 

En relación al cambio de nombre del bulevar Diego Valadez por el de Francisco Labastida, el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda dijo que “esta medida se presta a una lectura de naturaleza política: al hecho de quedar bien con alguien, teniendo en mente otro tipo de intereses ajenos a los de la sociedad”.

 

El diputado local señaló que el hecho de que los gobernantes de la ciudad decidan retirarle dicha distinción al doctor Diego Valadez Ríos, “nos hace ver como un pueblo grosero e ingrato”.

 

Argumentó que “todos esos comercios se verían obligados a hacer engorrosos y costosos trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cambiar su dirección fiscal y notificar a todos sus proveedores, además de todas las molestias que un cambio de esa naturaleza genera; los dueños de las casas habitación tendrían que hacer lo propio en cuanto a la escrituración, testamentos, etcétera”.

 

ENGARZADA….

 

Fotos:             solicitud 5, 2, 3          Documentando el proceso.

 

La accidentada búsqueda de información

 

Pasos para la deserción

 

Quisimos saber e informar quiénes integran el Consejo Municipal de Nomenclatura de Culiacán (CMNC) y bajo que criterios nombran y cambian nombres a las vías públicas.

 

Realizamos una solicitud de información, vía Infomex, en la que pedimos al Ayuntamiento de Culiacán la lista de los miembros del referido Consejo, sus respectivos cargos, las resoluciones acordadas en cada una de sus sesiones y otros datos complementarios.

 

La solicitud se envió el 6 de octubre de 2014 con el número de folio 00538815, y el sistema Infomex indicó un plazo de 10 días hábiles para responderla.

 

El primer contratiempo ocurrió en los días subsecuentes, cuando no pudimos entrar a la página web de Infomex Sinaloa para darle seguimiento a la solicitud. El sistema marcaba que la contraseña y la pregunta secreta eran incorrectas. Hablamos a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), desde donde desbloquearon la cuenta para poder ingresar.

 

El día límite para la respuesta, 20 de octubre, el Ayuntamiento informa vía Infomex: “El martes 26 de agosto es la fecha en que se instaló el actual Consejo Municipal de Nomenclatura de Culiacán”; anexa un listado de nombres de los integrantes, y comunica que “la demás información es inexistente y no se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Asuntos de Cabildo”.

 

Debido a la respuesta incompleta, el 22 de octubre tramitamos un recurso de revisión, el RR00028315, —el procedimiento se sigue en la misma página oficial—, a fin de que nos proporcionaran la información faltante: cargos de los integrantes del CMN, fechas de las asambleas y acuerdos tomados, así como miembros de los tres últimos Consejos. El plazo límite para la respuesta fue el 20 de noviembre (20 días hábiles).

 

El 5 de noviembre, en el correo indicado en la solicitud de información, nos llegó un archivo del Ayuntamiento de Culiacán titulado “Informe justificado” (Oficio 1340/230/15), firmado por Fernando Ruiz Martínez, coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del municipio de Culiacán.

 

En él se señala que “una vez analizados los argumentos de impugnación… el suscrito Coordinador justiprecia que los aspectos impugnativos NO SON JURÍDICAMENTE CIERTOS…”

 

Indica que “la Dirección de Asuntos de Cabildo SI DIO RESPUESTA a la solicitud inicial… ya que después de efectuar una exhaustiva revisión de los archivos de la dependencia pública Municipal en comento, se le informó al solicitante que la información solicitada no se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección de Asuntos de Cabildo”. Es decir, la respuesta fue que la información no se tenía.

 

En ese mismo documento, el regidor Raúl Gasca Cervantes, secretario técnico del CMN amplía la información, también “con el propósito de abonar a la transparencia”: en el Consejo “los puestos son honoríficos… la fecha de reunión es el segundo jueves de cada mes, siempre y cuando haya proyecto para revisión y/o análisis, a las 8:00 horas en el salón del hotel San Marcos que nos asignen, en el centro de la ciudad…”

 

Sobre las minutas del CMN, el escrito indica que “se ponen a disposición de la hoy recurrente, copia de la mencionada documental pública, misma que consta de 44 hojas útiles… LE COMUNICO que la información genera derechos de cobro municipal, comentándole que cada hoja tiene un costo unitario de 3 pesos 505/100 M.N.)… este concepto de ingreso podría generar impuestos adicionales por el 5% (pro—alfabetización), 5% (pro—hospital civil) y 15% (pro—mejoras materiales)… para la entrega de la información en comento se deberá cubrir dicho pago en las cajas recaudadoras del H. Ayuntamiento de Culiacán…”

 

Consultamos el sistema Infomex, ya que la CEAIPES señala (en el acuse de recibo del recurso interpuesto) que “las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a su solicitud, se pondrán a su disposición a través del presente sistema de solicitudes de información electrónica” y que los usuarios “están obligados a consultarlo para darles seguimiento”. Sin embargo, la petición seguía “en proceso”.

 

Y así permaneció hasta el 20 de noviembre, fecha de vencimiento para la respuesta. Hablamos de nuevo a la CEAIPES y nos comentaron que ya estaban por resolver el recurso. Nos indicaron que no fuéramos por la información ofrecida por el Ayuntamiento hasta que los consejeros dictaran su resolución final. Entró diciembre con las vacaciones de navidad y año nuevo; enero con su día de reyes… y el sistema seguía sin respuesta.

 

El 7 de enero hablamos de nuevo a la CEAIPES, en donde nos notificaron que el recurso de revisión se había resuelto en el mismo sentido en que establecía el Ayuntamiento y que fuéramos por la información. Ese mismo día se subió a la página de Infomex la resolución del organismo.

 

—¿A qué precio van a salir las copias? —se les preguntó.

—Al nuevo, de acuerdo con la reforma-

 

(El 9 de diciembre de 2015 se publicó en el diario oficial El Estado de Sinaloa (decreto 436) la reforma al artículo 90—D de la Ley de Hacienda Municipal, donde se especifica la gratuidad de las primeras 20 hojas y el costo de .05 centavos de las hojas que pasen de 20. Además, el artículo 14 constitucional establece que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna).

 

El 12 de enero acudimos a la Coordinación de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento —en un edificio contiguo al Palacio Municipal— para la entrega de información. Ahí, el coordinador Ruiz Martínez, previo a exigirnos la credencial de elector y sacarle copia fotostática, nos hizo entrega de un oficio (fechado el 5 de noviembre de 2015 y no el 12 de enero) con el cual tendríamos que dirigirnos a la Caja General de Palacio Municipal para pagar el costo.

 

—Por qué el oficio está fechado el 5 de noviembre si hoy es 12 de enero?

—Es que nosotros ya lo teníamos elaborado desde que se te envió el informe al correo, pudiste haber venido por la información ya…

 

—Si, pero había un recurso de revisión en proceso por la CEAIPES, ahí nos dijeron que debíamos esperar a que resolvieran.

—Es que nosotros nos adelantamos lo que pudo haber pasado, eso fue lo que pasó.

 

—Pero no pueden adelantarse sin haber una resolución final de la CEAIPES, ¿o sí?

—Sí, sí se puede.

 

—Si lo hubieran hecho de acuerdo al mecanismo de la CEAIPES, hubiera sido menor el costo de las copias, porque ya está en vigor una reforma que bajó el precio.

—Lo que pasa es que en la resolución la CEAIPES no nos dice que le cobremos el nuevo costo.

 

—¿Les tiene que decir la CEAIPES?

—Sí nos tiene que decir, y sólo nos notificó ponle a disposición la información a como tú la pusiste en el informe, si nos hubiera dicho ponla a disposición con el cobro de acuerdo a los nuevos términos de la ley, pues le hubiéramos cambiado.

 

—Leí la resolución y en ningún punto dice eso, más bien creo que lo deja a criterio de ustedes…

—Si tiene alguna queja, pues ahí está la CEAIPES.

 

—Bueno, en cuanto a la fecha, quisiera quedara asentado que este oficio me lo entregó hoy y no hace más de dos meses.

—ahí tiene la fecha ¿no?

 

—Si pero está fechado el 5 de noviembre y yo la estoy recibiendo el 12 de enero, quisiera una firma del responsable.

—La firma del responsable aquí está, el 5 de noviembre.

 

—Sí, pero hoy no es 5 de noviembre.

—Bueno, póngale con el sello la fecha de hoy –le dice a la asistente—.

 

—¿Y para cuando puedo venir por la información?

— Yo hago el oficio para solicitar la información para que me la traigan, ojalá y para el jueves o viernes ya la tengamos.

 

Oficio en mano, acudimos a la caja general, de donde nos enviaron a otra caja especial, en donde luego de la respectiva fila, la cajera dijo no saber cuál era el costo. Nos envió a otra oficina, un piso arriba, con la licenciada Claudia Rubio, quien hizo números en su calculadora, sumó los impuestos respectivos, y nos anotó en la misma hoja la cifra final: 201 pesos.

 

Regresamos a pagar la cantidad a la caja especial. Luego llevamos el recibo a la coordinación, en el edificio de al lado. Ahí, Ruiz Martínez nos comunicó que tramitarían la entrega de información y nos pidió un número de teléfono celular para contactarnos. Le comentamos que nos avisara por el correo electrónico anexo a la solicitud. En las diferentes filas para pagar y en el ir y venir de oficinas transcurrieron tres horas.

 

Al día siguiente, un mensaje Urgente por correo: “Le pido de favor se comunique a esta oficina, referente a la información que se le cobró”. Vía telefónica nos dijeron que hubo un error en el cobro. Que de acuerdo a las modificaciones de ley, el costo total es de 8 pesos.

 

El 14 de enero un nuevo correo nos informaba que la información estaba lista y podíamos pasar a recogerla a las oficinas de la Coordinación municipal. El tiempo total desde la petición de información hasta la respuesta: 3 meses con 8 días.

 

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